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Unificación de códigos

Por José Gabriel Dumón Para La Nación
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29 de agosto de 2000  

EL 8 de julio de 1999 el Poder Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial que preparó una comisión honoraria integrada por notables juristas -los doctores Héctor Alegría, Atilio Alterini, Jorge Alterini, María Josefa Méndez Costa, Julio César Rivera y Horacio Roitman-, y que ingresó en la Cámara de Diputados como "Poder Ejecutivo-54-99".

Desde aquel decreto del presidente Marcelo T. de Alvear que dio motivo al anteproyecto de Bibiloni y al de 1936, pasando por el del año 1954 de Llambías, hasta los recientes, se cuentan más de setenta años de intentos de modernizar la legislación civil, primero, y civil y comercial, después. Pese al valor incuestionable de la obra de Vélez Sarsfield, vigente desde 1871, era evidente la desactualización de muchos de sus preceptos.

Entre los aspectos positivos del proyecto de 1999, se pueden destacar la preocupación por actualizar el tema, haber recurrido a juristas que habían trabajado en proyectos anteriores y haber recogido buena parte de las conclusiones de las iniciativas precedentes. Asimismo, la metodología -con una parte general, partes generales para cada institución, combinando con normas particularizadas- es sin duda un avance novedoso. No obstante, algunas de sus propuestas tienen diferencias con leyes sancionadas recientemente y, en otros casos, no toma en cuenta iniciativas impulsadas por legisladores, que quedaron pendientes de tratamiento a la espera de la oportunidad del debate sobre una reforma integral. Tampoco han sido consultadas las asociaciones de magistrados, colegios de profesionales e instituciones académicas.

En verdad, es una positiva iniciativa del Poder Ejecutivo anterior y un trabajo excelente de un notable grupo de juristas pero, claramente, no comprende la opinión de toda la comunidad jurídica. Es un punto de partida que debe ser tenido en cuenta para la tarea de modernización de nuestro derecho privado. Pero que debe ser continuado con la consulta, el estudio y la participación de toda la comunidad jurídica.

Jornadas de consulta

La intervención de todos los sectores, con la coordinación y armonización del Congreso, no sólo mejorará la formulación legal sino que permitirá alcanzar un imprescindible consenso. No es imaginable una reforma tan vasta e importante sin una aceptación generalizada. Por eso, el acierto en el método de tratamiento es imprescindible.

Si se repara en los antecedentes inmediatos, se advierte que la falta de consulta o de comunicación o de un trabajo conjunto dentro del Congreso y con respecto al Poder Ejecutivo han frustrado los diversos intentos.

Por este motivo, la Cámara de Diputados, a la que fue girado el actual proyecto, resolvió por unanimidad autorizar a la Comisión de Legislación General a integrar una comisión de miembros de las diversas expresiones políticas con facultades para crear subcomisiones, y el Senado adoptó un criterio similar. Ambas comisiones acordaron, además, con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, ponerse en contacto con las facultades de Derecho, Academia de Derecho , colegios de profesionales y de magistrados, para recibir opiniones y aportes sobre la iniciativa.

Así, se programaron jornadas de consultas con el apoyo de los ministerios de Justicia de las provincias y los colegios de abogados y escribanos, con especial invitación al Poder Judicial, en distintos puntos del país. Algunas ya se han realizado, con una enorme participación. en Mendoza, Comodoro Rivadavia, La Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, Las próximas serán el 1º de septiembre, en Formosa, y el 8, en La Rioja.

El camino emprendido por el Congreso y el Poder Ejecutivo es inédito: salir a buscar opiniones y aportes a lo largo y ancho del país. Sin discordias ni enfrentamientos partidarios, que suelen perturbar una reflexiva labor legislativa, con amplitud para escuchar y recibir opiniones, en una senda que debe conducir a un mejoramiento de nuestro derecho.

En rigor, el logro de un moderno Código Civil es un examen difícil pero ineludible que deberán aprobar nuestras instituciones en cumplimiento de su función.

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