Sensación de inoperancia

Lucas Cancino tenía 17 años. Este miércoles, como todos los días, tomó su bicicleta y salió de su casa en el barrio de Ezpeleta, en Quilmes, para dirigirse a la escuela. Estudiaba en el Colegio Papa Eugenio Pacelli. A los pocos metros fue interceptado y atacado por un joven que lo apuñaló cuando intentó robarle su bicicleta y el teléfono celular. Lucas quiso volver a su casa, cruzó la reja, se desvaneció y murió minutos después en brazos de sus abuelos.

Horas antes, el municipio de Quilmes, encabezado por su intendenta Mayra Mendoza, culminaba la celebración del 72º aniversario de San Francisco Solano con una fiesta sin protocolos sanitarios que generó polémica. En medio de una profunda crisis pos pandemia, que obligó a muchos comerciantes de la zona a cerrar sus negocios para siempre y que dejó sin trabajo a varios de aquellos vecinos que se mueven dentro de la economía informal, en Quilmes armaron un festejo popular que dejó una pregunta abierta: ¿Cuántos recursos públicos utilizó la intendencia para organizar ese festival? Fueron recursos que bien pudieron ser destinados a otras áreas, como seguridad, por ejemplo.

El caso de Lucas se repite casi a diario en distintos puntos del país, sobre todo en el conurbano bonaerense. El día anterior, dos motochorros acribillaron a Rodrigo Becker para robarle su moto en la puerta de su casa en Caseros, en el partido de Tres de Febrero. Becker era un subcomisario de la Policía de la Ciudad, tenía 41 años y dejó tres hijas menores de 18 años.

La modalidad delictiva de los llamados “motochorros” creció a niveles exasperantes. Según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense, entre enero y mayo de 2021 se cometieron 77.220 delitos, un 7 por ciento más que lo registrado entre agosto y diciembre de 2020, un promedio de un delito cada tres minutos. La modalidad mencionada, según una Encuesta de Inseguridad realizada en abril pasado por la ONG Defendamos Buenos Aires, hizo que los robos y homicidios perpetrados por motochorros subieran significativamente, con un total en doce meses de 6.200 ataques por robos, 26 homicidios y 12 tentativas causados por criminales a bordo de motos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. En este indicador no se contabilizan los hechos no denunciados, que son cientos, porque según especialistas, cuando la víctima no sale lesionada, prefiere no hacer la denuncia, sabiendo que en la mayoría de los casos terminan en la nada.

La inseguridad es un tema de agenda pública que lleva años al tope de las demandas sociales, y seguramente cada uno de estos indicadores de inseguridad, no son conocidos al detalle por los vecinos del conurbano que la padecen a diario, pero sí conocen lo que es sentirse inseguros al transitar la calle, porque el delito acecha en cada esquina. Además, tampoco es tan seguro quedarse en casa: las “entraderas” que crecieron durante la pandemia están también dentro de los delitos que escalan y se instalan fuertemente entre nosotros.

Tampoco es tan seguro quedarse en casa: las “entraderas” que crecieron durante la pandemia están también dentro de los delitos que escalan y se instalan fuertemente entre nosotros.

Esteban tiene una ferretería en San Alberto, en La Matanza. En lo que va del año lo asaltaron 9 veces; “las dos últimas se llevaron solo una lámpara de bajo consumo en la primera, y un destornillador en la segunda. “Me apuntaron con un arma; así salen a comprar, y te advierten que no te roban, que solo se llevan lo que necesitan”, cuenta resignado. Este testimonio sirve para conocer el grado de impunidad con el que se manejan los delincuentes en ciertos barrios.

Sería injusto culpar al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre estos hechos, cuando lleva pocos días en el cargo. Pero sí podemos señalar que desde que asumió se lo vio más interesado en demostrar el “volumen político” de su figura polemizando en Twitter y cruzando las barreras institucionales, como fue la amenaza solapada al humorista Nick, o las de la convivencia democrática, como lo hizo al insultar al ex presidente constitucional Mauricio Macri, que en abocarse a las políticas de seguridad.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, suele mostrarse en videos promocionales, en cortes para redes sociales, participando en persona de los operativos de seguridad. Da la impresión de ocuparse del tema, aunque los resultados no demuestren su éxito.

No es con peleas y disputas rimbombantes en redes sociales, ni con videos promocionales que simulan a héroes justicieros, ni organizando festivales populares que, dado el contexto, suenan más a programar música alegre en una sala de terapia intensiva, como se solucionará uno de los problemas que más aflige a los argentinos como es la inseguridad.

Si hablamos de sensación, un término instalado por el kirchnerismo alguna vez para referirse al problema de la inseguridad, podríamos decir que estos días quedó flotando en lo cotidiano la triste sensación de ver a muchos funcionarios más preocupados en conseguir votos para noviembre, ensalzando sus perfiles políticos y populares, que en hacerlo ocupándose legítimamente de la responsabilidad que el cargo indica y requiere. Pero todo apunta al 14 de noviembre, después se verá.

La inseguridad es un tema conocido, complicado de abordar, que no se va a solucionar de un día para otro, lo sabemos, al punto que, si hay algo que hemos aprendido los argentinos, es a vivir en medio de un estado anímico que mezcla resignación con paciencia; aprendimos a esperar soluciones, aun sabiendo que nunca llegarán.

Lo peligroso de esto es que mientras atravesamos ese letargo, el paso del tiempo seguirá llevándose vidas y destruyendo familias, como ocurrió ahora con Lucas y Rodrigo.