Una aliada de la educación

La AUH (Asignación Universal por Hijo para la Protección Social) es, por su escala y cobertura, un cambio copernicano en las políticas sociales. Con 3.957.826 niños cubiertos a noviembre de 2016, su gestión plantea problemas novedosos, implica la intervención de múltiples actores y requiere un conjunto de reglas tanto para el ingreso y la permanencia de sus beneficiarios como para el acceso a la información para quienes deben definir políticas públicas y para la comunidad científica.

La AUH exige a las familias el cumplimiento de ciertas condiciones -controles de salud y asistencia educativa para los beneficiarios-, del que depende la continuidad del cobro. A menos que esta demanda se entienda como burocrática, estos requisitos demandarían que el organismo implementador, la Anses, se articule con los sistemas públicos educativos y de salud para la atención de estas poblaciones, más allá de la firma de la certificación en la libreta. Si esto no sucede, se interrumpe el pago. Y los suspendidos no son pocos: entre 2011 y 2014, hubo bajas por incumplimiento de educación que alcanzaron a 221.839 en el primer año y 665.632 en el último, según la Anses. Si no existe diálogo entre los prestadores, es difícil esperar que el cumplimiento de la condicionalidad implique el acceso a mejor salud y educación.

El "para qué" de los requisitos es controversial. Partiendo de que es bueno que los chicos vayan a la escuela y atiendan su salud -dado que son obligaciones y derechos-, los argumentos del programa señalan que favorece los procesos de inclusión social. Otros sostienen que fomenta el incremento del "capital humano" de las poblaciones pobres. Por último, algunos señalan que simplemente se utilizan para hacer potables ante la opinión pública esas transferencias monetarias; en fin, para atenuar la resistencia que provocan los "pobres no merecedores" que vivirían de los planes. En cualquier caso, sin coordinación intersectorial de las políticas, el programa queda reducido sólo a una transferencia de fondos.

Decíamos hace un año en LA NACION que la AUH debe convertirse en una aliada de la educación. Para ello, son fundamentales la voluntad política y la disponibilidad de información para, entre otras cosas, saber dónde y por qué se produjeron esas bajas y cómo se distribuyen los alumnos bajo programa en las escuelas. Esos que no cumplieron a dónde iban y por qué se fueron. Hoy, más allá de los números agregados, es poco lo que sabemos: ¿hay muchos chicos AUH en pocas escuelas o hay pocos chicos AUH en muchas escuelas?

Hacer pública esta información es crucial para pensar estrategias de mejoramiento de la oferta educativa en las instituciones escolares a las que concurren.

Hace un año, pedimos a la Anses información discriminada por institución escolar para distritos seleccionados para conocer el número de alumnos por escuela y el proceso de altas y bajas, con la hipótesis de que estos datos permitirían explorar el tratamiento que estos niños reciben e identificar claves para mejorar su atención. Las bases de datos permiten asociar el identificador escolar, código único de establecimiento (CUE) con los DNI de los alumnos perceptores, salvaguardando sus identidades. Un año después, sólo conseguimos información agregada a nivel de código postal. El argumento esgrimido es que el decreto de acceso a la información pública (1172/2003) no obliga a producir la información solicitada. Seguimos así sin poder responder nuestras preguntas.

Investigadoras en políticas sociales (la primera de la Universidad Pedagógica; la segunda, de Conicet/UBA)

María del Carmen Feijoó y Pilar Arcidiácono