Un privilegio que todos pagaríamos

Por Fernando Caeiro Para LA NACION
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30 de mayo de 2003  

A través de la presentación en la Legislatura de dos proyectos de ley impulsados por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se promueve la creación de una caja de jubilaciones y otra de prestaciones sociales obligatorias para todos los profesionales aquí matriculados.

Esto, que se presenta como un viejo anhelo de un sector de los abogados, en realidad traería aparejados serios inconvenientes a todos los vecinos. A saber: encarecimiento y retracción del acceso a la justicia, privilegio corporativo que pagarían todos, desfinanciamiento del sistema previsional actual y creación de nuevas estructuras burocráticas.

En primer término, entiendo que la Legislatura carece de competencia para crear una caja de seguridad social, atento a lo indicado en el artículo 125, segundo párrafo, de la Constitución Nacional, y en el artículo 44 de la Constitución local. Ellos impiden la creación de nuevas cajas.

El Colegio en su presentación no ofreció argumentos de peso para demostrar la constitucionalidad de lo que se busca sancionar.

Los aportes obligatorios y compulsivos que realizarían todos aquellos que intervienen en la administración de justicia serán soportados por todos los vecinos de la ciudad. Los abogados, para cubrir sus aportes, querrán cobrar mayores honorarios y la comunidad en general, desalentada, buscará dirimir sus conflictos fuera del ámbito que corresponde. A su vez, la conclusión de las causas se vería demorada por las intrincadas comunicaciones que deberían cursarse a los distintos organismos.

La nueva caja de seguridad social, presentada como un anhelo y un logro para los abogados, en realidad sería solventada y creada con el dinero de todos los contribuyentes. El proyecto presentado dice que el gobierno de la ciudad debe destinar los fondos necesarios para su puesta en funcionamiento y garantizar la titularidad de los fondos de la caja. Si así fuera sancionado, se privilegiaría a una corporación, poniendo en riesgo las arcas fiscales.

Falta de equidad

Se enuncia el principio de solidaridad como una de las bases de creación de esta caja. Pero si todos aquellos que hoy aportan al actual sistema de reparto y capitalización lo dejan de lado y pasan a tributar al nuevo sistema, lo concreto es que se desfinanciaría el sistema previsional general y se limitaría el concepto de solidaridad a los abogados en detrimento del resto de la comunidad. Si a la actual crisis previsional le sumamos esta nueva manera de vaciar el sistema, sólo contribuiríamos a crear mayor injusticia y falta de equidad.

Por otra parte, los proyectos destinan un tres por ciento en el caso de jubilaciones y un ocho por ciento en el caso de las prestaciones sociales para solventar los gastos de administración. Esto se destina a crear nuevos organismos burocráticos que sólo ayudarían a anquilosar los ya existentes, con la agravante de trabar más aún los expedientes jubilatorios de los abogados que aportan al actual sistema. Estas nuevas estructuras no aseguran eficiencia. Por el contrario, sólo incrementarían los pesados y engorrosos entramados administrativos.

Por último, para conocer el real interés del conjunto de los abogados de la ciudad respecto de la concreción de estos proyectos y saber si ellos responden a sus inquietudes, sería prudente que, antes del tratamiento legislativo, se convocase a esos profesionales para conocer su parecer sobre esta cuestión.

El autor es legislador de la ciudad de Buenos Aires.

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