YPF, un año después

Hace un año parecía fácil. Si echaban a Repsol, todo se arreglaría rápidamente. La Presidenta de la Nación anunció el 16 de abril de 2012 la expropiación de YPF y horas después los ejecutivos de la empresa, españoles y argentinos, fueron desalojados de Puerto Madero como perros (con perdón por los perros). Diecisiete días después, el 3 de mayo, la Cámara de Diputados convirtió en ley por amplísima mayoría la confiscación de YPF, en un trámite acelerado que violó todos los pasos de nuestra ley de expropiaciones. "Un formalismo absolutamente menor ante la necesidad de garantizar la soberanía hidrocarburífera", sostenían entonces los defensores de la nueva gesta patria.

Un año después, las consecuencias están a la vista. Las importaciones de energía crecieron un 57% interanual durante el primer trimestre de este año. Si la tendencia continúa, pasarán de 9265 millones de dólares a 15.000 millones al año. ¿Alguien renunciará o dará explicaciones?

Como el Estado nunca tasó la compañía ni indemnizó a sus ex propietarios (de común acuerdo o en sede judicial, como establece la ley de expropiaciones), el 51% de las acciones de YPF sigue en manos de Repsol, que además inició demandas judiciales contra el Estado argentino ante diversos tribunales de Buenos Aires, Madrid, Nueva York y el CIADI (tribunal internacional de arbitraje). A raíz de esto, el nuevo CEO de YPF, Miguel Galuccio, no consigue inversiones, y nuestro país se ha convertido en un paria internacional sin acceso a los mercados de capitales mundiales.

La Presidenta desestimó el problema, y en su discurso al Congreso, el 1° de marzo, se jactó de este modo: "Lo que no le perdonan a la Argentina no es la expropiación de Aguas Argentinas o de YPF? ¡El problema es que no hemos vuelto a pedir prestado, que no hemos vuelto a ser negocio financiero! ¡Nos quieren volver a endeudar! Eso es lo que no nos perdonan y por eso nos quieren castigar".

Las grandes petroleras del mundo, que según los funcionarios del Gobierno iban a hacer cola para invertir miles de millones de dólares en Vaca Muerta y los apetitosos reservorios no convencionales de nuestra Patagonia, hasta ahora no concretaron ni una sola oferta. "Los petroleros invierten hasta en países con altísima corrupción y en guerra", aseveraban hace un año. Tan mal está nuestra pobre Argentina que acá no vienen, sólo se van, como la brasileña Petrobras y otras más.

Entre tanto, la producción nacional de gas y petróleo sigue cayendo, como en toda la década kirchnerista. En 2012, la producción de gas cayó otro 3,1%, y la de petróleo, 4,3%. A YPF no le fue mejor: su producción de gas cayó 2,6%. Y, aunque la de petróleo subió 2,2% interanual, si miramos las cifras con atención, veremos que en el primer semestre subió, pero a partir de agosto empezó a caer con una pronunciada baja del 8% en el último trimestre, tendencia negativa que se mantiene este año.

¿Será por eso que la Secretaría de Energía ha empezado a "retocar" las estadísticas de producción de petróleo de YPF, que ya no coinciden ni con sus datos anteriores ni con la información del balance de la propia compañía? En enero, la Secretaría informó que la producción de YPF cayó un 8% interanual en el último trimestre de 2012. Pero en marzo esos datos aparecieron modificados, con una baja de sólo 6 por ciento. ¿Estaremos a las puertas de un Indec petrolero para ocultar la verdad?

El 30 de agosto del año pasado, Miguel Galuccio presentó un plan quinquenal que requería una inversión total de 37.200 millones de dólares: 7440 millones por año. YPF aportaría anualmente 5200 millones de su propio flujo de caja, se endeudaría por otros 1300 millones, y socios privados aportarían para la exploración de no convencionales otros 900 millones.

En el PowerPoint parecía posible. Pero las utilidades de la compañía cayeron un 12,2% y apenas llegaron a 800 millones, lejos de los 5200 estimados. Los socios extranjeros no aparecieron; así que fueron los jubilados a través de la Anses los que aportaron entre el 50 y el 70% del financiamiento que consiguió YPF al emitir deuda.

Esto es lo opuesto de lo que ocurre en los países verdaderamente socialistas, como Noruega, donde Statoil, la petrolera estatal, financia al Estado y a los jubilados con sus utilidades. Acá ocurre al revés: en el capitalismo de amigos y "ladriprogresismo" argentino, término que en su momento acuñó Artemio López, los más pobres y vulnerables pagan la fiesta de gobernantes, funcionarios y empresarios ineptos, pero, eso sí, cada vez más ricos.

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