Urnas opacas: las reglas de un juego desigual

Boletas impresas por los partidos, publicidad oficial con fines de campaña, diversidad de reglas en las provincias, alianzas partidarias confusas y cálculos desactualizados para designar legisladores: el sistema electoral argentino es, en muchos aspectos, poco transparente, favorece a los oficialismos en el poder y profundiza la brecha de calidad institucional entre la Nación y las provincias
Raquel San Martín
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13 de octubre de 2013  

La mayoría de los votantes entra en el cuarto oscuro con una decisión tomada. Pero lo que tienen mucho menos claro es el modo en que esa decisión estuvo orientada, está condicionada y será transformada por múltiples y a veces imperceptibles influencias. Así, y sin salirse un centímetro de la legalidad y la práctica democrática vigente, desde el diseño de las boletas hasta las veces en que se repitió un spot televisivo, desde la fecha de la elección hasta el modo en que se reparten los diputados según los votos obtenidos, desde quién organiza las elecciones hasta la diversidad de alianzas que presentan candidatos, son todos elementos que pueden achicar o expandir opciones, iluminar a un candidato y oscurecer a otros, o hacer que un voto valga igual o distinto según la provincia en que se emita.

Sin negar la saludable costumbre del voto en la Argentina -con una eficiencia de organización y escrutinio que en general se reconoce-, los comicios mantienen prácticas y condiciones que influyen para hacer el sistema poco transparente, dificultar la visibilidad de partidos pequeños o nuevos, beneficiar a los oficialismos y profundizar la brecha de calidad institucional entre la Nación y muchas provincias.

Por ejemplo, que las boletas deban ser impresas por los partidos y lleven a los candidatos a todos los cargos en un mismo papel; que los gobiernos usen la publicidad oficial para hacer campaña; que el cálculo para definir un diputado esté desactualizado con respecto a la población; que casi nadie sepa quién organiza las elecciones y pocos cómo se hace un escrutinio, y que los políticos se mezclen en alianzas ininteligibles para un votante medianamente informado.

En otras palabras, el hábito de votar convive muchas veces con cierta confusión que –aquí el peligro– puede desembocar en desconfianza desinformada. En efecto, según una encuesta realizada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) el 11 de agosto pasado, el día en que se realizaron las PASO, entre 2440 votantes en 53 mesas del conurbano bonaerense, la mayoría tiene opiniones positivas sobre la experiencia personal de votar (88%) y altos niveles de confianza en el secreto del voto (85%), pero mucho menos en cómo se cuentan los sufragios: muchos creen que es muy o algo frecuente que se roben boletas (casi 73%), se intente "comprar" un sufragio (casi 49%) o se usen documentos falsos para votar (41,3%).

"Hay un contraste entre la experiencia personal y la creencia de lo que ocurre en general", apunta el politólogo Marcelo Leiras, profesor de la Universidad de San Andrés e investigador principal de Cippec, uno de los autores del trabajo, junto con Julia Pomares y María Page. "La creencia de que alguna irregularidad existe tiene que ver seguramente con la difusión de algunos de estos hechos, que suele estar políticamente influida. Más conocimiento de cómo es el proceso, cómo se hace un escrutinio, se seleccionan y se entrenan las autoridades electorales puede no necesariamente reducir la desconfianza, pero sí darle bases más firmes", amplía Leiras.

"La legitimidad del sistema se pone en juego cuando hay resultados muy ajustados, de menos del 1%. Como las elecciones ejecutivas vienen teniendo diferencias grandes, no es para alarmarnos, pero habría que eliminar esa espuma de desconocimiento. Más en un país con la Argentina, donde mucha gente no sabe quién organiza las elecciones, lo que no pasa en otros países", completa Pomares, que dirige el Programa de Política y Gestión de Gobierno de Cippec.

Quizá esos márgenes de desconfianza expliquen otros resultados del mismo trabajo: el voto electrónico tiene el apoyo del 73% de los encuestados en el conurbano y la boleta única es evaluada favorablemente por 6 de cada 10. Justamente, el diseño de las boletas es uno de los ejemplos más repetidos de influencia en el voto. "Las boletas en Argentina obligan a votar por el mismo partido en todos los puestos y tienen que ser hechas por los partidos, lo que afecta a los más pequeños y con menos recursos. Por eso aquí es necesaria tanta maquinaria para cuidar papeles –afirma el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, asesor de estrategia de Pro–. En casi todos los países de América latina, al votante el Estado le provee una boleta con las medidas de seguridad de un billete cuando llega al cuarto oscuro, con todos los candidatos para cada cargo, y el ciudadano marca su elección."

