Una ley laboral que mira al pasado

La Argentina tiene una tarea ardua, difícil y exigente para salir de la crisis.

Una de las primeras necesidades es reconstruir todos los contratos que se rompieron, comenzando por el contrato social.

Esa es la tarea más importante que tenemos los argentinos responsables. No sólo los que están en el Gobierno, sino también los que habitamos el espacio de la alternativa y la oposición.

El empleo le da cuerpo y vida a nuestro concepto de ciudadanía. Por eso, el debate en torno de una ley laboral es estratégico para nuestro futuro como sociedad.

Hasta fines de la década del 80, la Argentina actuó sin prever, sin estudiar los cambios que se producían en la evolución del empleo y en sus modalidades, como si la era industrial ya hubiera delineado para siempre nuestra personalidad laboral. En nuestro contorno se derrumbaba el andamiaje montado alrededor de la gran empresa vertical.

Se cabalgó con la misma montura de tiempos anteriores: ley de contratos de trabajo, sistema laboralizado de asignaciones familiares, negociación colectiva centralizada, sindicato único por rama de la producción, salud centralizada con hegemonía sindical.

En los años 90, la mirada cambió, de golpe, a la otra banquina, sin anestesia. El cambio fue poco coherente y el trabajador sufrió el impacto del cambio radical.

El debate se dividió en campos irreductibles: la defensa del modelo cristalizado, duro, centralizado, y de su aparato sindical, por un lado, y la flexibilización implacable, que sembraba incertidumbre por doquier, por el otro.

En la defensa de cada posición no había inocencia; sí, muchos intereses corporativos. En este contexto, se produjo la peor combinación: mantenimiento del poder sindical a cambio de la precarizacion de los trabajadores.

El debate de fondo se postergó, y el empleo comenzó a encontrar cauces por afuera de la ley.

La falta de diálogo sincero, crítico, indagatorio de la realidad, nos impidió advertir que estábamos ante la presencia de un nuevo paradigma productivo.

Aunque no lo queramos ver, ese nuevo paradigma está entre nosotros. Ahora tenemos la oportunidad de hacer un debate sustancial, de fondo, y no quedarnos en la discusión de ocasión, que esconde la defensa de los intereses corporativos.

El camino es trabajar sobre un nuevo modelo de relaciones laborales que contenga lo nuevo y lo diverso. La persistencia en darle exclusiva preeminencia al trabajo industrial terminó por expulsar de la legalidad laboral, con las consecuencias sociales que ello genera, a millones de trabajadores que no reciben obra social ni están asegurados contra riesgos de trabajo, por la tozudez de los que quieren enmarcar en su pequeño esquema una realidad que se les escapa por todos lados.

El trabajador, y es bueno que lo entendamos, no responde más a la ecuación un hombre, una máquina. El Chaplin de Tiempos modernos ya casi no se encuentra por ningún lado, y tampoco gran parte de los conceptos que se organizaron a partir de aquel modelo productivo.

Esto nos obliga, con seriedad y madurez, a pensar en un nuevo paradigma, en el que la capacitación permanente es lo único que puede anticiparse a las transformaciones. Si no, inexorablemente, los cambios perjudicarán a los trabajadores. El capitalismo tecnológico revoluciona el mundo del trabajo. Si no lo vemos y no encaramos estos cambios, nos conformaremos con ser un país de producción primaria, y sólo podremos esperar que los precios de nuestros productos no se derrumben.

El nuevo paradigma laboral es la imbricación de la inteligencia, la creatividad y la educación. El concepto de lo productivo abarca toda forma de creación de riquezas. La innovación ya no es algo que se incorpora cada tanto: es la regla continua del desarrollo productivo.

Si las partes no están maduras para entender los cambios, o si privilegian sus intereses por sobre los del conjunto, son el Poder Ejecutivo y el Parlamento los que deben asumir la responsabilidad de ser depositarios del bien general.

Votar una ley que intenta situarnos nuevamente en la década del 60 y cuyo único objetivo es devolverles poder a las cúpulas burocratizadas de nuestro sindicalismo no sólo es de ignorantes, sino que, además, es sumamente reaccionario, porque desampara a millones de ciudadanos que ya no trabajarán en el viejo orden taylorista.

¿Qué traerá esta ley? Centralización en manos de pocos, restricción total de la autonomía de los sindicatos regionales, negociación colectiva uniforme, ultraactividad -es decir, freno a la negociación colectiva-, desaliento a la contratación por tiempo indeterminado. Las estructuras sindicales tienen que cambiar y no pretender que el mundo se adapte a su parálisis.

Este nuevo paradigma productivo requiere un nuevo modelo sindical. Una organización sindical que sea capaz de captar las ventajas de cada región y de defenderlas, que entienda las nuevas modalidades laborales, que sea abierta, con mucha participación y mucha democracia. El sindicalismo que debe quedar en el pasado es un sindicalismo centrado en la defensa corporativa, pero ajeno a la realidad laboral, un sindicalismo vertical que sólo reconoce al Estado como interlocutor y que pretende acomodar la realidad de todos los trabajadores a la realidad de pocas grandes empresas, sin establecer nuevos diálogos horizontales, nuevas formas de asociatividad, negado a negociar nuevos convenios, en defensa de la ultraactividad.

Así, el sindicalismo se queda con estructuras vacías que sostiene con sus convenios colectivos centralizados. Con el guiño de los empresarios, éstos le permiten cobrarles a todos los trabajadores cuotas compulsivas que no pueden obtener por la vía de la afiliación democrática a sus sindicatos.

Si en las décadas del 60 y del 70 la uniformidad era la regla, hoy la regla admite nuevos actores, de los que no da cuenta el convenio centralizado, que mide a todos por igual, en todo momento y en toda región. La realidad es otra. Por eso, entender la necesidad del acuerdo por empresa, por producto, por región se tiene que transformar en la práctica habitual.

José Luis Rodríguez Zapatero, candidato del Partido Socialista Obrero Español, propuso en su plataforma electoral "más autonomía, más descentralización sindical y un período de prueba más extenso para los contratos por tiempo indeterminado". Parece que nuestro Presidente, en lugar de inspirarse en los progresismos del mundo, abreva en la vieja y retrograda oligarquía sindical.