¿Se propone Kirchner cambiar la Constitución?

Joaquín Morales Solá
(0)
20 de agosto de 2006  

Es probable que la Iglesia haya iniciado una batalla por la Constitución nacional. El duro enfrentamiento entre el obispo Joaquín Piña y el gobernador Carlos Rovira, en Misiones, no podría explicarse sólo como un conflicto por la reforma de la Constitución de esa provincia.

La Iglesia pondera que se trata sólo de un mensaje institucional. Sin embargo, la pregunta más importante se refiere a si es un mensaje o una advertencia. ¿Sospechan acaso los obispos que Kirchner podría intentar una reforma de la Constitución luego de una eventual gran victoria en las presidenciales del próximo año?

Piña es un jesuita que pertenece al sector mayoritariamente centrista de los obispos argentinos; siempre respetó la estructura vertical de la Iglesia. El líder más importante de la Iglesia, el cardenal Jorge Bergoglio, otro jesuita, bendijo la decisión de Piña de frenar la reforma constitucional de Misiones, que apunta a asegurar la reelección del gobernador. Adelante, le respondió, cuando Piña le contó su proyecto.

¿Decidió la Iglesia meterse en el fárrago de la política? Lo de Piña no es una oposición política ni partidaria; es una posición en defensa de las instituciones. No vean más allá, precisaron muy cerca de Bergoglio. Piña es candidato a convencional constituyente en nombre de la oposición, que quiere impedir que el gobernador Rovira, un aliado incondicional de Kirchner, consiga la reelección en Misiones. Piña nunca hubiera sido candidato político para un cargo ejecutivo o legislativo, no al menos con la aprobación de la jerarquía religiosa.

Pero la Iglesia participó de todas las convenciones de la Nación desde la construcción de la Argentina: en la Junta de Mayo de 1810, en el Congreso de Tucumán de 1816, en la Asamblea Constituyente de 1853 y hasta fue veedora de la Constituyente de 1994 que reformó la Carta de 1853. Bergoglio suele decir que la argentinidad está esencialmente inscripta en su historia, en sus instituciones y en su Constitución.

Y esas instituciones están en riesgo -subrayan los obispos- no sólo por la ofensiva sin tregua del oficialismo, sino también por la ausencia de una oposición eficaz. El diagnóstico no carece de veracidad. Tómenlo como un mensaje en defensa de las instituciones , se escuchó decir muy cerca de Bergoglio.

El rol de la Iglesia

¿Existe información veraz sobre un proyecto de reforma de la Constitución nacional? Bergoglio es un cardenal bien informado. Nunca ha conversado a solas con Kirchner, pero no son pocos los funcionarios que frecuentan su confesionario.

La línea política de Bergoglio es clara y tenaz: la Iglesia debe denunciar la desigualdad social, defender los valores institucionales y preservar su independencia del gobierno.

El amplio sector centrista que lidera ha hecho varias autocríticas por la cercanía de la Iglesia con la última dictadura militar. La Iglesia no puede estar otra vez cerca de los gobiernos ni lejos de las instituciones , explican los que conversan con el cardenal. La Iglesia está preocupada.

¡Es un disparate! Kirchner nunca planteará la reelección indefinida, porque la sociedad lo vincularía con los métodos de Menem , replican al costado del Presidente.

Todo es relativo. Es cierto, por ejemplo, que son asiduas las críticas de Kirchner a la reforma constitucional de 1994. Incluso, alguna vez el Presidente le deslizó esas críticas al propio Alfonsín, pero éste rechazó cualquier cuestionamiento a aquella reforma.

Síntomas de reformismo

Era mejor la Constitución de 1853 , acostumbra a contraponer Kirchner. La Constitución de 1853 fijaba seis años de mandato presidencial sin posibilidad de reelección consecutiva. ¿Un próximo mandato de Kirchner podría ser de seis años si hubiera una reforma para reinstalar la vieja Constitución? Es lo que barruntan sectores de la oposición. Les falta un dato inmodificable: Kirchner no será candidato el próximo año. La afirmación pertenece a uno de los ministros con más fácil y frecuente acceso a Kirchner y a su intimidad.

