Sin impaciencia ni plazos

Por Juan R. Aguirre Lanari Para La Nación
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27 de octubre de 2000  

Cuando, el 3 de enero de 1833, el Reino Unido ocupa por la fuerza las Islas Malvinas, expulsa a la población argentina y la reemplaza enteramente por británicos. Ese mismo año, el ministro argentino Manuel Moreno hace una enérgica reclamación en Londres. Desde entonces, jamás nuestro país consintió la ocupación. Por el contrario, numerosas fueron las protestas sobre el particular.

Estas circunstancias invalidan la pretensión británica de aplicar a las Malvinas la prescripción adquisitiva en su beneficio. En primer lugar, no eran res nullius el 3 de enero de 1833, ni pueden alegar los británicos una posesión pacífica e indiscutida, atentos los numerosos actos realizados por la Argentina, que incluso ha ofrecido la solución del diferendo por la vía del arbitraje.

Llegamos aquí al meollo ineludible dentro del cual debe resolverse la cuestión pendiente entre la Argentina y Gran Bretaña: la disputa de la soberanía, que está enmarcada en la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, votada por abrumadora mayoría. Ésta, inspirada en la resolución 1514 (XV), que dispone se debe poner fin al colonialismo en todas sus partes y en todas sus formas, insta a las partes a resolver dicha disputa tomando en cuenta los "intereses" de la población de las islas. Lo recalco: los intereses, no sus deseos.

Integridad territorial

La propia norma madre en materia de descolonización, la resolución 1514 (XV), ha consagrado la diferencia entre colonias, a las que aplica la autodeterminación, y territorios ocupados, como es el caso de las Islas Malvinas, donde priva el principio de integridad territorial, cuya preservación asegura en el párrafo 6º, al declarar: "Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

La existencia de una disputa de soberanía entre las partes ha sido reconocida en todas las resoluciones votadas después de la 2065, por ejemplo la 3160 (XVIII), de 1973, y la 31/49, de 1976.

Recuerdo especial merece la resolución 37/9, aprobada el 4 de noviembre de 1982, a poco más de cuatro meses de haber finalizado la guerra. Gran Bretaña quiso que la victoria militar consolidara su pretendido título. Pero la comunidad internacional dio claro apoyo al proyecto que instaba a las partes a negociar en la disputa sobre soberanía. El proyecto tuvo características especiales: a) fue presentado por el presidente de México y veinte cancilleres latinoamericanos; b) introdujo la figura del secretario general de las Naciones Unidas al encomendarle una misión de buenos oficios; c) por primera vez en la historia diplomática de las Malvinas, contó con el voto favorable de los Estados Unidos. En 1983, la resolución 38/12 reiteró el respaldo a nuestra posición.

La inaplicabilidad de la libre determinación al caso particular de las Islas Malvinas, que surgía de todas las resoluciones tomadas a partir de la 2065 (XX), fue consagrada expresamente por la Asamblea General el 27 de noviembre de 1985 al rechazar dos enmiendas propuestas por Gran Bretaña a la resolución 40/21, que continuaba la senda negociadora de las anteriormente mencionadas.

Siendo canciller argentino, dije en mi discurso del 2 de noviembre de 1982 ante la Asamblea General: "Es que en realidad, la verdadera intención del gobierno británico con relación a las Malvinas no es la defensa del supuesto derecho de los isleños a la autodeterminación sino la defensa de su también supuesto derecho de soberanía sobre el territorio. Lo que surge claramente de las declaraciones formuladas por el gobierno británico en el Parlamento el pasado 3 de abril, en las que queda expuesto que el objetivo del envío de fuerzas al Atlántico Sur es la reconquista de un supuesto territorio soberano británico".

Nuestra sabia Constitución

Esto no significa que rechazamos contemplar los intereses de los isleños. Aparte de gestos de los últimos años, de pública notoriedad, siempre la Argentina los tuvo en cuenta. Educación, caminos, aeropuertos, combustibles, comunicaciones, atención a la salud, etcétera, fueron pruebas de buena voluntad reiteradamente ofrecidas por nuestro país. Pero la contraparte es otra. ¿Será el Parlamento británico imperturbable a nuestros reclamos? No lo ha sido de manera absoluta en el pasado y puede variar en el futuro su determinación.

Sobre la base de la resolución 2065 (XX), en enero de 1966 los ministros argentino y británico, Zavala Ortiz y Stewart, firmaron un comunicado conjunto en el que acordaron la celebración de negociaciones. Las tratativas siguieron y en agosto de 1968 las delegaciones argentina y británica acordaron el texto de un memorándum de entendimiento. Éste establecía que el Reino Unido reconocería la soberanía argentina sobre las islas cuando se consideraran satisfactorias las garantías y salvaguardias que el gobierno argentino se comprometiera a otorgar a los isleños. Lamentablemente, el rechazo del memorándum por el Reino Unido y la subsiguiente negativa británica a negociar la soberanía marcaron el derrotero posterior. Pero creo que pueden surgir en el futuro causas que inspiren un acercamiento.

La base está en la creación de un escenario apropiado. Éste debe consistir en una relación madura, que compenetre los intereses entre argentinos y británicos. Éstos se han sentido tradicionalmente bien en nuestro país y sus negocios y sus afincadas familias prosperaron como en ningún lugar de la región.

Además, la adyacencia de las Malvinas las atrae naturalmente a nuestra órbita. Hoy viven de los recursos pesqueros, cuya subsistencia y vitalidad requieren la buena voluntad argentina. ¿Y qué decir de los hidrocarburos? No se conocen explotaciones importantes sin el soporte continental como el que nuestro país puede brindar.

Finalmente, la sabiduría de nuestra Constitución admite la incorporación de nuevas provincias, que pueden tomar sus recaudos, contemplando los intereses por resguardar plenamente, con la amplitud del consenso requerido.

Todo ello exige tolerancia y tiempo, sin impaciencias ni plazos perentorios que puedan conspirar contra los intereses de las naciones, que son permanentes. Como lo es, como lo seguirá siendo, nuestra vocación por esa parte del territorio argentino, tan cara a nuestro sentimiento.

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