"Si diluvia, se inunda"

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27 de enero de 2002  

EL secretario de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad, ingeniero Abel Fatala, ha declarado que "si hoy diluvia, se inunda". Los vecinos de las zonas inundables de Buenos Aires, que mantienen con él una larga y polémica relación, pueden aceptar como positivo que se les diga la verdad, pero no que las obras que se requieren para evitar el riesgo se vayan desarrollando a un ritmo inaceptable.

La experiencia de las inundaciones anteriores es contundente: vidas humanas perdidas, situaciones de riesgo extremo para las personas, daños enormes a las viviendas, a los comercios, a las escuelas, a los edificios públicos. Todo esto ha dado lugar a demandas que hoy, en medio de una situación social y económica inédita, podrían alcanzar severos picos.

El funcionario hizo sus declaraciones al inaugurar la primera etapa de las obras en la cuenca del arroyo Vega, que corre bajo la calle Blanco Encalada, en el barrio de Belgrano. Aprovechó la oportunidad para responsabilizar a la disputa interna del justicialismo porteño por haber enviado lo que llamó "protestones profesionales" para dañar el acto durante el cual se habilitaron las obras. Fatala relativizó sus expresiones al señalar que también había, entre los concurrentes, vecinos "verdaderos", realmente interesados en las obras puestas en marcha.

Las obras consisten en reservorios de agua, grandes piletones cuya misión es almacenar líquido y evitar los desbordes. Esta solución ha sido cuestionada, sin embargo, por el defensor adjunto del pueblo, que reprochó lo que, según su opinión, implica una falta de consideración hacia el impacto ambiental. La información suministrada indica que las obras no estarán listas, de todos modos, hasta el año 2003.

"Los pliegos de las primeras licitaciones no preveían una serie de cuestiones que tienen que ver con la forma de construcción. También hubo mucha desorganización y se perdió mucho tiempo. Cuando yo asumí, en 1999, tuve que empezar desde cero", afirmó Fatala. Estas afirmaciones no hacen sino redondear un cuadro que no es nada auspicioso para los vecinos, que deben seguir rogando para que las lluvias no vuelvan o lo hagan de manera no demasiado violenta.

La historia de nuestra ciudad se caracteriza por la presencia de muchos retos naturales a los cuales la comunidad, en conjunción permanente con los poderes públicos, supo ponerles límites. La aparición de precipitaciones superiores a las normales es un reto, no mayor que muchos otros, de épocas pasadas, a los cuales se les pudieron oponer planes con capacidad para conjurarlos.

Resulta especialmente difícil de admitir que se pueda adjudicar a las "internas" partidarias o las dilaciones burocráticas las demoras en la solución de un problema tan grave como éste. No están en condiciones de aceptar estos argumentos quienes saben, con absoluta certeza, los peligros que acechan detrás de cada amenaza de tormenta.

La defensoría del Pueblo ha interpuesto un recurso ante la Justicia por los riesgos ambientales que el proyecto supuestamente generaría y una jueza dictó una medida cautelar en la que ordenó detener la licitación hasta tanto se conozca un estudio medioambiental. Esto no ha logrado otra cosa que aumentar los miedos de los vecinos; ellos pretenden, simplemente, que el problema sea resuelto, sin más demoras.

Todo el buen sentido indica que la situación debe ser objeto de tratamientos expeditivos y dar lugar a respuestas confiables. Y esto debe ocurrir, obviamente, antes de que sea demasiado tarde.

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