Un mal ejemplo que no debe repetirse

Natalio Botana
Natalio Botana LA NACION
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15 de mayo de 2003  

La permanente erosión de las instituciones de nuestra democracia ha cobrado nuevo impulso, como si la marea de una trama perversa nos golpeara una y otra vez.

Con la renuncia de Carlos Menem a participar en una segunda vuelta electoral prevista en una Constitución nacional que él mismo, con ánimo hegemónico, contribuyó a reformar en 1994, nuestra condición ciudadana ha sufrido una muy seria agresión: se nos ha sustraído, en efecto, el derecho esencial de elegir a los gobernantes.

Asistimos pues a la terminación de un liderazgo imbuido del espíritu de aventura, que pretendió cambiar el perfil social y económico del país, induciendo a amplios sectores a resignar valores morales en pos de una ilusoria eficacia.

Este ocaso hace evidente una grieta en el circuito ético de la democracia. Más que una ética de la victoria -fácil de entender en el alborozo de un triunfo electoral-, la democracia resguardada por la Constitución y las leyes exige a quienes intervienen en las elecciones la práctica fiel de una ética de la derrota.

Saber perder según las reglas previstas es tan importante como ganar de acuerdo con dichas normas.

En estas horas ha quedado muy claro que uno de los principales protagonistas políticos de las dos últimas décadas no quiere, pero sobre todo no sabe, perder.

Desde luego, la manipulación de las instituciones conduce inevitablemente a la manipulación de las palabras. A diario escuchamos un sinnúmero de desaguisados conceptuales. Hasta se ha llegado a decir, recurriendo a distinciones clásicas, que la legitimidad de origen, proveniente del apoyo electoral mayoritario, es menos significativa que la legitimidad de ejercicio de las autoridades elegidas.

Al fin de cuentas, aducen los propagandistas de esta teoría, la legitimidad de origen que tuvo De la Rúa en 1999 sucumbió en diciembre de 2001 por carecer de legitimidad de ejercicio. En sentido contrario, un presidente débil en cuanto a su legitimidad de origen, como Eduardo Duhalde, logró remontar la cuesta gracias a un decoroso ejercicio de la autoridad, especialmente en el terreno económico.

Estos argumentos encierran una falacia. Las legitimidades de origen y de ejercicio califican el inicio y la acción de un gobernante. No obstante ello, para que ambos atributos se materialicen (o dejen de hacerlo) es necesario el resorte de una legitimidad previa, inscripta en la Constitución nacional y en las leyes de sucesión de ella derivadas.

Son ellas -y sólo ellas- las que dan origen al título democrático del gobernante y habilitan el ejercicio de la autoridad.

Aun cuando el Código Electoral contemple la posibilidad de que una fórmula no se presente en la segunda vuelta -proclamando de inmediato vencedora por ausencia de rivales a la fórmula restante-, el daño infligido a las leyes de sucesión es muy grande.

En gran medida esas leyes han quedado vacías, sin el contenido que el pueblo soberano les infunde. No sólo se les ha faltado el respeto; también se las ha despreciado. Este es el resultado final de un desapego a las formas legales que se viene arrastrando desde principios del año pasado.

Mediante una seguidilla de golpes institucionales, los hechos fueron a contramano de lo que las leyes prescribían. ¿Cómo se entiende que, como culminación de un proceso plagado de zancadillas, las elecciones del 27 de abril concluyeran transformándose en una contienda entre justicialistas?

El pleito entre Menem y Duhalde tiñó el período en el cual capeamos el impacto de la crisis. Sobrevivimos, sí, pero al precio de que el litigio peronista invadiese el país entero. No es la primera vez que acontece; esperemos que sea la última.

Juego de tahúres

Nadie, entre los grandes líderes justicialistas es, pues, inocente. Por eso, hay momentos en que esa batalla por el poder remeda un juego de tahúres (recuerdo al pasar, porque las trampas han estado a la orden del día, que un tahúr es un jugador fullero). ¿Quienes entonces han ganado provisionalmente la partida? A primera vista Duhalde y Kirchner, aunque debilitados por no contar, ambos, con el respaldo popular medido según los votos depositados en las urnas.

Tendrán entonces que negociar, fraguar consensos para asegurar la gobernabilidad, y no caer en la trampa de lo que en varios trabajos he llamado "el control de la sucesión".

Para que este fenómeno se produzca es preciso que el presidente que concluye su mandato pueda regresar a desempeñar esas funciones mediando el intervalo de un período.

Este principio, establecido por la Constitución nacional, fue el punto de partida de una larga secuencia en cuyo decurso los presidentes salientes buscaron asegurar su preeminencia controlando a su sucesor

Este, por su parte, lejos de comportarse con docilidad, solía emprender el camino opuesto y culminaba provocando -si el ex presidente insistía en su pretensión- inesperados conflictos. El control de la sucesión evoca, pues, una lengua de ofidio: se bifurca entre el presidente elector y el presidente elegido para morder en el nervio más sensible del orden político, en su fundamental estabilidad.

Tradición negativa

Podemos observar la presencia de este estilo político en diversos regímenes, desde la república restrictiva del siglo XIX hasta llegar a la democracia participante de la actualidad.

Sería deseable que estas maniobras no se repitiesen y que Kirchner y Duhalde se libraran de las ataduras de esta negativa tradición. Son tan débiles estas instituciones pisoteadas por la prepotencia que en el día de ayer, mientras Menem entre tejemanejes mantenía en vilo al país, las organizaciones piqueteras proseguían desenvolviendo su estrategia de confrontación.

Cuando se abren estos vacíos alguien siempre buscará llenarlos.

¿Sería mucho pedir que el sistema político establecido forjara un pacto de responsabilidad para afrontar la difícil época que se avecina? Desde hace un tiempo nuestras ciudades han visto crecer en sus calles y plazas la silueta de la indigencia material. Esos rostros de ojos sin brillo son legión.

Pero hay otra indigencia deletérea que rodea a la arrogancia de los poderosos, se adhiere a quienes creen estar por encima de la cosa pública y se cuela a través de la indiferencia de muchos compatriotas.

Es la indigencia institucional, el mal invisible de los argentinos que cuesta entender. De aquí, de este suelo minado, habrá que levantar cabeza.

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