Vientos purificadores sobre América Latina

RIO DE JANEIRO

La Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela? Las investigaciones de la brasileña Operación Lava Jato, que comenzaron en 2014 y tuvieron como eje el esquema de sobornos dentro de Petrobras, se expandieron a lo largo de América Latina a fines de 2016, cuando la compañía Odebrecht -pieza clave en la trama- reconoció ante las autoridades judiciales de Brasil, Estados Unidos y Suiza que había pagado jugosas coimas en una docena de países. Como legado positivo, el escándalo llevó a que en toda la región, en mayor o menor medida, haya aumentado la presión social y judicial contra la corrupción.

"El Brasil de hoy ya es otro; la América Latina de hoy es otra", dijo a la nacion el exprocurador general brasileño Rodrigo Janot, que, a la cabeza del Ministerio Público Federal desde 2013 y hasta septiembre pasado, supervisó el proceso judicial anticorrupción que sacudió a Brasil y sigue estremeciendo a la región.

Alejado de la Procuraduría General de la República, Janot pasa ahora sus días entre las clases que imparte en la Universidad de los Andes, en Bogotá, sobre técnicas de combate a la corrupción, y las conferencias que brinda en varios países para propagar el alcance de la Lava Jato en la región. Las lecciones de su experiencia en Brasil pueden ser resumidas en tres pilares fundamentales: un Ministerio Público y un Poder Judicial fuertes, autónomos e independientes; una prensa libre con capacidad de investigación, y una ciudadanía activa que exija que los funcionarios públicos rindan cuentas.

"Hay otro elemento importante sobre el que en Brasil todavía estamos aprendiendo y, al igual que los otros países latinoamericanos, también nos queda mucho por evolucionar: el cambio en nuestros sistemas políticos arcaicos, podridos, fallidos. Si no hay una reforma política profunda para que el sistema deje de favorecer la corrupción, seguiremos saltando de escándalo en escándalo cada tanto", advirtió al destacar la resistencia de la clase política -en el Poder Ejecutivo y en el Congreso- para garantizar la impunidad.

Así ha sucedido con recientes investigaciones que involucran a miembros de los actuales gobiernos de Brasil (Michel Temer), México (Enrique Peña Nieto), Colombia (Juan Manuel Santos) y Perú (Pedro Pablo Kuczynski). Pero los esfuerzos por blindar a los funcionarios acusados parecen ya tener un alto costo electoral: de cara a los próximos comicios presidenciales en Colombia (mayo), México (julio) y Brasil (octubre), los candidatos oficialistas no logran remontar en las encuestas.

"En México, aunque la sociedad civil está desarticulada y no ha sido contundente en su reclamo contra la corrupción, sí hay indignación por las denuncias de sobornos de Odebrecht y por cómo el gobierno ha evitado que se investiguen", señaló Salvador Camarena, director general de investigación periodística de la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, para quien el país sufre un proceso de involución en los órganos autónomos que deberían ser contrapeso de los poderes y velar por la transparencia. "El gobierno los controla mediante su política de cuates y cuotas, o directamente los deja vacíos, como sucede desde hace seis meses con la Procuraduría General de la República. La prensa no puede sola, debe haber investigaciones judiciales", subrayó.

Más allá de las particularidades de cada país, un aspecto esencial del renovado combate a la corrupción en América Latina también ha sido la cooperación judicial internacional, que antes solía quedar en mera retórica. Ahora, gracias a un marco global como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), que prevé procedimientos muy concretos de cooperación entre jueces y fiscales, las autoridades judiciales latinoamericanas pudieron compartir información sobre las prácticas irregulares de Odebrecht y otras constructoras brasileñas en el exterior, y sobre las cuentas bancarias en Suiza en las que se escondía el dinero de coimas y desvíos.

"No podemos cantar victoria aún, tenemos mucho camino por delante, pero es la primera vez en la historia de América Latina que hay tantos personajes de alto nivel político procesados, detenidos o condenados", apuntó el peruano Diego García-Sayán, relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores de su país, y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Para la región, eso es una suerte de revolución democrática y purificadora", añadió.