Un año negro para la prensa libre

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23 de octubre de 2000  

En el curso del último año el periodismo americano sufrió sangrientas agresiones. Quince periodistas fueron asesinados por motivos vinculados con el ejercicio de su profesión y muchos otros padecieron secuestros e intimidaciones o debieron marchar al exilio. Los ataques provinieron de fuerzas paramilitares, grupos guerrilleros, bandas de traficantes de drogas y de personas, caciques locales y, en algunos países, de autoridades civiles y militares.

Así lo señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el documento que produjo al término de su 56a. asamblea general, efectuada recientemente en Santiago de Chile. A juicio de la entidad que agrupa a los órganos de prensa del continente, "éste ha sido un año negro para la libertad de prensa".

La violencia -advierte la SIP- se ha convertido en el método preferido de los grupos mencionados para silenciar al periodismo y evitar, así, sus críticas, sus opiniones, sus informaciones o sus investigaciones.

Un caso que se considera extremadamente grave es el de Colombia, donde dos periodistas fueron muertos violentamente, 17 fueron víctimas de actos de vandalismo, cinco debieron abandonar el país y cuatro fueron secuestrados. Curiosamente -o, mejor dicho, sarcásticamente-, existe hoy en ese país, como en otros, una tendencia legislativa a considerar que el periodismo constituye una amenaza o implica un "riesgo social", razón por la cual se lo pretende someter a normas regulatorias. Es inconcebible que no se reconozca lo mucho que los periodistas colombianos han aportado a la búsqueda de la verdad y a la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la violencia social.

Otro país en el que la persecución a la prensa ha arreciado es México, donde tres periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses. Existen indicios de que a uno de ellos le depositaron diez kilos de marihuana en su vehículo con el evidente fin de ocultar los verdaderos motivos de su muerte.

En Cuba, entretanto, continúa la misma línea dura de control sobre la prensa y sigue practicándose el arresto y la expulsión de los corresponsales extranjeros. Los reporteros cubanos siguen sufriendo hostigamiento, encarcelamiento, requisa de correspondencia y prohibición de salir del país.

La tendencia a sancionar leyes de prensa permanece vigente en el hemisferio, con los peligros y las consecuencias que ello implica. El lamentable antecedente de la constitución de Venezuela de 1999, que estableció que "toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial", parece haber inspirado un afán reglamentarista que pretende conducir a la imposición de normas que decidirían sobre la oportunidad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.

Juntamente con su documento final, la SIP emitió dos resoluciones que atañen de manera directa a la Argentina. Por una de ellas se denuncian las agresiones que está sufriendo el diario El Liberal, de Santiago del Estero, y se solicita al presidente Fernando de la Rúa que se investigue el hostigamiento a ese periódico. La SIP se dirigió también al gobernador Carlos Juárez para pedirle la pronta normalización de la libertad de prensa y al Poder Judicial santiagueño para reclamarle que se respeten las garantías constitucionales y se proteja el derecho a la información.

Como informó con amplitud La Nación en su edición de ayer, ElLiberal está siendo acosado por una catarata de juicios y embargos -impulsados por la rama femenina del PartidoJusticialista- que ponen en grave riesgo la estabilidad económica de esta tradicional empresa periodística.

La otra resolución de la SIP referida a nuestro país consiste en un pedido al presidente argentino para que se acelere la sanción del decreto que deberá disponer la desregulación del sistema de distribución de diarios y revistas en la Argentina.

La asamblea general de la SIP -a la que asistieron tres presidentes: Ricardo Lagos, de Chile, Jorge Batlle, del Uruguay, y Fernando de la Rúa, de la Argentina- culminó con una enérgica invocación a la necesidad de defender y preservar la libertad de prensa y el derecho a la información diversificada en toda la extensión del continente americano.

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