La Rioja: poner límites al caudillismo

En reiteradas oportunidades hemos expresado desde estas columnas nuestra férrea oposición a las reelecciones indefinidas que tienen lugar en varias provincias y que alimentan un antidemocrático feudalismo. Lo sucedido recientemente en La Rioja adquiere una dramática gravedad institucional.

El gobierno provincial convocó a una consulta popular inconstitucional para permitir su también inconstitucional habilitación al actual mandatario para competir por su re-reelección. El plebiscito que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió no detener fue simplemente ilegal. La Constitución de La Rioja contempla un mecanismo de enmienda que fue violado, tanto por la Cámara de Diputados provincial como por el propio gobernador Sergio Casas, que va detrás de un tercer mandato.

La Constitución riojana establece que, si una mayoría calificada sanciona una enmienda constitucional, "ella solo quedará incorporada al texto constitucional si fuere ratificada por consulta popular, que tendrá lugar en oportunidad de la primera elección general que se realice". Se impone así que si la Legislatura aprobara una reforma; ella debe ser ratificada en un referéndum convocado en la siguiente elección general. Para satisfacer las ambiciones del gobernador, la clara disposición constitucional fue ignorada y se instrumentó un proceso ilegítimo que, en la práctica, además, no fue ratificado por el 35% de los votantes, como también exige la Constitución provincial.

A pesar de que el gobierno provincial recurrió a todos los artilugios posibles para ganar el plebiscito ilegal que aprobara una re-reelección, prohibida por la Constitución provincial, la ciudadanía riojana ha expresado su oposición mediante el recurso de la abstención; solo un 43% de los votantes participó de la consulta.

Debe recordarse que en tiempos del gobernador Carlos Menen se llegó a la reelección indefinida. Para superar ese escándalo, una reforma constitucional incorporó la prohibición. Ahora se procura volver a una situación escandalosa, característica de una cultura caudillesca y retrógrada, opuesta a los valores democráticos.

La Rioja, junto con Santiago del Estero y Formosa, han sido calificadas por la ONG Transparencia Electoral como las tres provincias de menor calidad democrática del país. Son distritos en los que las prebendas, la falta de libertad de prensa y las dificultades para fiscalizar los comicios por parte de la oposición son moneda corriente y en los que la pobreza es la base de sustentación del poder, pues los cuantiosos fondos federales, que desde hace tiempo reciben y sin los cuales no podrían pagar ni un mes de los sueldos de sus frondosas burocracias, solo benefician a los allegados a los caciques gobernantes. No son volcados para promover el desarrollo provincial.

Formosa, con su reelección indefinida; Santiago del Estero, con el gobierno alternado de un matrimonio, y la Rioja con este intento ilegal, dan cuenta de un Poder Judicial provincial inepto al que se suma, como si fuera poco, la concesión que los gobiernos nacionales les han hecho, de nombrar jueces federales faltos de independencia, tal como acaba de suceder en Santiago del Estero con la designación de Sebastián Argibay.

Desgraciadamente, la mayoría de la Corte Suprema, integrada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, no detuvo el desatino y resolvió abstenerse de intervenir. Sostuvo que, hasta que no se conociera el resultado del plebiscito no había un perjuicio concreto que justificara su intervención. El fallo de nuestro Supremo Tribunal intenta justificar lo injustificable. Resulta francamente incomprensible que una acción contraria a la Constitución, que involucra cuantiosos recursos públicos para una consulta popular inválida que convoca, además, a la población a expresar su opinión al margen de los procesos establecidos por la Constitución local carezca de consecuencias. Según el criterio de la Corte, la situación sobre la que debió decidir era "abstracta".

Una vez más, en soledad, Carlos Rosenkrantz expresó su opinión en disidencia, apegándose sanamente a lo previsto por las constituciones nacional y provincial. Su posición sobre la necesidad de detener el inconstitucional referéndum no captó la adhesión de la mayoría de sus colegas.

La grave situación afecta el sabio principio republicano que insta a poner límite a la permanencia en el poder de los gobernantes, por lo que deberá ser tratada nuevamente por la Corte Suprema. No es menor que el 75% de los riojanos, entre quienes se abstuvieron y quienes votaron por el no se opusiera firmemente a las tropelías caudillescas, indignas de la provincia natal de Joaquín V. González, ilustre jurista y literato que, habiendo también sido su gobernador, defendió y explicó los valores de la Constitución.