Resultados parecidos se dan en la ciudad de Buenos Aires. Allí, un sondeo del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (Copub), realizado a fines de septiembre, mostró que casi siete de cada diez porteños tienen baja o nula confianza en el sistema de boletas en papel y el 58% preferiría el sistema de voto electrónico. "Un 68% tiene baja o nula confianza en el sistema electoral", asegura Orlando D’Adamo, experto en comunicación política y director del Copub.

Abiertos a las reformas

La encuesta de Cippec muestra otros resultados relevantes para dar por tierra con ciertos estereotipos, al menos mirados en el conurbano. Casi el 80% apoya el voto obligatorio y el 74% tiene una opinión positiva de las PASO, pero el apoyo desciende si se pregunta por el voto joven, que sólo tiene el visto bueno del 37%. "Hay diferencias en los niveles de apoyo para cada ítem y también hay diferencias para reglas reformadas por el gobierno kirchnerista. Creo que se puede contrastar el apoyo a las PASO y el rechazo al voto joven, porque el proceso de elaboración de cada uno fue distinto. Las PASO fueron parte de una reforma que se debatió ampliamente y fue más plural, mientras el voto joven salió muy rápido y con un clivaje partidario mayor", dice Leiras. "Es un público bastante abierto a las reformas, reflexivo en su opinión y con compromiso cívico. En el conurbano, el 90% de las autoridades de mesa se presentó el día de las PASO".

Para muchos, sin embargo, el problema no es sólo cómo se emite o se cuenta un voto, sino las condiciones de la competencia que precede al momento de votar, no siempre igualitarias sino, muchas veces, con la cancha francamente inclinada a favor de los partidos consolidados y los que gobiernan.

"Pasa en todo el mundo: hoy, la presión de ser democrático es muy grande y por eso las prácticas autoritarias tienden a hacerse más sutiles. Hay elecciones con muchos candidatos y partidos, libertad de expresión, no se alteran los resultados y se cuentan bien los votos, pero, antes de eso, los candidatos opositores no tienen cobertura mediática o tienen menos recursos de campaña", describe el politólogo Carlos Gervasoni, profesor investigador de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Un ejemplo repetido es el uso proselitista de la publicidad gubernamental, colocando candidatos en todos los cortes de cinta o pautando anuncios con obras en las provincias donde habrá elecciones en los cortes de Fútbol para Todos. "No hay una regulación específica que prohíba esto, sólo indica que no se pueden hacer inauguraciones 15 días antes de los comicios", señala Ramiro Álvarez Ugarte, abogado e integrante de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la institución que, a partir de un recurso de amparo colectivo, obtuvo hace dos meses un fallo de la Cámara Electoral en el que le recomienda al Congreso nacional revisar la regulación vigente en este punto.

La ley establece, además, que los partidos nacionales pueden acceder a segundos de publicidad, pagados por el Estado, en TV y radio. "Está bien que no se puedan comprar espacios, pero esta norma requiere ajustes. El 50% se reparte equitativamente entre todos, pero la otra mitad según los resultados de la última elección. Eso beneficia a quienes ya están instalados y dificulta el acceso a nuevas fuerzas", afirma Álvarez Ugarte.

Es, en principio, una norma que se aplica a los candidatos a cargos nacionales y que deja afuera a los partidos que llevan "lista corta", es decir, sólo candidatos a legisladores locales. Algunas provincias –como la de Buenos Aires– adhirieron a la ley nacional y salvaron esa excepción, pero no lo hizo la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada, una demanda de la candidata a legisladora porteña Graciela Ocaña, con el apoyo de otros partidos, llegó a la Cámara Electoral que, en audiencia de conciliación, estableció que los segundos disponibles ahora deben repartirse incluyendo también a los partidos locales.

