Un golpe a la confianza

Por Alicia Josefina Stratta Para LA NACION
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14 de diciembre de 2001  

EL gobierno nacional explica que la crisis económica general desatada tiene como causa la "falta de confianza" que muestra la comunidad en general. Es una manera elíptica de echar culpas, y manifestación implícita de que, si se "confiara" en las medidas que toman las autoridades, los problemas o no existirían o tendrían solución.

La confianza implica previsibilidad. No hay toma de decisión ni elaboraración posible de planes de futuro si se advierte que en el transcurso del tiempo las bases pueden ser variadas por quienes establecen las reglas. La continua modificación de las normas, que afecta las relaciones jurídicas constituidas, es la causa primigenia de la inseguridad, porque destruye cualquier previsión económica. La desconfianza actual está fundada indudablemente en la imprevisibilidad, ingrediente constitutivo del riesgo país.

Los gobernantes ponen parches que, lejos de solucionar los problemas, agravan la crisis. El decreto 1570/01 es el claro ejemplo de un mayúsculo ensayo cuyos perjuicios recaen sobre toda la población, que ve expropiada la disponibilidad de sus depósitos y desconfía de que en el futuro le sea respetada la propiedad de sus capitales.

El popularmente denominado "plan freezer " ha llegado a un grado de intervencionismo que era casi inimaginable hace muy pocos días, tiene expresiones también en el Poder Legislativo.

Suspensión de ejecuciones

El 28 de noviembre, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley que declara la "emergencia social y productiva originada en la situación de crisis económica existente en el país". Tal declaración, innecesaria por ser pública y notoria la emergencia, va seguida de una serie de imperativos que también llevan a uno a preguntarse si lo que se intenta legislar tiene aptitud para deshacer el entuerto o, una vez más, para agravarlo.

El contenido del proyecto votado por los diputados es de difícil comprensión debido a su pobre factura técnica, por lo que, para desentrañar su contenido, es necesario recurrir a inferencias jurídicas y semánticas.

Luego de trabajosa lectura, se advierte que los diputados votaron una suspensión por un plazo, que no puede afirmarse a ciencia cierta si es de 180 días o de dos años, de los procedimientos de quiebra y concurso preventivo, de todos los procesos ejecutivos en general y ejecuciones especiales con garantía real, incluso las hipotecas que tienen un procedimiento especial de ejecución extrajudicial.

Dentro del impreciso plazo de suspensión ningún acreedor puede iniciar o continuar un juicio por cobro de un cheque o un pagaré; nadie puede hacer efectiva una sentencia que imponga a un comprador que no cumple pagar el precio a su vendedor; ningún deudor hipotecario puede ser ejecutado por su acreedor, por mencionar sólo los ejemplos de situaciones cotidianas más comunes.

Este tipo de legislación presupone que el deudor es débil y el acreedor es fuerte. Esta visión manifiestamente miope y teñida de demagogia del encadenamiento de las relaciones ignora la realidad de que el acreedor en una relación que lo legitima para exigir el pago, en la dinámica de la vida económica, será seguramente deudor respecto de otros a quienes debe cumplir el débito.

En esta situación, el desventurado acreedor de nuestro ejemplo podrá ser ejecutado por el fisco si no paga los impuestos, por sus alimentados si debe alimentos, por algún dependiente que tenga sentencia favorable a su pretensión, porque las ejecuciones de esta especie no están suspendidas, y no podrá pagar, porque no tendrá el dinero que tenía derecho a cobrar de sus deudores cuando éstos se amparen en la prórroga legal.

La estructura que le dan los diputados al proyecto que votaron constituirá seguramente una invitación a que los deudores se presenten en concurso, atento a que el trámite de estos procesos también se suspenderá si la norma llega a ser ley. En ese supuesto, los juzgados concursales se verán desbordados, mientras que otros, como las secretarías de los juzgados comerciales de la Capital, que se dedican a ejecuciones, tendrán descanso forzoso, porque no habrá juicios ejecutivos en trámite.

Los argentinos pierden con este género de estímulos la noción de que las deudas deben pagarse y que no pagar, es una situación vergonzosa, no una viveza. Igual actitud se observa en el ámbito colectivo cuando se preconiza el incumplimiento de las deudas contraídas por la República, como si ello fuera lícito. En muchos círculos se dice con naturalidad que "el país no puede sucumbir por pagar las deudas", sin atender a que el capital fue pedido y recibido. No se oye, en cambio, que los oráculos se opongan cuando ingresan las remesas que nos prestan.

Por el contrario, el Fondo Monetario Internacional es calificado de "muy duro" por negarse a prestar más dinero invocando que la Argentina es sistemáticamente incumplidora. Si a quien desconoce la palabra empeñada y viola el derecho de propiedad del acreedor le pasa inadvertido que está agrediendo la moral, y no recibe una sanción siquiera social, nuestro destino como país es una segura frustración.

A los políticos les resulta fácil distribuir los riesgos según su propia voluntad sin importar la ley vigente al contratar, desconocer el derecho de propiedad. Tales despropósitos, además de lesionar garantías individuales de base constitucional, acarrean un evidente perjuicio al bien general: el crédito se restringirá cada vez más, el dinero se retirará del circuito, la industria seguirá en disminución, el consumo será cada vez menor... Mientras tanto, no se advierte que haya ninguna suspensión en el pago de las dietas ni salarios de los funcionarios, tampoco que el Estado disminuya sus costos, y ni siquiera que, como contrapartida se escriba una ley respetando, por lo menos, la técnica jurídica. Pero nadie asume la responsabilidad por el aumento del riesgo país. La culpa la tienen los buitres.

La autora es abogada.

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