Vicentin: ¿está confundida la gente?

El presidente Alberto Fernández calificó a quienes se sumaron a los recientes banderazos y las protestas callejeras contra el proyecto expropiador de la empresa cerealera Vicentin como "gente confundida". Se trata de una verdad a medias. Porque, por un lado, siempre el peronismo ha confundido a la sociedad con sus frecuentes vaivenes que no le permiten disimular su afán de poder hegemónico. Pero, por otro lado, a quien parece embargar hoy la confusión es al propio gobierno nacional, más que a la ciudadanía.

Innecesariamente, Fernández se ha metido en un berenjenal de problemas económicos, políticos y judiciales, tras una desacertada medida que lo involucró en una cuestión propia de la Justicia, sin que nadie alcance a comprender hasta hoy la verdadera razón que lo llevó a decidir la intervención de Vicentin.

Pese a los esfuerzos de los voceros oficiales por mimetizar a quienes salieron a la calle con simples manifestantes "anticuarentena" o con una suerte de "oligarquía rural", quienes se hicieron sentir el sábado último en distintos puntos del país fueron fundamentalmente genuinos representantes de la clase media que, detrás de su rechazo a la expropiación de una empresa agroexportadora, pusieron en evidencia un largo repertorio de temores, generados por las propias acciones del Gobierno.

Quienes protestaron por los intentos de violación de la propiedad privada expresaron también su disconformidad con los beneficios de detención domiciliaria para numerosos delincuentes comunes; con la vocación oficial por eclipsar las causas judiciales por los escándalos de corrupción de la era kirchnerista, y con los vergonzosos pedidos de Amado Boudou y Cristina Kirchner para seguir recibiendo elevadísimos haberes jubilatorios de privilegio , mientras se ajustan para abajo las jubilaciones ordinarias.

El banderazo no fue otra cosa que una manifestación de valores, de la que participaron probablemente no pocos votantes independientes de sectores medios que engrosaron el porcentaje de votos no cristinistas que sumó el actual jefe del Estado en las elecciones de octubre pasado.

Llevado por el núcleo duro del cristinismo, Alberto Fernández cometió un serio error de cálculo, en parte por falta de adecuada información y en parte por un atolondramiento que no debería exhibir un hombre con su experiencia política y que atravesó, en sus tiempos de jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, momentos críticos como la rebelión desatada en el año 2008 por la resolución 125 contra el campo.

Efectivamente, no hay otro responsable que el Presidente por haber confundido a la ciudadanía promoviendo una expropiación, poco después de haber tildado de "ideas locas" aquella propuesta de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos para que el Estado se quedara con acciones de las empresas a las que está ayudando en el medio de la cuarentena.

La confusión también se ha trasladado a no pocos empresarios y potenciales inversores, quienes han visto en la medida expropiatoria de Vicentin la posibilidad de que el Gobierno reaccione de igual manera frente a otras empresas en problemas. Y, desde luego, a los acreedores del Estado argentino, que aún no salen de su asombro al ver cómo una administración que se queja de que no hay dinero para pagarles por los próximos tres años está dispuesta a quedarse con una empresa con una deuda superior a los 1300 millones de dólares y en la que, de movida, habría que invertir no menos de 300 millones de dólares para ponerla en marcha, según los estudios efectuados por uno de los potenciales grupos que habían manifestado interés en adquirir Vicentin.

La por ahora frustrada decisión de intervenir esa compañía del norte de Santa Fe comenzó a hacer trizas el sueño de algunos dirigentes cercanos al Presidente de fundar un movimiento albertista, apoyado en los gobernadores provinciales, que diferenciara y le diera autonomía al jefe del Estado respecto del espacio liderado por Cristina Kirchner. Incluso el proyecto expropiador empezó a distanciar a Alberto Fernández de algunos de esos mandatarios, como el cordobés Juan Schiaretti y el propio gobernador santafesino, Omar Perotti.

El Presidente sumó otro problema político: el caso Vicentin ayudó a los dirigentes de Cambiemos a unirse detrás de una causa común, parecida a la hallada en 2008 frente al proyecto de retenciones móviles y que, un año después, le permitió a la oposición ganarle las elecciones legislativas al kirchnerismo en distritos clave como el bonaerense.

Los problemas judiciales, iniciados con un vendaval de críticas de expertos en derecho constitucional a la intervención de Vicentin y seguidos por la medida cautelar del juez Fabián Lorenzini , que repuso en funciones al directorio de la empresa y relegó a los interventores designados por el Gobierno a la categoría de simples veedores, terminaron de convencer al Presidente de volver sobre sus pasos y dejar, al menos por ahora, que los tiempos del caso Vicentin sean fijados por la Justicia y la gobernación de Santa Fe, y no dictados por un apresuramiento político que le ha resultado contraproducente.