La semana política II. Tres hombres y una trama secreta

Los contrabandos de armas a Ecuador y Croacia, cuando la Argentina se había comprometido a restablecer la paz en ambos lugares, están promoviendo un proceso político, además del judicial, contra tres figuras públicas con fama intelectual y con reputación de hombres honrados: Guido Di Tella, Oscar Camilión y Martín Balza.

No ha sucedido cabalmente en cambio, hasta ahora, el proceso penal y político contra la segura camarilla de traficantes de armas que consumó ese delito.

Ninguna expresión razonable de la Nación política les atribuye a aquéllos una intencionalidad dolosa en su gestión en este largo escándalo. Pero los tres han tenido cierta participación, al derecho o al revés, en el origen y en el desarrollo del alboroto que ha vuelto a poner al gobierno de Menem como blanco de la sospecha social.

Los tres habrán intuido, suponen todos, algo extraño en los papeles que firmaron y en los pedidos que recibieron. Pero los tres prefirieron aceptar los códigos implícitos del gobierno que integraban: no preguntaron más de lo que les permitía el sentido de la sobrevivencia.

La revelación consiste en que la cancillería argentina estuvo enterada con anticipación, por medio del embajador en Lima, del desvío de armas a Ecuador, cuando este país estaba en plena guerra con Perú. Los Estados Unidos, la Argentina, Brasil y Chile son los países garantes de la paz entre esas naciones belicosas.

Los cables secretos del embajador Ossorio Arana son en verdad crónicas precisas de los diálogos entre los agregados militares argentinos, del Ejército y la Fuerza Aérea, sobre todo, con miembros del espionaje peruano y con los mandos de inteligencia en Buenos Aires, vía telefónica.

Según fuentes confiables, esos cables nunca llegaron a manos de Di Tella (que, valga la contradicción, se encontraba en el medio de intensas gestiones para restablecer la paz entre Perú y Ecuador) y murieron en las manos del entonces vicecanciller, Enrique Petrella, actual embajador en las Naciones Unidas. Petrella consideró que esos papeles estaban desmintiendo la existencia del tráfico de armas.

En la crónica del embajador Ossorio Arana hay una reiterada puntualización a la indiferencia de la cancillería peruana sobre tales versiones; el gobierno de Fujimori nunca le dio estado diplomático a la información de sus servicios de inteligencia, quizá para no tensar la relación con uno de los países garantes. Ante esta acotación del propio agregado militar aeronáutico argentino, su interlocutor y superior en Buenos Aires le anticipó que la Fuerza Aérea desmentiría la versión. Esto es lo que conformó definitivamente a Petrella.

Más aún: los diplomáticos argentinos tomaron la información peruana como una simple presión. El gobierno de Lima había pedido que la Argentina le vendiera armas un día después de que se declarara el embargo y el reclamo fue rechazado por la embajada argentina. Hay constancias en la cancillería argentina de esa gestión frustrada de Fujimori.

Sea como fuere, en la cancillería argentina, y en los servicios de inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea, estaba la información del tráfico de armas cinco días antes de la fatídica noche en que el brigadier Paulik, entonces jefe aeronáutico, lo llamó a Camilión para avisarle, vagamente, que un agregado militar peruano le había dicho que la Argentina le estaba vendiendo armas a Ecuador. Camilión tomó el dato como una de las tantas versiones falsas que se acumulan en los oídos de los políticos.

Mucho más tarde, Paulik firmó ante el juez Urso una declaración según la cual sólo había contado con esa información del agregado peruano; la comunicación precisa de Ossorio Arana compromete seriamente ahora al ex jefe de la Fuerza Aérea.

Balza recibió la información _si es que él la recibió personalmente_ como una cuestión divertida y ajena. De cualquier modo, los vuelos con la carga del contrabando estaban bajo jurisdicción directa de la Fuerza Aérea y de su policía aeronáutica y las armas las vendía Fabricaciones Militares, que dependía del Ministerio de Defensa.

