Una administración pública para el siglo XXI

Ivana Merlo Rodríguez
Ivana Merlo Rodríguez PARA LA NACION
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15 de febrero de 2014  

a multiplicación de actores sociales, el papel de los medios de comunicación, el pasaje de lo colectivo a lo conectivo de nuestras sociedades han puesto y ponen sobre la mesa la necesidad de nuevos liderazgos y de nuevos procesos de toma de decisiones que van más allá de la idea de democracia representativa clásica, y más aún si de lo que se trata es de dar respuestas efectivas a los problemas sociales actuales.

La democracia no es tan sólo la imagen de un sistema electoral competitivo, sino que es también la extensión e intensidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas tendientes a resolver efectivamente los problemas de las sociedades.

En el siglo XXI, el espacio político y social se ha visto transformado, principalmente, por tres fenómenos: la crisis de representación, la inseguridad social y la inseguridad civil. En este marco, el centro de gravedad de la vida política ha sido modificado y sólo las sociedades con un alto nivel de confianza social podrán crear organizaciones flexibles y de gran escala, necesarias para competir exitosamente en la economía global emergente.

Por ello, lo que se requiere hoy es la intersectorialidad, la asociación público-privada, la generación de alianzas basadas en el reconocimiento del otro como potencial socio y no como potencial enemigo, es decir, un proceso en donde el Estado aparezca como coordinador y la sociedad aparezca comprometida, crítica y activa frente a los asuntos públicos.

Ahora bien, ante esto surgen dos interrogantes clave: ¿es posible ejercer ese derecho de participación en la vida pública si no se tiene garantizado un mínimo de condiciones económicas y sociales? ¿Es posible dar respuestas efectivas a los problemas sociales actuales con gobiernos cuyas administraciones públicas presentan características del siglo pasado?

Ante el primer interrogante, la igualdad social es una condición necesaria para el ejercicio efectivo de la ciudadanía y es la democracia la que debe ocuparse de la exclusión y la desigualdad, porque de lo contrario se reconocen derechos que no se pueden ejercer ("conciencia de ciudadanía") dentro del mismo sistema capitalista-democrático que los reconoce; y así el ciudadano gobernado opaca o veda al ciudadano autónomo.

En la última década, América latina ha iniciado un proceso tendiente a dar batalla activa a la desigualdad en la región. Sin embargo, seguimos siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Y la Argentina, en particular, ha dado respuesta a la lucha contra la desigualdad, pero a partir de herramientas de gestión pública manchadas por lógicas patrimonialistas y clientelares. Si los recursos que favorecen la participación ciudadana se encuentran desigualmente distribuidos, la intensidad de la participación también será desigual y sólo se generarán medidas que maquillan realidades, pero no las modifican.

Ante la segunda cuestión, las administraciones públicas argentinas padecen de buropatología, es decir, procesos incompletos de instalación del modelo burocrático (mérito como criterio de ingreso y ascenso, diferenciación entre patrimonio público y privado, ausencia de la arbitrariedad al momento de otorgar beneficios, la función pública como profesión, etcétera), y en este marco, la modernización de nuestras administraciones ya no aparece como una elección, sino como una necesidad; porque no tendrán éxito aquellos gobiernos con administraciones públicas del siglo pasado intentando resolver problemas complejos de sociedades del siglo XXI. Las herramientas que están utilizando nuestros gobiernos no son acordes con la complejidad de las sociedades de un nuevo siglo y mientras factores patrimonialistas subsistan, seguirán promoviendo la corrupción, el nepotismo, la arbitrariedad en las estructuras de nuestros Estados y de sus políticas.

Si no se asume que llegó el momento de modernizar la administración pública, de modificar estructuralmente la manera en que se gestiona la cosa pública (evaluar resultados y no sólo controlar insumos, transparentar datos, ampliar la mesa de toma de decisiones, tratar los asuntos públicos con evidencia empírica y no sólo a partir del "sentido común") para generar inclusión, las agendas de problemas irresueltos de los gobiernos argentinos (federal, provinciales y locales) se irán incrementando cada vez más, porque las sociedades siguen avanzando y con ellas, sus problemas.

La solución no implica importar modelos desde otros centros de poder, sino más bien exige crear, pensar un modelo propio de administración pública del siglo XXI y, si los gobiernos actuales no asumen la necesidad de modernización vinculada a la inclusión, esto sólo será posible a partir de "infiltrados" en el interior de la burocracia, "emprendedores de políticas" y "héroes reformadores" que promuevan las reformas desde adentro con la complicidad de una ciudadanía crítica y activa. De lo contrario no nos saldremos del círculo de la queja y de la buropatología estatal.

La autora es politóloga, presidenta de Evalúa Argentina

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