Un mito de peligrosas implicancias

Diversos sectores comenzaron últimamente a promover la legalización de las drogas como forma de dar cuenta del narcotráfico en la Argentina, en la presunción de que ésta reducirá la violencia narco, permitirá recaudar impuestos y excluirá a las redes criminales del negocio, entre otros beneficios potenciales.

Más allá de estas proyecciones, resulta llamativo que se deje fuera del análisis el daño que las drogas generan sobre el consumidor y su entorno social, lo que justifica su prohibición y no resuelve la legalización. Entonces, sin evidencia seria que la respalde, la aparente solución de la legalización se está convirtiendo en un mito de peligrosas implicancias para la sociedad argentina.

Considerando que el uso de sustancias psicoactivas por una fracción de la población fue, es y será recurrente, la pregunta clave es: ¿bajo qué modelo -prohibicionista o legalizador- es esperable que el consumo de drogas genere menos daño en la sociedad?

Este daño está dado por la interacción de tres términos: la prevalencia (cantidad de consumidores); la intensidad (cantidad de dosis usadas por cada consumidor), y la nocividad (calidad y propiedades de la droga). Con la legalización es dable esperar que se pueda controlar la nocividad de la droga que se autoriza a producir, aunque se ha demostrado que, en el caso de la heroína, mejorar la calidad no reduce las muertes por sobredosis. Al mismo tiempo, existe evidencia que permite suponer que la intensidad o cantidad de dosis per cápita crecerá significativamente con la legalización. Y respecto a la prevalencia o cantidad de consumidores, dependerá mucho de las regulaciones que se establezcan en este nuevo mercado y de la capacidad del Estado para hacerlas cumplir. Entonces, el resultado neto sobre el daño conduce a ser escépticos, antes que optimistas, respecto a la legalización.

Más aún, la legalización implica reemplazar la prohibición lisa y llana por un complejo sistema de regulaciones y nuevas prohibiciones que implicarán un nuevo mercado negro. En Colorado -el primer estado de los Estados Unidos en legalizar la marihuana- se establecieron cuotas de producción y licencias de venta al mejor estilo soviético, de modo de controlar su precio: ni demasiado bajo, para evitar expandir el consumo; ni demasiado alto, para evitar expandir el mercado negro. A pesar de los esfuerzos, el gobierno estima que el mercado negro sigue abasteciendo a más del 40% de la demanda, dado que vende a mitad del precio que el mercado legal.

Esto conlleva una consecuencia soslayada por los abogados de la legalización. Al encarecer el precio con impuestos para contrarrestar el aumento del consumo, sólo los consumidores de ingresos medios y altos acceden a la droga legalizada y de calidad, al tiempo que se condena a los adictos de los sectores populares a recurrir al mercado negro, más barato y con droga más nociva. Resulta paradójico que muchos "progresistas" se preocupen por el usuario de Palermo y olviden al adicto de villa La Cárcova.

Además, el precio puede llegar a influir sobre los usuarios ocasionales y los frecuentes, pero no sobre los adictos, que representan aproximadamente un 20% de la totalidad de consumidores, pero generan el 70% de la cantidad demandada. Éstos tienen, en términos económicos, una demanda inelástica.

El mercado legal de drogas estará vedado también a los menores, que son una gruesa porción de los consumidores. Entonces, desde el momento en que el mercado legal no abastecerá a la totalidad de la demanda, el mercado negro seguirá existiendo y será igual o más nocivo y violento para los sectores vulnerables, como los pobres, los menores o los adictos, ante el silencio del "progresismo".

La política hacia las drogas requiere un profundo debate en la Argentina, pero hacerlo sin información confiable y sobre la base de prejuicios, teorías desconectadas de la realidad e ideologismos de distinto signo puede agravar el problema, antes que mitigarlo. Y el problema de la droga es demasiado serio como para no ser serios.

El autor es politólogo. Fue ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Diego P. Gorgal