Hace pocos días un colectivo cayó desde la autopista 9 de Julio desde una altura de 15 metros; murieron 3 personas y 12 resultaron heridas. Se trataba de un ómnibus chárter, que había partido de Avellaneda hacia la Capital. Pocos días después, una camioneta tipo chárter volcó luego de chocar con un camión en la localidad de Villa Dorrego, en el kilómetro 32 de la ruta N° 3, dejando un saldo de 6 personas heridas.
El denominador común en ambos casos es que ninguno de los colectivos accidentados contaba, aparentemente, con habilitación de la autoridad competente para circular como transporte público.
Es cada vez mayor la cantidad de transportes de pasajeros, no sólo en el conurbano sino también en recorridos de larga distancia, que ofrecen y prestan servicios con tarifas sensiblemente menores a las de sus colegas autorizados y sin contar con permiso de ninguna especie. La falta de autorización implica la ausencia de control alguno sobre las condiciones de seguridad de los vehículos. Neumáticos viejos, frenos en malas condiciones, direcciones inestables, iluminación deficiente son algunas de las deficiencias que suelen presentar las unidades.
Una modalidad novedosa en esta ciudad, aunque conocida en el caso de los remises cordobeses hace algunos años, es la presentación y obtención de recursos de amparo judiciales, que habilitan a operar a los demandantes sin aguardar la autorización administrativa. No parece lógico ni sensato que una institución de tutela y garantía como es el derecho de amparo, de sólida raigambre y firmes raíces en la vida jurídica argentina, se desnaturalice al punto de que el derecho a trabajar que emana de la protección judicial se convierta en una trampa mortal para los usuarios, que probablemente ignoran el déficit de seguridad de los vehículos, cuyo control excede con mucho lo meramente judicial.
Los recursos de amparo no deben ser una patente de corso para el transporte ilegal, y en los demás casos, la policía, tanto la caminera como la urbana, debería dejar de hacer la "vista gorda", e informar a la Secretaría de Transporte, labrando las actuaciones necesarias para que cese esta peligrosa práctica. Las consecuencias de no hacerlo están a la vista.
