Soja transgénica

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3 de mayo de 2003  

Un decreto dictado por el gobierno de Brasil reaviva y profundiza la diferencia de criterios existente entre nuestro país y el socio mayor del Mercosur respecto de los productos genéticamente modificados. La norma, basada en una ley de vigencia anterior, define los alcances de la obligación de incluir un etiquetado por el cual se informe al consumidor sobre la transformación genética que el producto incluye. La obligación regirá en la mayor parte del territorio brasileño, pero quedarán exceptuados de ella los transgénicos, o sus elaboraciones, provenientes del estado de Rio Grande do Sul, en el cual se admite la existencia de cultivos transgénicos. Aunque el decreto puede ser aplicado a cualquier transgénico, es evidente que está dirigido a la soja.

La decisión brasileña ha sido cuestionada por nuestro país, que la considera discriminatoria y que, además, objeta el hecho de que no haya sido consultada previamente, tal como lo establecen las obligaciones del Mercosur y del marco internacional. Dado que en la Argentina la soja es en su casi totalidad modificada genéticamente el producto y las elaboraciones que contengan más del 1% de aquél deberán ser diferenciados mediante el etiquetado. La nueva disposición no tendrá efectos sobre la comercialización actual, dado que será de aplicación el año próximo, pero de todos modos distorsionará el mercado desde mucho antes, debido a que influirá sobre las previsiones de los operadores.

Desde tiempo atrás se sabe que la soja modificada se cultiva en Brasil, pese a la prohibición existente. Los agricultores brasileños han advertido las ventajas que se derivan de utilizar el recurso transgénico, tanto desde el punto de vista de los costos de producción como en atención a los rendimientos del grano; por eso han adoptado, en general, estas semillas. Hace algunas semanas, las autoridades del país vecino reconocieron la existencia de 6 millones de toneladas de soja transgénica, un 15%, aproximadamente, de la cosecha actual, que se concentra en los estados del sur. Sin embargo, el ministro de Agricultura de Brasil reconoció que los productores le aseveraron que la soja modificada está presente en casi todo el país.

Existen en Brasil dos corrientes respecto del tema. Los productores agrarios presionan por la derogación de las normas que prohiben el cultivo transgénico, mientras que otros sectores, con presencia mayoritaria en el gobierno, mantienen la posición contraria y por ahora vigente. Se recordará, al respecto, que en la gestación del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, la Argentina y Brasil tuvieron posiciones divergentes. Un punto que llama la atención aunque podría explicarse por razones de competencia administrativa es la ausencia de la firma del ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, en el decreto mencionado. Mientras esto ocurre en el Mercosur, en Europa continúan vigentes las medidas restrictivas de los productos transgénicos. Sectores predominantes de la ciencia han manifestado no solo la inocuidad de estas producciones sino también el retraso tecnológico que significará para la agricultura europea el mantenimiento de una acitud diferente a la que prevalece en los Estados Unidos y en otras naciones.

La organización norteamericana Food and Drug Administration, que se dedica a la aprobación de alimentos, medicinas y equipos -y que es la mayor del mundo en su género- ha ido convalidando numerosos productos transgénicos luego de los correspondientes estudios científicos. Sin embargo, las autoridades europeas siguen siendo renuentes a aceptar los dictámenes científicos. Así ocurrió cuando disolvieron, en 1995, una comisión científica creada para determinar los efectos de algunos anabólicos utilizados en el engorde de animales. La misma posición fue reitertada luego ante la recomendación de un cónclave científico internacional, reunido en 1998.

El tema de los transgénicos continuará provocando divergencias con efectos en el comercio internacional hasta que la ciencia consiga doblegar las oposiciones originadas tanto en el proteccionismo como en sectores renuentes a aceptar el hecho de que las modificaciones genéticas -por supuesto, debidamente convalidadas por el cernidor científico- constituyen una gran revolución productiva y sanitaria.

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