Una década de deserción jurídica

Para quienes nos sentimos parte integrante, activa, de la comunidad jurídica argentina, existen dos hechos en particular, propios de esta época, que nos resultan especialmente gravosos. El primero de ellos se refiere a la dimensión y los modos de la defección de tantos colegas. La pregunta es: ¿qué explica que tantos de nuestros pares hayan pasado a avalar, sin la menor autocrítica, lo que hasta hace poco ellos mismos repudiaban? La segunda cuestión tiene que ver con la extraordinaria contribución que hubiera significado –frente a dicho contexto de debacle legal– el proceder principista, hasta el final comprometido, de algunos operadores jurídicos, si se hubieran decidido a no negociar el contenido de sus decisiones con aquellos que debían ser reprendidos por éstas.

Sobre la primera cuestión –referida a los colegas que prefirieron no impartir justicia, sino negociarla–, conviene subrayar lo siguiente. La incomodidad que genera esa situación de defección generalizada no se relaciona, únicamente, con el hecho de que tantos pares actuaran de modo contrario al que muchos hubiéramos preferido. Se trata de que dichos colegas obraran de manera contraria a sus propias, enfáticas, prédicas de antaño. Me refiero, por citar algunos ejemplos, a colegas que –por convicción y decisión propias– supieron convertirse en adalides de las garantías procesales y máximos críticos de la violencia policial, pero terminaron poniendo su saber técnico al servicio de la rama más autoritaria y brutal del Ministerio de Seguridad, que representó en esta década todo aquello contra lo cual habían militado en otro momento (léase la discrecionalidad policial, la represión de la protesta, la mano dura contra los más débiles). Me refiero a fiscales que supieron tomar como orgullosa misión la de poner al poder político entre las cuerdas, en tiempos de Menem, y que luego utilizaron ese mismo ímpetu y esas mismas facultades persecutorias para asegurar la impunidad del poder (la impunidad de los millonarios de esta época), en tiempos de Kirchner. Me refiero a jueces que, en su momento, supieron conmovernos demostrando que actuar de otro modo –más ingenioso y audaz– era posible y que terminaron usando su creatividad y astucia para ayudar sin que se note a sus ocasionales aliados políticos, de corrupción demasiado saliente. Me refiero a activistas que decidieron, por sí solos, abrazar como constitutiva de su identidad la causa de la muerte de los jóvenes Kosteki y Santillán, para aparecer luego sirviendo a los principales responsables políticos de esas muertes (los mismos responsables que en aquel entonces insistieron en la idea de que los piqueteros "se matan entre ellos con el fin de perjudicar al Gobierno"). Me refiero a juristas que con fervor propiciaron condenas de por vida a "criminales de lesa humanidad" y que, poco después, se encargaron de sembrar dudas sobre las responsabilidades propias del ex jefe del Ejército, una figura que carga sobre sus espaldas imputaciones tan serias como las que habían hecho posibles aquellas primeras condenas. Me refiero también a abogados con convicciones que decidieron, ellos mismos, edificar su vida en torno a la lucha contra la persecución a los obreros y que terminaron conviviendo, justificando o buscando moderar las críticas contra lo planes de espionaje y seguimiento de sindicalistas y militantes opositores puestos en marcha desde la cúpula misma del Gobierno.

No se trata, simplemente, de colegas que no se comportaron de acuerdo con los ideales que uno hubiera favorecido, sino de individuos que terminaron deshonrando los principios que ellos mismos, vociferantes o altivos, habían proclamado. No se trata, tampoco, de abogados cercanos que no interpretaron el derecho como uno proponía interpretarlo. No: hablamos de colegas que manipularon argumentos jurídicos para servir a quienes debían ser blanco de sus embates. Y es que, más allá de los mil desacuerdos que nos separen en torno a los contenidos del derecho, ninguna persona de buena fe cree que la Procuración estaba autorizada a hacer muchas de las designaciones que hizo; o que el derecho permitía al Consejo de la Magistratura reemplazar jueces subrogantes del modo en que lo hizo; o que la ley de medios le reconocía a la Afsca el poder de aceptar muchas de las fusiones y compras que convalidó con impudicia; o que la publicidad oficial podía distribuirse bajo criterios de puro amiguismo; o que la legalidad del uso de la cadena nacional podía depender de lo que declarara al respecto la misma persona que abusaba de ella.

