Un fallo sanciona a los piqueteros

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8 de mayo de 2003  

Hace algunos días el juez federal de Salta, Abel Cornejo, decretó el procesamiento y la prisión preventiva de cuatro piqueteros de General Mosconi y Tartagal por considerarlos "prima facie" responsables de los delitos reiterados y sistemáticos de interrupción de los servicios públicos, consumados a raíz de la ocupación de la ruta nacional 34, en las adyacencias de ambas ciudades norteñas.

En efecto, según constancias acreditadas en la causa, el 5 de marzo pasado un grupo de 50 a 60 personas -aparentemente ex trabajadores de la empresa YPF-, con el apoyo de adherentes a la llamada Corriente Clasista y Combativa, interrumpió el tránsito en la referida ruta nacional, agresión que se prolongó durante diez días. De acuerdo con la resolución del juez Cornejo, esos actos delictivos resultaron atentatorios no sólo contra derechos consagrados por la Constitución y contra la vida democrática sino también contra el orden público y la tranquilidad social.

Los cortes de ruta implican un atropello inaceptable, pues coartan arbitrariamente expresos derechos de los ciudadanos, tales como el de transitar libremente por el territorio argentino, el de trabajar y ejercer toda industria lícita, el de usar y disponer libremente de la propiedad y el de asociarse con fines útiles, todos ellos consagrados por el artículo 14 de la Constitucional Nacional.

Con su ocupación de espacios, los piqueteros impidieron el normal desarrollo del transporte de vehículos particulares y de la prestación de servicios públicos de transporte terrestre. No tomaron en cuenta que el libre funcionamiento de esos servicios esenciales constituye una garantía de preservación de la seguridad común. Aún cuando se funden en justos reclamos reclamos sociales, las ocupaciones de rutas atentan contra la seguridad individual y colectiva y, en muchos casos, contra elementales principios de solidaridad social. En diferentes oportunidades nos referimos en esta columna editorial a la grave responsabilidad que asumen los grupos que cierran prepotentemente una vía de comunicación, en la medida en que impiden el paso a vehículos necesarios para la prestación de servicios fundamentales para la comunidad, como puede ser el caso de una ambulancia o de una unidad de transporte de bomberos o de policías. No hace mucho nos hicimos eco, justamente, de un caso que tuvo una derivación trágica: una ambulancia no pudo llegar a destino por un corte de ruta y el precio de esa irresponsabilidad fue la pérdida de una vida humana.

La estrategia de cortar calles y rutas de manera sistemática supone una violencia intrínseca, que ocasiona severos perjuicios económicos a la sociedad en los múltiples sectores que resultan afectados directamente por sus operativos. El bloqueo de las rutas suele encarecer los costos de las mercaderías en tránsito y someten a la población a toda clase de perturbaciones.

Cualquier ciudadano ha podido observar que a veces una decena de personas, la mayoría de ellas con sus rostros cubiertos y armadas con palos y otros objetos contundentes, impide la circulación de vehículos ante la permisividad de las autoridades, con absoluto menosprecio hacia el derecho de las personas de dirigirse a sus lugares de trabajos o de regresar a sus hogares. A muchos se les crea la imposibilidad de cumplir con importantes compromisos -laborales o de otra índole- o se les impone la obligación de someterse a penosas demoras.

La metodología de la protesta violenta y el reclamo a través de la fuerza se han ido instalando en el país. Se está consolidando un sistema en el que se gobierna a través de los piquetes, que en muchos casos conducen a la imposición de un inadmisible peaje extorsivo. Los cortes de rutas desdibujan normas elementales de la democracia y ponen en riesgo al necesario equilibrio que debe existir entre el ejercicio del derecho propio y el respeto por el derecho de los otros.

La preservación de una convivencia pacífica y serena debe ser un objetivo primordial de toda la ciudadanía. El deber de las autoridades es garantizar el respeto a la ley y evitar provocaciones, abusos y atropellos de imprevisibles consecuencias. El fallo del juez Abel Cornejo es un buen ejemplo de lo que se puede hacer por los cauces institucionales para poner a la sociedad a resguardo de esos agraviantes abusos.

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