Una ayuda perjudicial para Vaca Muerta

Al ser la explotación del yacimiento neuquino de Vaca Muerta una promesa mayor para nuestra economía, parece inentendible que el gobernador de Neuquén tenga que rogarle al presidente de la Nación que autorice determinadas solicitudes de inversión en ese proyecto. Tan extraño parece el pedido, como la falta de una respuesta afirmativa inmediata. Pero también los absurdos tienen una explicación.

Ocurre que un par de años atrás las estimaciones de los costos de extraer gas de Vaca Muerta indicaban valores superiores a los precios de mercado. Las tecnologías para perforar horizontalmente en las sólidas capas de esquisto (shale) estaban siendo aplicadas con muy poca experiencia local. La fractura hidráulica (fracking) generaba resistencias de ambientalistas y había dudas técnicas aún importantes. En marzo de 2017 el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, con la anuencia presidencial, dictó la resolución 46 por la que estableció los precios con que debía ser reconocido el gas de Vaca Muerta. Fijaba un precio de 7,50 dólares por millón de BTU para el año 2018; de 7 dólares para 2019; de 6,50 dólares para 2020 y de 6 dólares para 2021. El precio de partida superaba al de mercado, que era de 4 dólares, pero era aún algo menor del que se pagaba por la importación. Por lo tanto, parecía que no habría perjuicio para el país. Con esa medida se esperaba un fuerte impulso a la inversión y el despegue de la producción. No se le puso un límite al monto de los subsidios, pero era obvio que se iba a necesitar. El acuerdo con el FMI luego lo requirió. El monto incorporado al Presupuesto Nacional de 2018 fue de 28.700 millones de pesos. Aquí emergió el problema.

Acotado el monto global del subsidio, quedó limitada la producción. Cuando aquellos que entraron primero alcanzaron ese límite, no quedó margen de subsidio para otros nuevos inversores en Vaca Muerta. Aunque nada impide invertir para vender a precios de mercado, nadie lo haría si no obtiene el precio sostén oficial, ya que otros competidores lo logran. Operando están Tecpetrol y la Compañía General de Combustibles. En la puerta de entrada aguardan firmas de gran importancia como Shell, Pan American Energy y otros. Naturalmente estas presionan al Gobierno con el argumento de la equidad. La intención oficial pasa por reducir los precios comprometidos en la resolución 46 para dar espacio a otros inversores sin aumentar el monto presupuestario. Pero entonces incumple con un compromiso legalmente adoptado y se expone a reclamos. Además genera un grave antecedente frente a cualquier inversor y no solo ante los de Vaca Muerta.

El problema es similar al que históricamente se presentó con los regímenes de promoción industrial. Para evitar un drenaje presupuestario ilimitado, se le debía poner una cifra tope al subsidio. El resultado final era el de una limitación productiva, exactamente contrario al perseguido.

Con la construcción del ferrocarril para llevar la arena empleada en el fracking y con otras inversiones logísticas para el mercado interno y la exportación, Vaca Muerta podría hoy desarrollarse sin subsidios al precio del gas. Más allá de aprender la lección, el Gobierno deberá encontrar y negociar acuerdos que limiten los riesgos jurídicos y destraben las inversiones en un proyecto que apuntala las expectativas positivas sobre la recuperación de nuestra economía.