Transparencia electoral: un camino transitado a medias

Se han dado pasos importantes, pero apenas estamos a mitad de camino. Así se perfila hoy la situación de nuestro país en materia de transparencia electoral.

La reforma planteada por el gobierno de Mauricio Macri, a poco de asumir en 2015, sólo registró un avance en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada. Las diferencias políticas en torno de puntos claves del proyecto oficial hicieron que su tratamiento se frenara en el Senado. Pero, también, las elecciones de medio término de este año impidieron avanzar en los debates tendientes a zanjar esas disparidades. La urgencia electoral, una vez más, terminó postergando la mejora que el propio sistema necesita de manera crucial.

Básicamente, hay tres cuestiones fundamentales en las que todavía no ha habido acuerdo entre los diversos actores políticos: la fórmula para transparentar el financiamiento de los partidos políticos, la instrumentación o no de la boleta única electrónica (BUE) en el orden nacional y definir si la organización de los comicios debe seguir a cargo del Poder Ejecutivo o pasar al ámbito judicial. A ello se suma el debate sobre la continuidad o la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Hace poco más de un mes, varias organizaciones de la sociedad civil (OSC) y expertos en materia de transparencia electoral entregaron una carta al presidente Macri, por la que expresaron la necesidad de impulsar una serie de cambios legislativos que garanticen la integridad de nuestro sistema electoral.

En la misiva, suscripta por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el abogado constitucionalista Daniel Sabsay y la flamante presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, entre otros, se alerta sobre la existencia de varios puntos que no pueden pasar inadvertidos a la hora de modificar el sistema de votación.

Esos especialistas coinciden en desaconsejar la BUE -proponen, en cambio, la boleta única de papel-, recomiendan quitarle al PE la administración electoral para ponerla en manos de la Justicia y reclaman una profunda reforma del sistema de financiamiento y de rendición de cuentas de los partidos políticos.

Es más, la propia Ferreira Rubio, en su carácter de representante máxima de una de las entidades más importantes del mundo dedicadas a la lucha contra la corrupción, expuso sobre estos puntos durante una reunión que mantuvo con el Presidente. La reconocida especialista le hizo notar que es larga la lista de temas pendientes. Además de los mencionados, citó la necesidad de sancionar una nueva ley de ética pública y de regulación de los conflictos de intereses de los funcionarios, y profundizar el compromiso del país de tener un "gobierno abierto", que garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública.

A las advertencias citadas sobre la inconveniencia de adoptar la BUE hay que sumar un pormenorizado trabajo realizado por el Conicet, fechado en octubre de este año, que, entre otras cuestiones, sostiene que "cualquier sistema de emisión electrónica de voto que busque solucionar los problemas inherentes a garantizar integridad y secreto necesariamente será difícil de verificar formalmente y de auditar, incluso por expertos en la disciplina". Paralelamente, afirma que "no existe evidencia en la actualidad de que sea factible utilizar un dispositivo electrónico sin comprometer requerimientos fundamentales del voto, en particular, garantizar el secreto". El Conicet habla claramente de "riesgos".

La mayoría de los reclamos de esos especialistas ya vienen siendo tratados en reuniones, talleres y demás encuentros que periódicamente realizan los equipos que dependen de la Oficina Anticorrupción (OA), con la mira puesta en el próximo año parlamentario, cuando el Gobierno aspira a retomar esa discusión en los recintos.

Según adelantan los propios funcionarios, oficialmente se insistirá en la BUE, aunque admiten que el diálogo no está cerrado. También sostienen que urge considerar la eliminación de las PASO, ya que, hasta el momento, no han cumplido su objetivo. Esas elecciones representaron este año un gasto de 2800 millones de pesos y casi no definieron candidatos, porque la mayoría de los espacios políticos presentó lista única.

Si hay algo en lo que existe una amplia coincidencia es en lo vetusto del actual sistema de votación, permeable a la manipulación y al fraude electoral. Sólo sectores que han hecho uso y abuso de esas prácticas clientelísticas y fraudulentas siguen encolumnados detrás de listas cuya composición, salvo los primeros puestos, el electorado desconoce, por lo que termina votando por quien no lo representa y, peor aún, hasta por quien preferiría no hacerlo. La eliminación de las listas sábana es una deuda de viejísima data de la política para con los ciudadanos. Muchas veces se habló de reemplazarla, pero a la hora de hacerlo la dirigencia nunca mostró voluntad clara para concretar ese cambio.

Es hora de avanzar hacia un sistema transparente. El año que viene será clave para cerrar este largo debate. De no llegarse a un acuerdo legislativo, el proyecto que ya cuenta con la aprobación de Diputados perderá estado parlamentario y 2019 nos encontrará nuevamente en un año electoral con los inconvenientes ya conocidos que esto genera, con un sistema anclado en el pasado, con todas las dudas que sobre él subsisten. Es necesario aprender de la experiencia: de la nuestra y de la de quienes en el mundo ya han probado otros sistemas.

Haciendo nuestro el concepto que vienen sosteniendo la Cámara Nacional Electoral y el Conicet, coincidimos en que uno de los objetivos más importantes de un régimen de votación es la construcción de la confianza que la sociedad en su conjunto tendrá en el sistema electoral. Esa es la enorme e impostergable tarea que nos espera. Ese debería ser, sin dudas, uno de los principales temas por resolver durante el año próximo.