Acaba de producirse el nombramiento de Ignacio Rodríguez Varela como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. La noticia podrá parecer intrascendente para quienes no conozcan los antecedentes de este caso, al que uno de nuestros lectores calificó, con razón, de "reparación histórica".
La primera vez que nos referimos a la larga persecución ideológica sufrida por Rodríguez Varela por la mera portación de apellido -su padre fue ministro de Justicia durante el gobierno militar- fue en 2013. En un editorial titulado "Discriminado por portación de apellido", denunciábamos que había sido ternado nueve veces, y clasificado en el primer puesto en seis de esas ternas. Pero nunca fue nombrado. Peor aún, también advertimos ese año sobre la arbitraria disolución de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), dirigida por Rodríguez Varela, y la forzada diáspora de su equipo de investigadores, reos todos para la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó del crimen de investigar la "ruta del dinero K".
En 2015, volvimos sobre el tema, que ya en ese entonces resultaba escandaloso, pues el funcionario se había presentado en todos los concursos de fiscales o jueces, nacionales y federales, y había alcanzado el primer puesto en la mayoría de ellos. Indefectiblemente otros eran los nombrados. Recurrió a la Justicia, donde una sentencia reconoció que fue proscripto, pero no podía anularse el último concurso objetado. Finalmente, en 2016 denunciamos nuevamente esta proscripción, extendida al tiempo del cambio de gobierno a 35 ternas en todos los fueros e instancias penales, y reclamamos que se respetara el principio de idoneidad.
Para eliminar la grieta y sanar la profunda herida abierta entre los argentinos, es necesario reparar este tipo de proscripciones por filiación o venganza, que ignoran las disposiciones constitucionales sobre la igualdad de los ciudadanos para acceder a los cargos públicos. ¿De qué sirven los concursos si el dedo ideologizado, partidista o revanchista decide por sobre el mérito?
En el fondo de la cuestión subyace también una concepción peyorativa de la Justicia, que ha conducido a la lamentable situación actual. Se razona así: no debe ser juez el mejor candidato, sino el que me responda política o ideológicamente. No interesa tener una Justicia de calidad, sino una Justicia adicta, obediente, sumisa, capaz de "cajonear", postergar, y desde luego, nunca cuestionar al gobierno que la nombró.
Mientras los concursos no sean serios, no habrá posibilidad de que lleguen los mejores. La Justicia continuará así con su mala imagen.
A pesar del resentido voto negativo con el que Cristina Kirchner y sus senadores se opusieron al acuerdo, sin mediar fundamentos ni impugnaciones, confesando así la proscripción, el nombramiento de Rodríguez Varela no solo repara una gravísima y prolongada injusticia, sino que augura una esperanza respecto de futuras designaciones judiciales.