Las categóricas afirmaciones antirreformistas del oficialismo ceden rápidamente. O, más bien, se limitan a señalar que no habrá modificación de la cláusula de la reelección, pero la dirección del viento se convierte luego en francamente reformista. La Constitución de 1994 debe ser revisada , repiten en la cima del Gobierno.

¿Qué debe ser revisado? Las objeciones abarcan la redacción de las atribuciones del jefe de Gabinete, de la Auditoría General de la Nación, de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y del Consejo de la Magistratura. No habría, entonces, sólo una reinstalación de la vieja Constitución, sino otra reforma.

Todo es perfectible, pero el Gobierno mejoraría mucho las cosas si comenzara -como prometió hace mucho tiempo- por darle otro destino a la esposa del ministro Julio De Vido, alta funcionaria de la Sigen, organismo que debe controlar las decisiones administrativas de su marido.

Los conflictos que decantan esas afirmaciones son dos. El primero es que resulta inexplicable que, desde la restauración de la democracia en 1983, casi todos los gobiernos plantearon la necesidad de reformar la Constitución en un país inundado por problemas sin resolver. La Constitución es el único contrato común de los argentinos que, además, no impide resolver ningún problema.

El otro conflicto es el clima político de crispación, de temor y de cierta arbitrariedad que se instaló durante la administración de Kirchner. No podría haber, entonces, peor escenario para una reforma de la Constitución.

Toda cuestión constitucional requiere necesariamente consenso político y social. Kirchner puede tener virtudes y defectos, pero ha dado muestras cabales de que no es un político de consensos. Las recientes reformas del Consejo de la Magistratura y la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia son cuestiones constitucionales. El Gobierno aplicó su mayoría, sin atenuantes.

Abierta eventualmente la Constitución, ¿por qué el Gobierno no intentaría introducir otras reformas que pertenecen al pasajero paladar de los que gobiernan? ¿Por qué no trataría de escribir en ella, por ejemplo, sus obsoletas ideas sobre la libertad de prensa? Sólo hay que leer uno de los últimos discursos de Cristina Kirchner en el Senado para establecer que el Estado podría meterse con la libertad de expresión.

La senadora fustigó a adversarios y periodistas delante de las cámaras de televisión (que transmitían en directo), pero las cámaras se apagaron cuando llegó la hora de la réplica de los opositores. Ellos son así.

Dicen que Guillermo Moreno modificó el inicial estilo de prepotencia verbal ante los empresarios. No hay testimonios de que haya evolucionado hacia la civilización. Pero, aun si fuera así, ya sentó un precedente: puede hacer temblar las rodillas de sus interlocutores.

Si Cristina y Moreno fracasaran en sus empellones verbales siempre quedaría una última instancia: Luis D Elía. No hay registros fotográficos de Kirchner con D Elía y ni una sola palabra del Presidente avaló nunca a su subsecretario de Estado. Pero D Elía está cerca, deambula bajo paraguas oficiales, con su boca de carrero y con sus métodos violentos.

Depende formalmente de De Vido. No es De Vido el culpable de nada en este caso. D Elía se lleva mejor con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, aunque éste hace sólo lo que el Presidente le dice que debe hacer. Cuando se está en el gobierno, a estos personajes hay que aguantarlos adentro o tenerlos afuera incordiando al gobierno , explican los exégetas de Kirchner.

¿Culpa de quién?

La exposición pública de D Elía significa una hemorragia electoral para un gobierno que cuenta los votos uno por uno, todo los días. ¿Por qué? Es culpa de los periodistas. Los periodistas lo exhiben para perjudicar al Gobierno , deduce el oficialismo. La lógica es muy difícil de entender: el Gobierno lo cobija a D Elía y los periodistas deberían esconderlo.

No le den importancia. No pierdan tiempo en contestarle , clama el Gobierno. En eso tiene razón. Nadie puede debatir con D Elía. Con protección oficial y con los antecedentes que tiene como jefe de una fuerza de choque (boicoteó empresas, tomó y destruyó una comisaría, violentó propiedades privadas), a los amenazados por él les está impedido el debate político o intelectual. Sólo les queda el recurso extremo de pedir asilo en el exterior.

ADEMÁS

MÁS leídas ahora

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.