Un acuerdo sobre las retenciones

Eduardo Baistrocchi Para LA NACION
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8 de diciembre de 2009  

LONDRES

El nuevo Congreso de la Nación, que asumió el jueves, tendrá oportunidades de valor histórico. Una de las principales consiste en introducir creciente racionalidad en el sistema tributario nacional. Ello incluye precisar el crucial alcance de la competencia del Congreso y la competencia de la Presidencia de la Nación en materia de retenciones a las exportaciones.

Las tesis del oficialismo y la tesis de la oposición en esta materia parecen irreconciliables. El oficialismo sostiene que la Presidencia tiene, de hecho, competencia exclusiva para determinar las alícuotas de tales retenciones, pues es una cuestión sujeta a elementos variables imprevisibles. La oposición, en cambio, afirma que tal competencia es exclusiva del Congreso por imperio constitucional. Ahora bien, ¿puede la historia ofrecer una posición intermedia, que facilite un acuerdo de largo plazo entre el oficialismo y la oposición en un tema tan decisivo para el futuro de la República?

Dos puntos son claros en esta materia. Por un lado, es claro que la competencia para fijar derechos de exportación es exclusiva del Congreso. Esto surge de la letra de la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 1°). Esta competencia sólo puede ser delegada a la Presidencia mediante el procedimiento establecido en el artículo 76 de la Constitución, que la Corte Suprema ha precisado recientemente (precedente Colegio Público de 2008). Por otro lado, no es razonable que un tópico sujeto a elementos dinámicos –como las alícuotas de las retenciones a las exportaciones– deba siempre ser establecido por el justificadamente lento Congreso de la Nación.

La pregunta central aquí es, entonces, la siguiente: ¿cuál debería ser la línea divisoria entre la competencia del Congreso y la de la Presidencia de la Nación para determinar las alícuotas de las retenciones a las exportaciones, de modo que sea consistente con la mencionada doctrina constitucional de la Corte Suprema?

La historia ofrece una respuesta a esta pregunta. Esta línea divisoria debería ser la alícuota promedio aplicada al producto relevante (como por ejemplo el maíz) vigente entre 1853 y 1994. Esto es, desde el año en que entró en vigor la Constitución Nacional y el año en que fue incorporado el aludido artículo 76 (que fue votado por unanimidad en la Convención Constituyente de 1994). Es ilustrativo señalar que las retenciones a las exportaciones comenzaron a cobrar relevancia en la recaudación nacional desde la crisis que tuvo lugar entre 1890-1891.

El fundamento de esa línea divisoria es doble. Primero, ofrece un criterio preciso para determinar las competencias de ambos poderes del Estado en esta materia. Segundo, la historia muestra que esa carga impositiva promedio no impidió que la Argentina emergiera como un país de reputación internacional en la agroindustria. Es posible asentar en esa línea divisoria dos proposiciones jurídicas consistentes con la mencionada jurisprudencia de la Corte Suprema.

Primero, la Presidencia de la Nación debería estar habilitada para establecer libremente las alícuotas a las retenciones a las exportaciones que estime adecuadas, siempre que no superen la alícuota promedio vigente desde el año en que se impusieron por primera vez tales retenciones al producto de que se trate, hasta 1994. Segundo, esa clase de promedio histórico –al que la Corte ha dado relevancia constitucional en precedentes tales como Simón Mataldi de 1927– debería ser detallada por una ley del Congreso para cada producto relevante (tal como el maíz y la harina de soja).

Si la Presidencia deseara aplicar una alícuota superior al promedio histórico debería, claro está, ser discutido en el Congreso de la Nación. Pues, tal como afirmó la Corte Suprema en el precedente Banco de la Provincia de Buenos Aires de 1949, "[…] la facultad de establecer tributos es esencial e indispensable para la existencia del Gobierno, pero ese poder, cuando es ilimitado en cuanto a la elección de la materia imponible o a la cuantía, envuelve necesariamente la posibilidad de destruir lo que lleva en su entraña".

El Congreso podría establecer normas de transición para implementar gradualmente el aludido cambio sistémico de reglas de juego ordenado por el aludido artículo 76. Por ejemplo, este nuevo régimen en materia de retenciones podría ser gradualmente implementado durante la última parte de la administración Fernández de Kirchner y la primera parte de la administración que la suceda.

En suma, existe un punto intermedio entre las tesis del oficialismo y la tesis de la oposición en materia de retenciones a las exportaciones que es crucial para el futuro de la Argentina. Ese punto intermedio es consistente tanto con la doctrina constitucional de la Corte Suprema, como con las lecciones que nos da la historia. La historia, así, ofrece un punto de partida esperanzador. Brinda al Congreso Nacional la oportunidad de demostrar que se encuentra, al menos, tan preparado como los Congresos de países como Brasil y Chile para arribar a acuerdos estables que hagan visibles las reglas de juego centrales de la República.© La Nacion

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