Diversidad federal

Justamente, otro punto en contra de la transparencia en la Argentina es la diversidad de regulaciones electorales en las provincias: cada una tiene un protocolo distinto para hacer los escrutinios definitivos y hay disparidad en cómo funcionan los juzgados electorales. Tampoco está muy claro cómo se reparten funciones entre las distintas autoridades electorales y muchos cuestionan que la Dirección Nacional Electoral, encargada de la puesta en marcha de los comicios –de la campaña al escrutinio– sea una dependencia del Ministerio del Interior. "Aquí las elecciones las organiza el Gobierno. En México existe el Instituto Federal Electoral, un ente del Estado con tanta autonomía como la Corte Suprema y el Congreso, integrado por magistrados elegidos de acuerdo con los partidos, que garantiza la pureza del sufragio y tiene más peso que el Presidente en época electoral. Existen instituciones similares en casi todos los países de la región; en Brasil, desde 1933", apunta Durán Barba.

"Está pendiente debatir el diseño de la administración electoral, cómo se dividen funciones entre las distintas autoridades", dice Pomares. Hay diferencias entre provincias, pero también en niveles de votación –para legisladores nacionales, gobernadores, intendentes y concejales.

Lo que la mayoría de las provincia sí tienen en común son ventajas apreciables para los partidos en el gobierno. "Ha habido tendencia a reformas las leyes electorales provinciales, en general para sobrerrepresentar distritos favorables al oficialismo. Eso le quita peso electoral a la capital provincial y se lo pone al interior, lo que hace que existan legislaturas que tengan o hayan tenido un solo opositor, como Santa Cruz, La Rioja o San Luis", dice Gervasoni. "La tendencia de las elites a hacer regulaciones electorales que las benefician es lógica, pero en la Argentina tiene la particularidad de que se da más en cargos ejecutivos, como gobernadores e intendentes, lo cual afecta mucho más la calidad de la democracia".

El Congreso nacional tiene, sin embargo, sus propias e incómodas distorsiones. Por ejemplo, la sobrerrepresentación de las provincias chicas en ambas cámaras. Muchos cuestionan que el reparto de senadores se haga con dos por la mayoría y uno por la minoría, y proponen un reparto proporcional, pero con poca convicción: es un mandato constitucional que no parece en la lista de cuestiones a debatir. Pero no ocurre lo mismo en Diputados: allí se incumple con la actualización del cálculo de diputados según los censos que indica la Constitución y nuestro sistema de cálculo está regido por un decreto ley de Bignone, de 1983. Esto hace que el voto de un bonaerense termine teniendo menos peso que el de, por ejemplo, un riojano. "Hay diferencias apreciables entre la distribución de la población y de la representación. La distribución de los problemas sociales es muy distinta a la distribución de la voluntad de intervenir sobre esos problemas", grafica Leiras.

Y, si todo esto parece suficientemente enmarañado, resta mirar la oferta de candidatos disponible: una trama de alianzas y coaliciones bastante confusas, con postulantes que, una vez convertidos en legisladores, pueden fácilmente modificar las lealtades que sostenían en la campaña. Para cualquier votante, la información partidaria no es un atajo para tomar decisiones.

"Desde el 99 a hoy ha aumentado mucho la fragmentación electoral en la Argentina. Aumenta el número de gente que se queda afuera o que vota gente que no entra. Es gente que no tiene representación en el Parlamento y eso hace un sistema con menos capacidad de contención –alerta Leiras–. Por otra parte, las alianzas son muy poco transparentes en cada acto electoral y muy volátiles a lo largo del tiempo."

"Y hay mucha fragmentación al interior del Poder Legislativo, lo que hace aún mayor el problema para el votante. Eso está mostrando un problema más profundo: a quién representa cada legislador y cómo hacer para que haya cierta correspondencia entre lo que uno decide en la boleta y cómo eso funciona dentro del Congreso", dice Pomares, y señala un debate pendiente y urticante: "Habría que analizar en qué medida se puede acotar la libertad que tienen los partidos para hacer alianzas muy distintas por distritos y en distintos niveles de gobierno".

Pero, más allá de su voluntad de atraer y convencer, las campañas también son opacas en algunos puntos. "Las propuestas de campaña de perfil ejecutivo para cargos legislativos ayudan a la desorientación general y son generadoras, a posteriori, de fuertes desilusiones. Un diputado no puede terminar con la inflación ni con la inseguridad. Luego, esas promesas no se cumplen y la gente de siente estafada o no termina de entender la función de cada uno", dice D’Adamo.

Quienes analizan la cultura política argentina suelen anotar en el haber nuestro reconocimiento del voto como momento central de la democracia, casi como su sinónimo. Resta elevar todo lo que rodea a las urnas –de la campaña al cumplimiento de las promesas– a esa misma categoría.

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