Una decisión incomprensible

Resulta francamente desalentadora y contradictoria la actitud de los senadores del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical que, al examinar el proyecto sobre prevención y represión del lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, se opusieron a que se incluyera un mecanismo de control para evitar que los partidos políticos utilicen fondos provenientes del narcotráfico o de otras actividades ilícitas.

Más aún, cuando fueron los propios legisladores -senadores y diputados-, sin distinción de banderías políticas, los que se pronunciaron duramente contra aquellos sectores a los que se les atribuyó pasividad, desinterés y obstruccionismo durante el trámite parlamentario del mencionado proyecto.

La propuesta de incluir un mecanismo de control sobre los fondos de los partidos políticos, elevada por el senador Del Piero (Frepaso-Capital), tenía como finalidad impedir, en primer lugar, que la actividad política pueda verse contaminada y condicionada por la presencia de dinero sucio y, en segundo término, que los partidos políticos pudieran ser utilizados como vehículos para incorporar flujos de fondos ilegítimos a la economía formal del país, circunstancia que ya se ha comprobado en otras latitudes.

A nadie puede escapar, tampoco a los legisladores, la posibilidad de que las organizaciones criminales, en sus intentos por lavar dinero, busquen incorporar sus ganancias ilícitas a través de aquellas actividades que presenten un mayor grado de vulnerabilidad y una menor resistencia a los controles, situación que se presenta en el caso del financiamiento de la actividad política cuando se carece de regulaciones adecuadas que la transparenten.

Los hechos han demostrado que las contribuciones a las agrupaciones partidarias suelen, por lo general, mantenerse en una discreta penumbra, cuando no en la más completa oscuridad. Es necesario, por eso, que se fijen precisiones concretas a los aportes económicos y se vele por el cumplimiento cabal de la exigencia de transparencia, control y publicidad, ya que como lo hemos manifestado otras veces desde esta misma columna, la falta de esos componentes puede dar lugar a prácticas indebidas y a compromisos de los poderes públicos que resultan inaceptables en un régimen republicano.

Transparentar las cuentas de las agrupaciones políticas es, ciertamente, una cuenta pendiente del país, que la incomprensible decisión de los senadores no contribuye de ningún modo a saldar.

Seguir negándonos a transparentar el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas constituye una clara invitación a que, en algún momento futuro, debamos lamentar el acceso al poder de candidatos financiados por el dinero proveniente del narcotráfico, como ocurrió en Colombia en el caso del ex presidente Ernesto Samper.