Explotación del juego bonaerense: hacia una mayor transparencia. Un proyecto con fines claros

Después de siete años de atravesar por distintos matices de ilegalidad, el juego electrónico en la provincia de Buenos Aires parece ubicarse frente a la posibilidad de transparentarse y de ser una fuente de ingresos útil para la sociedad, aplicados a la acción social y el control de ludopatías, y a la vez proveedora de por lo menos 5000 puestos de trabajo.

Luego de muchos vaivenes entre el Ejecutivo bonaerense y la Legislatura, el diputado provincial Juan Pedro Tunessi (UCR-Bahía Blanca) acaba de presentar un proyecto de ley que propone regular definitivamente la actividad que desde hace siete años se mantiene, con distintos matices, en una situación irregular.

Mientras que en el nivel nacional el Poder Ejecutivo acaba de sufrir un severo revés a partir la decisión judicial que declaró la nulidad del decreto presidencial que autorizaba la instalación de máquinas tragamonedas en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires tiene la opción de legitimar la actividad a través de una ley de regulación del juego.

Hasta mediados del año último, el juego electrónico en la provincia acumuló desde violaciones a la Constitución bonaerense hasta controles de ganancias contratados al mismo proveedor del software de las máquinas tragamonedas. Estos hechos motivaron la creación de una comisión especial investigadora, justamente presidida por Tunessi, que en 1999 produjo un informe lapidario contra el entonces titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), Jorge Omar Rossi, que tuvo que renunciar.

El proyecto de ley propone controlar en tiempo real y con programas de computación homologados internacionalmente el funcionamiento de las máquinas tragamonedas que funcionan en las 40 salas de bingo que están diseminados por los distintos municipios de la provincia. De esta manera, señala el texto en los fundamentos, se controlaría la eventual evasión al fisco de entre 110 y 120 millones.

"Estoy de acuerdo con la mayoría de las propuestas que contiene este proyecto, porque de hecho las medidas administrativas que veníamos tomando van en el mismo sentido", dijo el titular del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC), Gustavo Costa.

En este sentido, aseguró que su organismo ya tiene listo un sistema de control en línea y en tiempo real de las máquinas de juego electrónico, que fue elaborado por técnicos de IPLyC y cuya homologación será transferida a organismos dependientes de las universidades. "Estamos probándolo en algunas salas y para fin de este año o principio del año que viene podrá estar en funcionamiento en todos los bingos", aseguró Costa.

El funcionario, eso sí, se mostró sorprendido por la propuesta de salvamento para la actividad hípica, que atraviesa una crisis aguda. La iniciativa establece que los bingos deberán aportar, durante un año, una "contribución solidaria mensual de 150 pesos por cada puesto de juego". Esto significaría una inyección de 750.000 pesos mensuales a la actividad turfística, de la que directa o indirectamente dependen 170.000 personas.

"Esto no estaba en mis cálculos, pero me parece una buena iniciativa, aunque habrá que ver la forma en que se implementa, ya que el proyecto no lo contempla", dijo Costa, que ratificó el respaldo del IPLyC a este proyecto.

Uno de los artículos más importantes es el que establece que el concesionario o tercer contratante de una sala de juego electrónico tendrá que tomar a un empleado por cada puesto de juego. En razón de que hay máquinas que tienen hasta 12 puestos de juego, la aprobación de este artículo significaría la creación de aproximadamente 5000 puestos de trabajo para una sociedad que clama por empleo.

Además, la norma prevé que se destine el uno por ciento de las ganancias totales de los bingos, estimadas en 400 millones al año, a implementar "sistemas de prevención, tratamiento y mitigación de las consecuencias de la ludopatía (juego compulsivo), dinero que sería administrado por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones".

En la práctica, el artículo 26 del proyecto propone medidas que van desde el control de identidad para acceder a las salas de juego hasta la denegación del ingreso por pedido del propio jugador compulsivo o de sus familiares directos.

En el aspecto técnico, la iniciativa de Tunessi establece que el promedio de premios de las máquinas de juego, lo que en la jerga se denomina "win", no puede ser inferior al 80 por ciento de lo que se apueste. Del saldo, propone que un 33 por ciento quede para el Estado y el resto para el concesionario, que siempre debe ser una entidad de bien público.

Como en la prática la realidad es que la explotación del bingo la realiza una empresa que contrata con la entidad de bien público, la iniciativa establece que ese tercer contratante deberá reconocerle a la entidad concesionaria por lo menos el 3 por ciento del beneficio económico de la actividad.

Como telón de fondo de toda esta actividad, por otra parte está el hecho de que el artículo 37 de la Constitución bonaerense veda la posibilidad de privatizar la banca. Según la interpretación que propone Tunessi "no debe admitirse que la actividad de las máquinas concesionadas pueda considerarse juego bancado, en el que la "banca" (Estado) pueda sufrir riesgos de pérdidas. Por el contrario -agrega-, debe establecerse que los juegos explotados por terceros deberán ser poceados, de resultados programados o probabilísticos, a juicio de la autoridad de aplicación, pero en ningún caso el erario provincial debe verse sometido al azar de la recaudación para abonar los eventuales premios".

En definitiva, luego de varios años de irregularidades, que LA NACION reflejó en sucesivos artículos, las partes parecen haberse puesto de acuerdo en transparentar una actividad que nació irregular y que estuvo sospechada de alimentar circuitos oscuros de la política. Tal vez se esté ante la posibilidad cierta de mejorar.

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