Senado: que la verdad salga a la luz

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27 de octubre de 2000  

La causa por presunta malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito que se está llevando adelante contra tres senadores nacionales -Augusto Alasino, Emilio Cantarero y Jorge Massat- estaría permitiendo confirmar la existencia de gruesas irregularidades en el comportamiento de algunos miembros de la Cámara alta del Congreso y, particularmente, en el uso de los recursos en dinero que la ley asigna a los bloques parlamentarios para el normal desarrollo de sus funciones.

El juez federal Adolfo Bagnasco tiene a su cargo la sustanciación de ese proceso, paralelamente con la investigación que lleva adelante su colega Carlos Liporaci en relación con los sobornos que habrían cobrado los integrantes de ese mismo cuerpo legislativo como contraprestación por haber votado favorablemente la ley de reforma laboral.

De las declaraciones juradas de los senadores mencionados habrían surgido notorias contradicciones respecto del carácter que debe atribuirse a las erogaciones reservadas de los bloques, lo cual alentaría dudas sobre el destino final de esos fondos. Fuentes cercanas al juzgado del doctor Bagnasco estiman que la investigación en curso se ampliaría a otros senadores.

Por todos los elementos que han ido tomando estado público, continúa creciendo el clima de sospecha en torno del Senado y se acentúa la desconfianza con que la opinión ciudadana observa cada uno de los movimientos de ese cuerpo legislativo.

En ese contexto, resulta extremadamente irritativa la noticia de que el bloque de senadores justicialistas estaría analizando la posibilidad de impulsar una resolución parlamentaria que incluiría la declaración formal de que nunca existieron los supuestos sobornos para aprobar la ley de reforma laboral. Sería lamentable que los miembros de la Cámara alta se mostraran una vez más apegados a una actitud corporativa y se encerraran en una negación de la realidad que, a esta altura, sólo puede producir en la opinión pública más indignación y rechazo.

Los senadores que no tuvieron participación en hechos espurios y que, por lo tanto, no tienen nada que reprocharse a sí mismos deberían ser los primeros en impedir que prospere esa postura corporativa. Sólo cuando lo sucedido se esclarezca y la verdad salga a la luz quedará a salvo el buen nombre y el honor de aquellos legisladores que se mantuvieron al margen de las irregularidades denunciadas.

Para justificar su negativa a reconocer la existencia de sobornos, algunos integrantes del bloque justicialista habrían manifestado la necesidad de guardar coherencia con la actitud asumida por elPoder Ejecutivo, que hasta ahora ha rechazado la posibilidad de que alguno de sus miembros haya efectuado pagos con esa oscura finalidad. Esgrimir ese argumento equivale a decir:"¿por qué nosotros hemos de admitir nuestro delito si otros igualmente responsables no confiesan su parte de culpa?" Razonamientos de ese tipo son más propios de los integrantes de una organización delictiva que de los miembros de un poder del Estado.

Lo que la sociedad desea y espera es que la investigación judicial llegue hasta el fondo y que se conozcan los nombres de los responsables de dar y recibir sobornos. Así lo exigen el respeto a la ética y al orden institucional. Es imprescindible que la comunidad política recupere su credibilidad y para eso resulta fundamental un pronunciamiento contundente de la Justicia, que trace una línea neta de separación entre quienes violaron la moral y la ley y quienes observaron en todo momento un comportamiento irreprochable.

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