Pero ninguno de los tres puede desconocer estos datos clave:

• Camilión y Di Tella (junto con Cavallo y Menem) firmaron el decreto de venta de armas a Venezuela con un certificado de venta final falso (parte de esa venta fue a Ecuador). Di Tella no recuerda ahora cómo llegó ese decreto a sus manos (que evitó las gestiones regulares de su ministerio), aunque supone que alguien lo presionó con fulminantes mensajes de urgencia.
• Di Tella pudo no haber leído los cables del embajador Ossorio Arana, pero su departamento jurídico olvidó también incluirlos en el informe a la Procuración General, cuando Menem ordenó el envío allí de todos los papeles referidos al tráfico. Esta omisión es el aspecto más oscuro de la actuación de la cancillería y el asunto más difícil de explicar para Di Tella.
• Camilión fue el primero en aceptar que el diálogo con Paulik existió, aunque impreciso, y en contar que nunca pudo echar de Fabricaciones Militares a su entonces director, Luis Sarlenga, un empresario riojano por adopción. Pero lo que no tiene explicación es el aislamiento dentro del gobierno en el que se encontraba el entonces ministro de Defensa, antes de la crisis de las armas: ni la Cancillería ni el Ejército ni la Fuerza Aérea lo informaron sobre el intenso tráfico de cables y comunicaciones telefónicas entre diplomáticos y servicios de inteligencia, varios días antes de que él recibiera el llamado de Paulik.
• Nadie supone a Balza cobrando un peso por los contrabandos, pero especialistas del Ejército viajaron a Croacia para armar los cañones que se enviaron y un coronel en actividad estaba en Fabricaciones Militares. Este oficial quebró una vieja práctica del Ejército si no le informó a su comandante. Un envío de armas se hizo con pertrechos que salieron de unidades del Ejército, que fueron reunidas en una dependencia de Arsenales de esa fuerza; ahí mismo se realizó el despacho de aduana.

Están los otros implicados, de los que se habla menos y se sospecha más. Sarlenga, el ex director de Fabricaciones Militares, fue el que impulsó el decreto de venta de armas a Venezuela, país que luego desmintió que haya hecho esa compra.

Camilión lo quiso despedir a Sarlenga cuando fue nombrado ministro de Defensa, pero alguien con más fuerza que él se lo impidió. Uno de los secretos mejor guardados: Camilión nunca mencionó, ni ante los periodistas ni ante el juez, el nombre del funcionario que le reclamó no mover a Sarlenga de su lugar.

Emir Yoma operaba con la cuenta Daforel, donde se depositaron 400.000 dólares de la coima por este tráfico, aunque el ex cuñado presidencial atribuyó el hecho a una casualidad. La coima habría sido cobrada primero en negro en Buenos Aires y luego blanqueada a través de esa cuenta; sea quien fuere el que la cobró, después devolvió el premio inmerecido.

El ex ministro Erman González (quizás instado también por su voluntario coterráneo y amigo Sarlenga) fue quien firmó el decreto de venta de armas a un país sin ejército, Panamá, pertrechos que terminaron en Croacia, con un dato llamativo: él mismo, como ministro, suplantó al representante de su cartera en una comisión menor de funcionarios para aprobar esa venta.

Por otro lado, Fabricaciones Militares ha estado históricamente influida por militares; las armas son su profesión. No podría haber sólo civiles, sin algún sector de uniformados integrando la malla secreta del tráfico.

Cerca del final, Camilión está procesado, camino a un juicio oral y público; Di Tella corre el riesgo de llegar al mismo lugar, acusado de violación de los deberes de funcionario público o de omisión de denuncia, y Balza podría ser llamado a indagatoria por el juez Urso.

Los tres han gastado más tiempo del que pueden justificar en desconfiarse entre ellos y en proyectar sus muertes políticas. La urdimbre del delito está, en cambio, intacta, impune y sin soplonas grietas.

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