Sin confianza en la Justicia

Los cambios impulsados por el Gobierno en la Corte Suprema, la justicia federal y el sistema judicial en general en el país -a esta enumeración habría que agregar ahora la reforma propuesta desde la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación sobre la integración del Consejo de la Magistratura- durante los últimos dos años no modificaron en lo sustancial la negativa imagen que la sociedad sigue teniendo de la Justicia, a la que ve poco eficiente, parcial, con escasos comportamientos honestos y con falta de independencia respecto del poder político.

Estos conceptos surgen de una nueva medición del Indice de Confianza en la Justicia, realizado en noviembre último y presentado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y la Fundación Libertad, sobre la base de 800 consultas en grandes distritos del país. Según la medición, la confianza de la opinión pública en la Justicia alcanzó un valor de 46,7 en una escala de 1 a 100, lo que indica pocos avances en el área, ya que los valores son prácticamente idénticos a los registrados un año atrás (46,4).

El escepticismo de la sociedad varía según la edad analizada. Es más ostensible en la franja de quienes ya han pasado los 50 años, que en noviembre disminuyeron su confianza en el sistema de justicia en un 9,1 por ciento con respecto a la última medición, efectuada en julio último. Como contrapartida, los consultados entre 18 y 29 años aumentaron su confianza en un 6,5 por ciento y quienes transitan la franja entre los 30 y los 50 años subieron su optimismo en un 3,8 por ciento.

Por otra parte, el estudio reveló que mientras el 64,2 por ciento de los encuestados estaría dispuesto a requerir el servicio de justicia en situaciones concretas referidas a asuntos patrimoniales, familiares o laborales, sólo el 29,2 por ciento tiene una imagen positiva de la Justicia en términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad. En efecto, ocho de cada diez participantes de la muestra consideran de poco a nada confiable la imparcialidad de la Justicia y sólo uno la considera muy confiable.

Además, el 81 por ciento la ve poco o nada honesta, un 15 por ciento la percibe honesta y confiable mientras que el casillero "muy honesta y confiable" queda en cero. Asimismo, el 78 por ciento la percibe como poco o nada eficiente, mientras que un 17 por ciento la califica de eficiente y un ínfimo uno por ciento, de muy eficiente.

Para completar un cuadro que ya se muestra preocupante, se agrega ahora -como decíamos más arriba- la reforma propuesta desde la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación relacionada con la integración del Consejo de la Magistratura, que no sólo silenciaría a la oposición parlamentaria, sino que rompería el equilibrio que establece el artículo 114 de la Constitución nacional, posibilitando una desmesurada e impropia injerencia de la clase política en el órgano encargado de administrar el Poder Judicial, seleccionar a los candidatos a jueces, acusar a los magistrados por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento, decidir sobre las facultades disciplinarias de los jueces y las reglamentarias que hacen al funcionamiento y organización del tribunal, cuestiones propias y específicas, de indudable competencia judicial.

Los nuevos planteamientos y los cambios que día tras día se están generando en la sociedad argentina conforman una dinámica que requiere de consistencia, estabilidad y orden y que el derecho debe traducir en seguridad y certeza; es decir, que la seguridad jurídica es un factor indispensable para alcanzar la justicia. Un sistema de justicia saludable, honesto y eficaz tiene una gran incidencia en la eficiencia económica y el desarrollo de un país; por eso, es necesario establecer mecanismos y controles encaminados a construir mayor confianza en ese mismo sistema. A su vez, un Estado de Derecho sólo puede sostenerse con un Poder Judicial independiente. Dentro de este contexto, la administración de justicia es parte medular de la organización política. La independencia de los jueces no debe ser solamente una cuestión declarativa, que exprese buenos y nobles deseos o propósitos, sino que debe ir aparejada con las condiciones necesarias para el ejercicio independiente de su función.