Toda la campaña electoral con Cristina bajo sospecha

Si no pasa nada raro, la Presidenta atravesará la campaña electoral bajo la incómoda sospecha de haber lavado dinero de su socio Lázaro Báez. "Cristina, por esto, presa seguro que no va a ir. ¿Conocés a muchos funcionarios que hayan sido condenados por el delito de lavado de dinero? El problema, aquí, es otro. El problema es que Claudio [Bonadio] se puso el traje antiflama y parece estar dispuesto a investigar en serio, sin importar el tiempo que dure el juicio", explicó, el martes a la noche, uno de los aspirantes confesos a la presidencia de la Nación, ante una improvisada rueda de periodistas que aguardaban para recibir el reconocimiento de una revista. El dirigente consideró que la jefa del Estado permanecerá bajo sospecha mientras se sustancia la campaña electoral.

No es un planteo delirante. Bonadio, titular del Juzgado Criminal y Correccional número 11 desde hace casi 20 años, es, quizás, el juez federal más temerario de la Argentina. Atravesó, con éxito, las acusaciones de haber pertenecido a la cofradía de los jueces de la servilleta que respondían al control remoto de Carlos Corach, ex ministro del ex presidente Menem. Hace años, se enfrentó a un delincuente que lo encañonó para asaltarlo y lo mató de un tiro certero. Jamás negó su condición de peronista ni su militancia en Guardia de Hierro durante los años 70. Conocedor del Código Penal y el humor de los pasillos de Comodoro Py, Bonadio está convencido de que la Presidenta, la procuradora Alejandra Gils Carbó y los principales cuadros de La Cámpora quieren terminar con la autonomía de los jueces federales.

Durante la presentación del libro Justicia y medios, de María Bourdin, a la que asistió la crema del Poder Judicial, incluido el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, Bonadio llamó aparte a un periodista y le dijo: "Prestá atención al nuevo proyecto de Código Procesal Penal. Si lo leés bien, te vas a dar cuenta de que habilita a la procuradora a nombrar un cuerpo de fiscales destinados a perseguir y atacar a los enemigos del Gobierno. Y no dentro de un año. Ahora mismo". Dice Bonadio, ante los pocos amigos con los que se sincera, que el intento de los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura de iniciarle un juicio político para sacárselo de encima no es el verdadero motivo que lo impulsa a investigar a la Presidenta. Al contrario: afirma que el Gobierno lo ataca porque sabe que con él "no se puede arreglar".

La evolución del expediente por el auto con papeles falsos del vicepresidente Amado Boudou es un buen ejemplo para analizar cómo funciona la cabeza del magistrado. Otros colegas suyos hubieran desestimado el caso, por falta de "envergadura económica". Pero Bonadio la considera una causa testigo que mostraría la catadura moral de quien ocupa el cargo institucional más importante después de la presidencia de la Nación. Con la misma lógica estaría calibrando ahora las inconsistencias cometidas por los accionistas de Hotesur, la empresa dueña del hotel Alto Calafate, cuyos principales accionistas son Cristina Fernández y Máximo Kirchner. Bonadio no se limitaría a llamar la atención sobre los balances no presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o sobre el hecho de que esa omisión no haya disparado una investigación oficial de Reporte de Operación Sospechosa (ROS). El juez pretendería hurgar a fondo, como nunca lo hizo ningún otro magistrado, en la maniobra que le habría permitido a Hotesur cobrar millones de pesos en concepto de alquiler por habitaciones que la mayor parte del tiempo permanecieron vacías.

¿Hay alguna ley que impida a la Presidenta y su hijo cobrar mucho dinero por la ocupación de habitaciones de hotel que no se usan, al tiempo que el Poder Ejecutivo adjudica obra pública al mismo empresario que paga a la empresa Hotesur sin chistar?

El fiscal Federico Delgado incluye este tipo de casos en lo que denomina "promiscuidad de intereses públicos y privados". Delgado no investiga la causa que impulsa Bonadio, pero hace algunos años, durante el juicio que se le inició al matrimonio Kirchner y a su hijo por la creación, en 2007, de El Chapel, una consultora "de inversión y financiera", ya se había preguntado, con lógica de hierro: "Si un inversor extranjero quiere hacer un negocio ventajoso con el Estado, ¿a quién va a contratar? ¿A la consultora X o a la del ex presidente, la Presidenta y su hijo?"

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los integrantes de la familia presidencial en agosto de 2010, con el argumento de que el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública" no se consumó, porque El Chapel no llegó a facturar ningún trabajo. Sin embargo, Delgado interpretó que lo que se debería juzgar, en este caso, es la intención de hacer negocios promiscuos, se hayan o no concretado. "¿No es una vergüenza, además de un conflicto de intereses, que un presidente o una presidenta se pongan una consultora para hacer negocios privados?", se sigue preguntando hoy Delgado.

Éste es el verdadero problema que enfrenta ahora Cristina. Que se la deje de ver como alguien que se sacrifica por la patria para que prime la imagen de una persona ambiciosa, más atenta a los negocios familiares que al bienestar de los ciudadanos. Que se empiece a borrar del imaginario colectivo la figura mítica del Nestornauta que se inmoló por el país para ser reemplazada por la del especulador que compró dos millones de dólares con información privilegiada para adquirir, precisamente, acciones de Hotesur. También en este caso se abrió una causa para comprobar si el ex presidente había cometido un delito. Resultó sobreseído por falta de pruebas. La decisión la tomó el propio Claudio Bonadio.

La Argentina es un país curioso. La jefa del Estado, a través de Twitter, no negó las inconsistencias de su empresa hotelera. Sólo reveló, a través de información confidencial que ella obtuvo por el lugar que ocupa, que una firma de Bonadio también estaba en falta. Y un senador nacional que le responde acaba de denunciar al juez por enriquecimiento ilícito. Menos mal que, según el candidato, el magistrado tiene puesto el traje antiflama.

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