Rehenes de la baja política

Los vaivenes ocurridos con los horarios del llamado Fútbol para Todos son quizás un símbolo de lo que el gobierno nacional exhibe de manera cada vez más desembozada. Es cierto que aquel lema tuvo su atractivo y que la política de llevar la televisación del fútbol a todos los hogares recibió seguramente el beneplácito de una mayoría de habitantes. Pero la posterior utilización de esta herramienta para restarle audiencia a un programa televisivo que no cuenta con la simpatía del Gobierno nos hace repensar si se está ante una política realmente "para todos", cuando es evidente que se desatienden los graves perjuicios de quienes concurren a una cancha de fútbol, con partidos que concluyen a altas horas, sin la adecuada seguridad ni medios de transporte disponibles. Ello, sin contar con el frío propio de las noches de invierno y la inconveniencia de acostarse realmente tarde, en vísperas de un día laborable. Llevar a un hijo menor a la cancha en estas condiciones se convierte en una aventura desagradable y riesgosa.

Es también cuestionable que resulten "para todos" las reformas que el Gobierno, con sus mayorías en el Congreso, forzó en su declamado intento de "democratizar la Justicia". Los críticos han explicado convincentemente que la existencia de más tribunales de apelaciones sólo servirá para eternizar los procesos judiciales. A su vez, los ciudadanos perjudicados por medidas gubernamentales no tendrán ya herramientas aptas en razón de las limitaciones a las llamadas "medidas cautelares" y, por último, la politización para la elección de quienes deben designar jueces (los miembros del Consejo de la Magistratura) espantará a aquellos magistrados, profesionales y académicos que, comprensiblemente, entienden que la Justicia y la política son criaturas que es muy inconveniente que convivan bajo un mismo techo.

Es que, bien pensado, da la impresión de que nuestros gobernantes se comportan como administradores de un consorcio que, bajo consignas de "bien común", administra los recursos creando divisiones entre los mismos consorcistas, al darles, por ejemplo, a algunos el agua caliente que a otros se les niega, si con esa política terminan siendo más los que apoyan la gestión que los que la critican. La política del gobierno nacional de acudir en apoyo de los gobiernos provinciales afines a su credo, cuando al mismo tiempo se ahoga financieramente a los "rebeldes" o a quienes simplemente no exhiben el grado de sumisión requerido, muestra que la metáfora del consorcio y el agua caliente "para algunos", no resulta algo tan disparatado.

Y para concluir con estas analogías, es evidente que la irritación de los consorcistas afectados por tales muestras de destrato alcanzará niveles ya de escándalo si se sospecha que el dinero de las expensas ha pasado a engrosar sin control alguno el bolsillo de los mismos administradores o de operarios amigos contratados para su común enriquecimiento.