Sexo, cultura e intimidad

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22 de mayo de 2003  

La ley de uniones civiles que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó en diciembre último -y que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considera que ha entrado ya en vigor- está en abierta contradicción con la letra y el espíritu de las disposiciones del Código Civil de la Nación en materia de Derecho de Familia. Carece, por lo tanto, de legitimidad jurídica y atenta contra principios que están en la base de nuestro ordenamiento institucional y de nuestra tradición espiritual.

Resulta inadmisible que las autoridades de una jurisdicción local se arroguen la facultad de dictar normas sobre una materia que la Constitución considera de competencia exclusiva del Poder Legislativo de la Nación. La ley aprobada por la Legislatura porteña dispone, en efecto, que la unión de dos personas mayores de edad que convivan en una relación de afectividad estable y pública, análoga a la familiar, con independencia de su sexo o su orientación sexual, podrá ser inscripta oficialmente. Por efecto de esa inscripción -dice la ley- se les otorgará, en el orden local, a los titulares de la unión los mismos derechos y beneficios que a los esposos y cónyuges.

Es lamentable que el órgano legislativo porteño haya sancionado esta ley, que parece apuntar más a una finalidad ideológica que a una real necesidad social. Como lo hemos dicho en numerosas oportunidades, las conductas privadas de las personas, vinculadas con sus preferencias sexuales, deben quedar reservadas estrictamente a la esfera de su intimidad y no hay razón alguna para que el Estado se inmiscuya en ellas o se ocupe de regularlas. Si lo que se pretende es crear las condiciones para brindar protección legal o social a quienes han mantenido durante algún tiempo vínculos de afecto no formalizables oficialmente, es obvio que en las normas sobre sociedades, condominios y seguros de vida, de retiro y de pensión existen sobrados elementos para satisfacer esa necesidad.

Lo que resulta inaceptable es que se intente distorsionar, por una vía indirecta, las estructuras de organización cultural o familiar que la legislación de fondo y la moral social han consagrado y reconocido como base de la sociedad civil. No se debe olvidar que la ley está llamada a cumplir, en todos los casos, una función de ejemplaridad, es decir, toda ley debe alentar las conductas que la sociedad considera deseables o dignas de ser promovidas en el plano de la moralidad social y pública. En el caso que comentamos, salta a la vista que se está tratando de propiciar o consagrar formas de unión que de ningún modo son las que reconoce y alienta nuestra tradición cultural y que están reñidas, además, con el espíritu y la orientación básica del Derecho Civil vigente en la Argentina.

En lo que concierne específicamente a la unión entre personas heterosexuales que conviven en una relación de afectividad -es decir, lo que el derecho ha definido históricamente como concubinato- está claro que no necesita de ninguna regulación especial, distinta de la que rige ya en materia previsional y de la que ha consagrado desde hace largo tiempo la jurisprudencia.

Distintas instituciones representativas de nuestra vida social, cultural y jurídica se manifestaron oportunamente, con razón, en contra de esta ley, por considerarla contraria a los principios fundamentales que presiden el desenvolvimiento de nuestras instituciones jurídicas y sociales en el ámbito de la organización familiar. Y, sobre todo, por juzgarla incompatible con el concepto del vínculo matrimonial tal como lo consagra nuestra ley civil: un vínculo basado en la unión de la mujer y el hombre, destinado a comunicar la vida e identificado con el modelo de familia que responde a los principios esenciales de nuestra tradición cultural.

Detrás de la norma sancionada en diciembre se adivina una intención ideológica que tiende a promover otros cambios u otras reformas de mayor aliento, tendientes a socavar las bases de nuestra legislación civil y de nuestro sistema de valores y de costumbres. Es necesario insistir en que las preferencias sexuales y las conductas íntimas de las personas deben estar exentas de la autoridad de los magistrados, como lo prescribe la Constitución, y que el Estado no debe tratar de influir sobre ellas. La necesidad de asegurar el respeto a todos los sectores -minoritarios o no- no depende de la sanción de una ley que ataca o deforma las raíces de nuestra tradición moral. Depende de otra cosa: de que sepamos construir una sociedad tolerante y pluralista, pero también consciente de cuanto atañe a la conservación de su identidad cultural.

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