San Luis sigue esperando justicia

Según el libro Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James Robinson, el deterioro de la calidad de vida de la sociedad está íntimamente ligado al subdesarrollo institucional del país. Hay muchas maneras de lograr que una nación debilite su esquema institucional y degrade el sistema republicano. Una fórmula efectiva es anular la división de poderes, como sucedió en la provincia de San Luis, donde se montó una temeraria estructura que sometió al Poder Judicial a la voluntad y al chantaje del Poder Ejecutivo en manos de Adolfo y de Alberto Rodríguez Saá, quienes llevan más de tres décadas al frente del feudo puntano.

Como informó en su momento la nacion, ese chantaje era un secreto a voces hasta que, en abril de 2005, una funcionaria judicial denunció que tanto para ingresar en el Poder Judicial como para obtener ascensos, los postulantes a la magistratura o los funcionarios judiciales en ejercicio debían pasar previamente por un despacho de la Casa de Gobierno provincial, donde eran intimados a firmar notas de renuncia con la fecha en blanco. Todas ellas, con idéntico texto: poner a disposición del gobernador su renuncia indeclinable al cargo con el que habían sido honrados. Y todas con el mismo objeto: coartar la independencia judicial y poner en manos del gobierno otro instrumento que le permitiera, tan solo completando la fecha, separar del cargo a jueces y fiscales que se apartaran de la voluntad gubernamental.

La maniobra era desplegada desde el Ministerio de Legalidad y Relaciones Institucionales del gobierno provincial, lugar al cual los postulantes eran convocados para cumplir con el requisito de renunciar antes de ser nombrados, condición impuesta para que los pliegos fueran girados a la Legislatura con el fin de obtener el acuerdo del Senado.

La denuncia se promovió ante la Justicia Federal y se centró en 11 magistrados provinciales camaristas penales, fiscales de cámara y jueces de diversos fueros que habían sido nombrados bajo esas vergonzosas condiciones. En la actualidad, la mayoría de ellos aún se encuentra en funciones.

La investigación llevada adelante por el juez federal de San Luis de ese entonces, Carlos Villegas, comprobó fehacientemente la utilización de la referida metodología basada en hacer firmar renuncias en blanco y se procesó por el delito de coacción agravada a Sergio Freixes, el entonces cáustico ministro, precisamente de Legalidad y Relaciones Institucionales, y al viceministro Mario Zavala. Freixes fue senador provincial, cargo que acaba de dejar para asumir como flamante ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, nombrado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Pese a todos los planteos de la defensa de los funcionarios acusados con los que se intentó trasladar la causa a la Justicia provincial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la competencia federal y, habiendo transcurrido ya más de 12 años de presentada la denuncia, se debe fijar fecha para el juicio oral y público.

En diciembre último, el tribunal oral que tendrá a cargo el juzgamiento de los acusados, integrado por los jueces de los tribunales federales de Mendoza Roberto Naciff, Juan Antonio González Macías y Fátima Ruiz López, recibió un amicus curiae de la Fundación Poder Ciudadano. En el escrito se explica la relevancia del caso: "La figura del amicus curiae permite que terceros ajenos a un proceso brinden opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución final. Este tipo de intervención ayuda a mejorar el nivel de transparencia en los procesos judiciales, eleva el nivel de discusión y abre el debate de la temática en litigio, especialmente en casos como el presente, donde se encuentra comprometido el interés público".

La trascendencia de este proceso también había sido considerada por la organización Transparencia Internacional, que lo incluyó en su Informe Global de la Corrupción 2007: Sistemas Judiciales como uno de los hechos más emblemáticos en el ámbito judicial. Queda claro entonces que la gravedad del caso amerita el inmediato establecimiento de una fecha de inicio del juicio oral para echar definitivamente luz sobre uno de los espisodios más oscuros y burdos de sometimiento de un Poder Judicial.

En los casos de interés público que afectan a toda una sociedad, y esta causa indudablemente se encuadra en esa categoría, una Justicia lenta no hace otra cosa que perpetuar la debilidad de las instituciones y la vulnerabilidad del sistema republicano. Si esa situación no se revierte, no debería descartarse una intervención al Poder Judicial provincial, del que se ha apropiado, también como un apéndice de los Rodríguez Saá.

La total perversión del modelo que exige documentar una renuncia anticipada como condición para asignar un cargo en el Poder Judicial permite eludir, precisamente, la obligación de impartir justicia. Hasta tanto se celebre el juicio oral, la población puntana ha quedado presa de tan anómala como insostenible situación.