Un plan se necesita

El nuevo gobierno de transición asume la conducción del país heredando una profunda crisis económica, social y política. Dos problemas acuciantes condicionan la formulación de política económica en los próximos meses: en primer lugar, la Argentina ha perdido todas las fuentes de crédito voluntarias, tanto internas como externas, en segundo término, el cuadro de situación del sistema financiero es "complicadísimo" ya que se ha destruido la confianza de los ahorristas.

Frente a estas restricciones, los primeros lineamientos económicos indican que uno de los instrumentos más relevantes para enfrentar la crisis es la introducción de una tercera moneda no convertible. Sin crédito y con una recaudación languideciendo mes a mes, el sector público -tanto nacional como provincial- no posee recursos ni siquiera para enfrentar las necesidades más básicas, tales como salarios y jubilaciones. Sucesivos desaciertos e improvisación en materia económica, -en lo fiscal, cambiario y monetario- a lo largo del presente año secaron de recursos a la economía, ya que se fugaron unos 20.000 millones de dólares.

En este contexto se ha decidido monetizar la economía ya que el circulante en poder del público ha disminuido más del 30% en los últimos doce meses. Se trata pues, de una fuente de crédito interno cuasicompulsiva ya que se emite dinero contra el deteriorado respaldo del sector público.

Por este motivo, para que la calidad de la nueva moneda no se degrade, perjudicando fundamentalmente a los acreedores primarios de la misma, que serán empleados públicos, jubilados, proveedores del Estado y contratistas, resulta imperioso que se constituya en un instrumento transitorio que actúe como paliativo temporal hasta que el sector público consolidado pueda equilibrar -gradualmente y aliviando el costo social- sus ingresos y gastos.

Emisión acotada

Asimismo, la emisión de dinero, tanto primaria como secundaria, deberá ser acotada (en monto), decreciente y de amplio uso en todo el territorio. Para controlar la expansión de dinero bancario (vía el multiplicador), el encaje sobre los depósitos efectuados con el nuevo signo monetario deberá ser muy elevado.

En los últimos veinte días, unos 7600 millones de dólares salieron de plazo fijo y se alojaron en segmentos a la vista (ahorro y cuenta corriente), para quedar próximos a la puerta de salida del sistema. El vuelo a la calidad, por el cual algunas entidades percibidas como más débiles pierden depósitos que favorecen a las consideradas más sólidas, se ha estado sofocando inyectando liquidez con pases y redescuentos del Banco Central. Sin embargo, las espaldas de la autoridad monetaria han menguado, ya que se perdieron cuantiosas reservas. El respaldo de la convertibilidad bajó del 100% a fines de noviembre hasta el 84% actual. De aquí en más será el propio sistema financiero, a través del recientemente creado Fondo de Liquidez Bancaria, el que tendrá que reciclar fondos desde las instituciones que ganan liquidez hacia las que pierden, sin la ayuda de emergencia del Banco Central.

Dada la debilidad en la posición de reservas hemos caído de manera muy confusa en un nuevo "corralito cambiario". En el futuro la administración de las reservas deberá ser muy prudente, con una estricta política de caja, que permita liberar gradualmente divisas en la medida en que se calcen con flujos positivos producto de la liquidación de exportaciones.

Política fiscal

Un nuevo enfoque que aborde la crisis económica y social no debe perder de vista la precondición de una política fiscal austera. Avanzar con un programa económico que introduce una tercera moneda no convertible y profundiza las restricciones cambiarias y financieras sólo tiene sentido si el Gobierno utiliza este instrumento como un paliativo para la búsqueda de equilibrio fiscal. Ninguna alquimia monetaria -ya sea una nueva moneda no convertible o devaluación lisa y llana del peso-, corregirá los problemas estructurales de nuestro país.

El verdadero desafío del nuevo gobierno radica en recuperar la confianza y abrir las ventanas del crédito voluntario, para que exista financiamiento genuino que sostenga la expansión del consumo e inversión. Para ello se requiere bajar significativamente el riesgo fiscal y financiero. En el primer caso resulta propicia la búsqueda del equilibrio fiscal -creíble y sustentable-, mediante una ley convenio entre Nación y provincias, que consagre la existencia de un fondo anticíclico y el gasto público constante hasta que dicho fondo supere determinado monto de recursos. Por supuesto que también hay que asegurar la emisión de deuda cero, sin nuevos bonos o cuasimonedas.

Paralelamente el nuevo gobierno debería aglutinar mucho poder político para encarar una serie de reformas estructurales que aporten plafond para un crecimiento económico sustentable a mediano y largo plazo, a saber: I) Reforma gerencial del Estado, II) Reforma impositiva, que reduzca, simplifique y descentralice la recaudación de impuestos, III) Reforma estructural con eficientización del gasto social, IV) Nueva política comercial internacional, basada en una estrategia de negociación simultánea con el Mercosur, la Unión Europea y el Nafta, que derive en ventajas para la colocación de nuestros productos en el mundo.

Con avances concretos tanto en el frente fiscal como en el ámbito de las reformas estructurales planteadas, se puede recomponer nuevamente la liquidez del sistema financiero, mediante el aporte de fondos contingentes de la banca extranjera que desee seguir trabajando en la Argentina. Solo de esta forma comenzaría a recuperarse la confianza, tan necesaria para lograr la apertura del cepo sobre los depósitos y divisas del sistema financiero, que tanto está afectando a la población.

• El próximo domingo: el columnista invitado será Miguel Angel Broda