En casos como ésos, entre tantos otros, no quedamos enfrentados por un modo distinto de interpretar el derecho, sino separados por un modo diferente, decente o indigno de aplicarlo. Porque no es cierto que el derecho sea compatible con una interpretación o la contraria ("una biblioteca dice una cosa, pero otra biblioteca dice lo opuesto"). No: hay interpretaciones buenas de la ley, otras regulares y muchas otras absurdas, inconcebibles, que nadie que no quiera trampear el derecho puede reconocer como válidas. En estos tiempos, muchos de nuestros colegas han querido que considerásemos plausibles las que eran, en verdad, interpretaciones puramente disparatadas.

Reconociendo que lo que hacían era injustificable, algunos colegas defendieron su obrar alegando, ya no razones jurídicas, sino excusas políticas. Nos dijeron: "La corporación judicial" debe ser derrotada; "los del otro lado son peores"; "los que ocupaban ese cargo tampoco estaban bien designados"; "en este momento lo que importa es fortalecer el poder político frente al poder económico que lo ataca". Como resulta obvio, cualquiera de los males que tales emotivas frases denuncian puede ser reparado a través de medios realistas, cercanos y perfectamente acordes con versiones no inmorales del derecho. Nada impide, por caso, combatir a la "corporación judicial" por medios legales (concursos más transparentes; formas de acceso sencillo y sin costo a la Justicia, para los más pobres); como nada prohíbe reemplazar las malas designaciones vigentes por otras hechas conforme con la ley (concursos en los que se premie a los mejores candidatos, elegidos en acuerdos sin trampas, acuerdos que la oposición no rechazaría); como nada obsta a apoyar a un proyecto político, denunciando y ayudando a separar, a la vez, sus raíces infectas.

Lo dicho hasta aquí nos lleva a la segunda cuestión: cuanto mayor y más grave es la defección de tantos colegas, más crece la certeza de lo que pudo haber significado la presencia de alguno o algunos magistrados que se animaran a seguir una causa hasta el final, aunque ello afectara sus vínculos y amistades. No se trata del anhelo por una historia de héroes, sino de constatar que una construcción colectiva diferente requiere de algunos firmes, inclaudicables pasos que no se dieron, pasos que pudieron darse, pero que se evitaron cuidadosamente.

La masiva defección de tantos colegas de la comunidad jurídica (que, seguramente, no ha de ser muy diferente a la defección que se ha dado entre miembros de las comunidades de músicos, escritores, artistas o empresarios) llevó a que prevalecieran, en esta década, las prescripciones y los cierres de causas sin fundamentos; los "cajoneos" de casos y la demora de decisiones que involucraban a amigos y aliados; la entrega de fallos; los sobreseimientos sin razón; las decisiones basadas no en el derecho sino en el mero cálculo de conveniencias; la desestimación de pruebas obvias; la inacción frente a los hechos probados; la interposición de recursos y excepciones injustificadas para proteger a los más enriquecidos.

Lo ocurrido nos exige preguntarnos por las razones, para poder ir más allá del mero lamento. Posiblemente se haya tratado de una mezcla de elementos muy poderosa y común en el ámbito legal. Una combinación de motivaciones como lo son la ambición (el deseo de ascenso, de poder de influencia, de mayores ingresos), y el miedo, es decir, junto al temor de ser señalado, el pánico de perder los privilegios ya logrados, potenciadas estos años en sus extremos, por un lado, por los niveles de dinero derramados desde el poder, y por el otro, por los niveles y modos de la amenaza –vía inteligencia– a la que se recurrió en este tiempo.

También en el ámbito del derecho, lo que vamos dejando atrás es una larga década de desidia, complicidad y silencio.

Abogado constitucionalista