Unas metas muy exigentes

Por Eduardo L. Bonelli De la Redacción de LA NACION
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26 de agosto de 2001  

Entre los muchos cuestionamientos que suele recibir la acción del Fondo Monetario Internacional (FMI) en nuestro país, la más consistente no es esa en que incurren obstinadamente políticos que se consideran a sí mismos progresistas, sindicalistas enriquecidos y piqueteros a la moda sino muy probablemente una, sin duda más rigurosa, de sentido opuesto: durante más de cuatro décadas -dice la crítica-, el FMI ha financiado con pertinaz condescendencia los desbarajustes cometidos por los sucesivos gobiernos, todas las inconductas fiscales, monetarias, cambiarias y comerciales, haciendo posible una acumulación de desequilibrios perpetuados a través del tiempo, que hoy se refleja en el fuerte endeudamiento de una economía con claros signos de ineficiencia y limitada capacidad de crecimiento, sometida a desgastantes tensiones sociales y políticas.

Desde este punto de vista, que no debería ser desestimado, ha sido la recurrente asistencia de la institución lo que ha permitido a los distintos gobiernos zafarse una y otra vez de los problemas sin resolverlos, y alejarse del borde del abismo sin adoptar las decisiones de fondo que son postergadas a través de los años al costo de endeudarse más con un costo cada vez mayor. De otro modo, la ausencia de un flujo de crédito como el que la Argentina recibió en todos estos años habría obligado al país, hace ya mucho tiempo, a enderezar su economía, vigorizar sus instituciones y tratar seriamente de ganarse un lugar expectable en los mercados.

Así, el efecto pernicioso de la relación con el FMI no sería la adopción forzada de políticas recesivas -como se predica en las tribunas más ruidosas y airadas-, sino la percepción de los gobiernos de que pueden burlar sin consecuencias no ya los compromisos asumidos internacionalmente, sino las reglas elementales de la racionalidad económica y los datos más evidentes de la realidad; pues frente a cada precipicio, cada vez que todo pareció a punto de derrumbarse, allí estuvo el crédito del Fondo, bajo condiciones que rara vez cumplió el país, para permitir que subsistieran el desorden, el despilfarro, la ineficiencia.

Déficit cero

Esta vez, y aun pasando por encima del blindaje y del cuantioso canje de títulos públicos que reacomodó la deuda de corto y mediano plazo, fue tan alta la desconfianza en nuestro país, fue tanta la resistencia de los mercados a seguir volcando fondos en el sector público argentino, que la afluencia de financiamiento llegó a frenarse virtualmente por completo -con prescindencia del precio-, y el gobierno y la conducción económica lanzaron la idea del déficit cero: puesto que no tenemos crédito, viviremos con lo que tenemos.

Parecía que, por fin, y no por vocación sino por imperiosa exigencia de la realidad, el Estado argentino emprendería, sin otra posibilidad, el camino de la contención y la racionalidad en el gasto y la búsqueda de recursos propios para independizarse de las fuentes de financiamiento. Como nunca antes, quedaba a la vista, con nitidez absoluta, lo que es por demás obvio: que un financiamiento importante que se presenta un día ante la opinión pública como una gestión exitosa se convierte inexorablemente, andando el tiempo, en gravoso endeudamiento. Y esto es lo que ocurrió en nuestro país por más de cuarenta años, con el agravante de que el crédito no fue utilizado para obras generadoras de riqueza o bienestar, sino simplemente, muchísimas veces, para tapar agujeros en el presupuesto de un Estado dispendioso.

Pero cuando parecía echada la suerte, otra vez el Fondo vino a suavizar el esfuerzo que, sin la menor duda, tendrá que ser de todos modos de una enorme magnitud y sostenido con una constancia indeclinable. El nuevo aporte del Fondo Monetario viene cimentado más en consideraciones políticas, ciertamente, que en los merecimientos del país. La idea del déficit cero es fundamental en el esquema de política económica elaborado en el Gobierno y aceptado por el FMI, pero por el momento es eso, una idea, que para colmo concita fuertes resistencias internas, como se advierte todos los días, y agudiza la ostensible disputa por la asignación de recursos fiscales escasos.

Ha sido, en cambio, la determinación política de no dejar caer a la Argentina, que primó en los más elevados estratos de la dirigencia mundial, lo que al cabo de una larga negociación indujo al Fondo a cerrar el acuerdo conocido. El interés político de los gobiernos más poderosos del planeta, y de Washington en particular, no es, desde luego, filantrópico: surge de la necesidad de evitar el contagio del mal argentino hacia otras economías emergentes, y también de la opinión de empresas e instituciones financieras cuyas filiales e inversiones en nuestro país están padeciendo la situación como cualquier empresa doméstica y temen que el riego país termine por concretarse en default .

Condiciones

El acuerdo, como se ha dicho, no releva a la Argentina, en absoluto, de un durísimo esfuerzo de orden y austeridad; más bien, lo requiere y alienta. La extensa deliberación en Washington, a partir de la decisión de sostener a la Argentina, incluyó dos elementos novedosos con los cuales se apunta a remover dos impedimentos estructurales que obstruyen a mediano y largo plazo la recuperación de la economía argentina. Por una parte, el impulso a una renegociación de la abultada deuda; por la otra, la búsqueda de alguna forma de asociación comercial Estados Unidos-Mercosur.

La búsqueda de una nueva reestructuración de la deuda que sea voluntariamente aceptada por los acreedores toma en cuenta, sin duda, el hecho de que la sobrecarga de intereses desproporcionados durante los últimos tiempos ha producido deformaciones que imponen costos capaces de anular toda posibilidad de crecimiento a la economía argentina. La negociación que se avizora tiende, como en el Plan Brady, a reducir con garantías sólidas el riesgo país y bajar consecuentemente el peso de la atención de la deuda, que hoy insume, en números gruesos, una cuarta parte del gasto fiscal, lo que resulta insostenible.

Una nueva relación comercial entre los Estados Unidos y las naciones del Mercosur aparece, a primera vista, como una posibilidad de bajar las vallas proteccionistas que las normas de Washington oponen sistemáticamente a las exportaciones de esta parte del mundo y constituyen un lastre para la capacidad de crecimiento de nuestro país. Pero sería por lo menos prematuro juzgar que se trate del reconocimiento de un trato injusto.

En este caso, la negociación deberá sortear obstáculos y resquemores, como la suspicacia de que se pretenda un acuerdo Estados Unidos-Argentina por fuera del Mercosur, o las resistencias sectoriales de ambas partes, o las expectativas abiertas respecto del ALCA; sin omitir, es claro, los temores por la enorme presión que puede -y suele- ejercer el potencial socio.

Alguna eventual facilidad en el intercambio y un posible alivio en las cargas financieras pueden mejorar las perspectivas de la Argentina. Pero nada puede eximir al país de poner las cuentas fiscales en orden. Y cuanto antes, mejor.

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