Editorial I. Sanear la política

LA afirmación del juez federal Carlos Liporaci acerca de que existen indicios graves y concordantes de que se pagaron sobornos a senadores nacionales para que dieran su voto favorable al proyecto de ley de reforma laboral demuestra que las denuncias de que se fue haciendo eco el periodismo en los últimos días no estaban descaminadas.

Frente a esa manifestación pública del magistrado -que, además, ha pedido a la Cámara alta el desafuero de ocho de sus miembros- termina de desmoronarse la osada exposición del titular del bloque justicialista de ese cuerpo,AugustoAlasino, que anteayer pretendió poner en duda la veracidad de las informaciones periodísticas sobre el tema y hasta las atribuyó a un supuesto operativo destinado a desestabilizar al presidente de la República.

El endeble alegato de Alasino -que llegó a decir que una entrevista publicada por La Nación había sido "inventada" y no vaciló en definirla como un "anónimo más"- adquiere ahora, ante el cariz que ha tomado la investigación judicial, un inocultable patetismo. La misma impresión produce, a estas alturas de los hechos, el comunicado suscripto por el conjunto de los integrantes del bloque senatorial peronista, que avaló la rebuscada e insostenible teoría de que el escándalo desatado en el Congreso responde a una campaña destinada a socavar la posición del jefe del Estado.

En ese mismo comunicado se afirmó que todos y cada uno de los miembros del bloque justicialista "se han puesto a disposición de la Justicia, con allanamiento de fueros, a los fines de que se realice la más exhaustiva y amplia investigación judicial". Ahora que el juez ha pedido el desafuero de un grupo de legisladores, se presenta una excelente oportunidad para que los firmantes del comunicado concreten ese gesto y se despojen de sus inmunidades parlamentarias. El país espera que actúen de esa manera y que la investigación judicial no tropiece con ningún obstáculo basado en la subsistencia de ese irritativo privilegio.

La opinión pública ya no abriga dudas acerca de quién produjo informaciones veraces y quién propaló "invenciones". Atribuir el bochornoso proceso que se está viviendo en la Argentina a una misteriosa conspiración contra el presidente de la Nación es, en el contexto actual, proponerle al país una suerte de fábula o relato de "fantaciencia".

Pero lo grave no es ese ir y y venir de fabulaciones, falsas desmentidas y reiteradas contradicciones. Lo grave es la desoladora consecuencia moral de los indicios "graves y concordantes" que el juez admite haber reunido. Si es cierto que la corrupción se ha instalado en una corporación venerable, pieza principalísima del sistema constitucional adoptado por la Argentina desde los orígenes mismos de su organización republicana, ¿cuál es el ejemplo que se transmite desde lo alto de las magistraturas públicas al conjunto de la comunidad?

Ese es el trasfondo desolado y desmoralizador del episodio grotesco que se está desenvolviendo en la República a medida que se corporiza la evidencia de que en el Congreso de la Nación, el templo laico de las leyes, algunos legisladores cotizan su voto al mejor postor.

Que el hecho desdoroso a que asiste el país sea el punto de partida de una renovación de procedimientos que purifique la política. Y que los responsables de tanta indignidad, tanto en el Poder Legislativo como en el poder administrador, afronten la sanción de la que se han hecho merecedores.

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