Un Congreso tan caro como ineficiente

Dos senadores provinciales de Mendoza desataron una controversia al presentar un proyecto que obligaría a los legisladores locales a presentarse en las sesiones y las reuniones de comisiones, al tiempo que los castigaría con un descuento en sus dietas por las inasistencias que registren.

Se trata, por cierto, de una feliz iniciativa, en tanto que equipara a los legisladores con cualquier trabajador en relación de dependencia que, al ausentarse de sus tareas sin justificación alguna, suele ver reducido su haber mensual. Pretender que los diputados y senadores estén al margen de las obligaciones con las que debe cumplir el grueso de los demás ciudadanos implica sostener un privilegio irritante con dinero de los contribuyentes.

La iniciativa, presentada por los senadores mendocinos Daniela García (UCR) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), propicia que la no concurrencia a las reuniones de comisiones legislativas en dos ocasiones consecutivas, sin justificación, haga pasible al legislador de una baja en su dieta en un importe equivalente al 3 por ciento. En sus fundamentos, el proyecto señala que, más allá de lo eficaz o eficiente que sea un legislador, "si se ausenta en los recintos y en las comisiones, no cumple con su tarea representativa en los mecanismos de negociación que propone nuestra versión republicana de representación".

En efecto, la presencia de un legislador es esencial para encauzar la solución de conflictos en los que, permanentemente, deben entender, en tanto representantes de la ciudadanía.

Sería bueno que esta iniciativa fuera llevada al plano nacional, donde el Senado y la Cámara de Diputados se caracterizan por un elevado nivel de inasistencia, pese a las altas dietas que perciben nuestros representantes.

Ya demasiado soporta la ciudadanía con un Poder Legislativo que durante largos períodos permanece inactivo como consecuencia de las largas campañas preelectorales y que, salvo contadas excepciones en las que es convocado a sesiones extraordinarias, está cerrado durante enero, febrero y la mayor parte de diciembre.

El costo de nuestro Congreso de la Nación es muy elevado por donde se lo mire. En la Argentina, por ejemplo, hay 257 diputados nacionales para una población de alrededor de 44 millones de habitantes; esto implica un diputado por cada 171.000 habitantes. En los Estados Unidos, la Cámara de Representantes alberga a 435 legisladores, lo cual implica una relación de un representante por cada 742.500 habitantes, teniendo en cuenta que el país del Norte tiene una población de 323 millones de personas.

Fuera de esta proporción, que puede ser atribuida a un artículo de nuestra Constitución de 1853 (el 45), que debió haber sido modificado oportunamente, nuestro Poder Legislativo exhibe otras inconsistencias. Por caso, el Senado nacional cuenta con un presupuesto para este año de unos 5297 millones de pesos, algo menor que el de la Cámara de Diputados, que es de unos 5550 millones. Se desprende de estos datos que el costo anual por cada uno de los 72 senadores es de casi 74 millones de pesos. En la Cámara baja, el costo por año de cada uno de los 257 diputados asciende a 22 millones de pesos.

La cantidad de empleados del Congreso sigue resultando absolutamente desproporcionada. Pese a que, tras asumir la presidencia del Senado, Gabriela Michetti anunció que daría de baja 2035 designaciones hechas en la Cámara alta por su antecesor, Amado Boudou, el Poder Legislativo Nacional alberga a 683 empleados más que un año atrás, según un estudio del Centro para la Apertura y el Desarrollo para América Latina (Cadal) sobre la base de los presupuestos nacionales de los dos últimos años. El Poder Legislativo tiene 15.931 personas, según el presupuesto 2017, contra 15.248 en 2016. El Senado sólo posee 241 personas menos -pese a las más de 2000 bajas anunciadas por la vicepresidenta-, mientras la Cámara de Diputados aumentó en 369 sus empleados. La Biblioteca del Congreso creció en un año en 117 trabajadores, la cada vez menos necesaria Imprenta los amplió en 64 y la Defensoría del Pueblo, a pesar de carecer de titular, los subió en 170, de acuerdo con el informe.

Si tomamos la información de la página web del Senado, ésta da cuenta de la existencia de 3182 empleados de planta permanente y 1856 de planta transitoria, lo que arroja un total de 5038 trabajadores, dando un promedio de 70 empleados por cada senador. En palabras del economista Roberto Cachanosky, podría decirse que cada legislador de la Cámara alta equivale a una pyme. Y este número no incluye a las más de 2100 personas que, supuestamente, se desempeñan regularmente en la Biblioteca y en la Imprenta del Congreso.

Estos números son un claro indicador del enorme costo y la ineficiencia de un poder del Estado que alguna vez debería ser rediseñado, no sólo para reducir el monstruoso gasto público y el déficit fiscal, sino también para que nuestras instituciones recobren prestigio y dejen de ser vistas como una máquina dirigida a generar negocios e intercambios de favores en beneficio de la clase política.