Tiempo de descuento para la ley de basura electrónica

María Eugenia Testa
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20 de noviembre de 2012  

El proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) lleva casi cinco años de tratamiento en el Congreso de la Nación. Si bien cuenta con la sanción del Senado desde mayo de 2011, la ley está siendo demorada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a días de perder estado parlamentario.

El proyecto, conocido como ley de basura electrónica, busca separar de los residuos domiciliarios a los RAEE, la fracción más tóxica y la que más rápido está creciendo. Hoy, esta categoría de residuos se halla en una zona gris entre la legislación de residuos peligrosos y la normativa que regula la gestión de los residuos domiciliarios, pero en la práctica terminan siendo arrojados a rellenos o basurales y son una peligrosa fuente de contaminación; almacenados en depósitos, hogares u oficinas, o incinerados como materia prima de otros procesos sin seleccionar los componentes específicos para su reutilización.

Por otro lado, y como otro de los objetivos fundamentales, el proyecto de ley promueve la recuperación de los materiales de los que están compuestos los RAEE, muchos de ellos valiosos. Si tenemos en cuenta los más de 10 millones de teléfonos celulares que se desecharon en la Argentina en 2011, considerando un peso promedio de 100 gramos por teléfono, reciclar estos artefactos retiraría de los rellenos y basurales 1000 toneladas al año de residuos potencialmente peligrosos. Además, con el reciclado de estos teléfonos se hubiera evitado desechar cerca de 15 millones de dólares sólo en 2011, contando sólo tres de los minerales que los teléfonos tienen en muy pequeñas cantidades: plata, cobre y oro.

El valor de los materiales y la alta eficiencia de reciclado de estos aparatos (más del 90% en el caso de los teléfonos celulares, por ejemplo) hacen que los RAEE sean una fuente de materia prima para la industria mucho menos contaminante y destructiva que la minería. Japón, que cuenta con un destacado desarrollo de la industria de la electrónica, y con un eficiente sistema de reciclado, ha llegado incluso a importar RAEE para la recuperación de materiales.

Se desprende de aquí, además, que el establecimiento de un sistema nacional de gestión de los RAEE y la obligatoriedad –que recaerá sobre las empresas– de reciclar los residuos de sus productos, de acuerdo con el proyecto de ley, ampliarán el sector que se dedica a este tipo de "minería urbana", generando inversión, destrabando su actividad y contribuyendo a la creación de los denominados empleos "verdes".

De ser aprobada la ley, entrará en vigor el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que establece la carga legal y financiera sobre las empresas, que deberán responsabilizarse por sus productos una vez que éstos han finalizado su vida útil. Normativas de estas características ya han sido aprobadas y están en vigencia en gran parte de Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos, como Costa Rica, Colombia, Perú o Bolivia, y están siendo tratadas en Chile y Brasil, entre otros.

Las empresas, como responsables directas de la contaminación potencial de los productos, se ven comprometidas en dos instancias: en la producción, ya que el proyecto establece la prohibición de determinadas sustancias tóxicas y premia a los productos con una más larga vida útil y más fáciles de reciclar; y en la etapa pos consumo, cuando el producto pasa a ser residuo. Es allí que las empresas, mediante un sistema nacional, deben hacerse cargo de los residuos, reutilizarlos y reciclarlos para evitar la contaminación y el derroche de recursos. Debido a esta responsabilidad, las empresas formarán parte, junto con organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de un ente mixto, no estatal, que desarrollará el sistema nacional de recolección, transporte y tratamiento de los RAEE. Tienen la opción, además, de hacer sus propios planes.

Frente a la evidencia en torno a la gestión de los residuos domiciliarios (sobre todo en el Área Metropolitana, por el colapso del sistema Ceamse, cuyas primeras consecuencias se ven en las calles de Buenos Aires) y el avance masivo sobre ecosistemas vitales en búsqueda de minerales, es que se torna irracional la falta de tratamiento y sanción del proyecto de ley de basura electrónica. Los diputados de la Comisión de Recursos Naturales y de Industria dieron dictamen al proyecto, pero aún resta Presupuesto y Hacienda, donde la ley está frenada por la presidencia de la Comisión en espera del visto bueno de la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien no está demasiado interesada en la protección del ambiente y los recursos. En 15 días, de no ser tratado, el proyecto de ley perderá estado parlamentario. El trabajo de cinco años terminará en el tacho de la basura, junto con los residuos electrónicos.

© LA NACION

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