A diez años de la masacre de Avellaneda, sigue el reclamo de justicia

Hace 3653 días, Darío Santillán entraba a la estación de trenes de Avellaneda para auxiliar a Maximiliano Kosteki, un compañero del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) al que no conocía, pero con quien estaba participando del intento de corte del puente Pueyrredón junto a organizaciones sociales y movimientos piqueteros. Le reclamaban al gobierno del por entonces presidente Eduardo Duhalde mejoras laborales y programas alimenticios. La Argentina entraba en ebullición una vez más después de la caótica salida de Fernando De la Rúa, a fines de 2001.

Santillán no pudo hacer mucho. Kosteki agonizaba por el impacto de balas de plomo y al instante tres efectivos de la Policía Bonaerense, armas en mano, se aproximaron. Santillán recibió balazos en la espalda y cayó malherido a los pocos metros.

Hace 3653 días, los dos piqueteros eran arrastrados, sangrando, hasta afuera de la estación por los mismos policías que los habían atacado. El asesinato de Kosteki, de 25 años y militante hacía dos meses en el MTD-Guernica, y de Santillán, de 21 años y referente del MTD-Lanús, y el saldo de 33 heridos, pasaría a conocerse en la historia política argentina como la Masacre de Avellaneda.

Por el hecho, en 2006 fueron condenados a prisión perpetua el ex comisario Luis Fanchiotti y ex el cabo Alejandro Acosta, pero hace una semana se conoció que fueron trasladados a penales de regímenes abiertos. Siete efectivos más recibieron penas mínimas y ya fueron liberados. Sobre las responsabilidades políticas nunca se avanzó.

Desde hace 3653 días, los familiares de Kosteki y Santillán exigen "Cárcel y castigo a todos los responsables." Hoy, junto a organizaciones sociales, piqueteras y de izquierda renovarán su pedido, a diez años de la masacre del 26 de junio de 2002.

"Es una vergüenza llegar a esta fecha con este panorama", asegura Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, en diálogo con LA NACION. Su pedido se repite en las palabras de Alberto Santillán, papá de Darío. "A 10 años, estamos esperando que la Justicia siga investigando a los políticos", exige.

El hecho de que el ex comisario Fanchiotti fuera trasladado la semana pasada a la Unidad Penal N° 11 de Baradero, y el ex cabo Acosta a la Unidad Penal N° 12 de Gorina, ambas cárceles de régimen abierto, despertó la indignación de los familiares.

La medida fue ordenada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, integrada por los doctores Tomás Bravo, Jorge Tristán Rodríguez y Héctor De Castelli. Y los familiares de Kosteki y Santillán aseveran que ahora los ex policías obtendrán salidas transitorias. "Esto muestra claramente cómo la impunidad sigue estando vigente", señala Vanina Kosteki. Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aseguraron a LA NACION que ambos ex efectivos no tendrán ningún tipo de beneficio.

La causa política, a foja cero

El 1° de julio de 2002, la madre de Kosteki, Mabel Ruiz, demandó a quienes consideró responsables intelectuales del crimen de su hijo y de Santillán.

Además de Eduardo Duhalde, en la lista figuraban Felipe Solá (entonces gobernador de Buenos Aires y actual diputado nacional), Juan José Álvarez (ex secretario de Seguridad Interior de la Nación), Carlos Soria (ex jefe de la SIDE y fallecido gobernador de Río Negro), Alfredo Atanasoff (ex jefe de Gabinete y actual diputado nacional), Jorge Vanossi (ex ministro de Justicia nacional), Aníbal Fernández (ex secretario general de la Presidencia y actual senador nacional), Jorge Matzkin (ex ministro del Interior de la Nación), Luis Genoud (ex ministro de Seguridad bonaerense) así como Oscar Rodríguez (ex vicejefe de la SIDE).

La causa recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, y el fiscal designado fue Miguel Ángel Osorio. Pero nunca se avanzó más allá de las cuestiones formales. "Los jueces son cómplices de los políticos, jamás los van a enjuiciar", expresa Alberto Santillán, al señalar que Genoud, uno de los investigados, es actual ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Arrinconado por la presión social y política que generó la Masacre de Avellaneda, Duhalde llamó a elecciones anticipadas, donde resultó ganador Néstor Kirchner. En octubre de 2003, el flamante presidente, tras recibir a los familiares, prometió crear una comisión especial que investigue lo que había ocurrido aquel fatídico 26 de junio. Pero tampoco hubo avances. "El doble discurso de derechos humanos de este Gobierno es generar más impunidad", critica Vanina Kosteki. "Las promesas de Kirchner sólo fueron para la foto", se queja Alberto Santillán, que participó de ese encuentro en Casa Rosada.

¿Es casual o causal esta situación, cuando se cumple una década de la masacre? "Las cosas no pasan porque sí. Hay una disposición del Gobierno para darnos un palazo a nosotros y tratar de neutralizarnos", reflexiona la hermana de Kosteki, pero advierte: "No vamos a bajar los brazos y juntos vamos a seguir luchando en la calle".

En estos días, el único cambio positivo para los familiares, aunque simbólico, es que la estación de trenes de Avellaneda haya sido rebautizada. Sólo resta la votación del Senado de la Nación para que se convierta en "Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki", que podría concretarse en la sesión de mañana.

Hace 3653 días, eran asesinados Kosteki y Santillán. Y desde el día cero, sus familiares exigen justicia año tras año. “La lucha de ellos tiene que servir como provocación para las juventudes de hoy”, reflexiona Alberto, antes de pensar cómo cree que Darío esté viendo el reclamo actual. “A mi hijo se le deben alumbrar sus ojos -afirma-. Estoy convencido que debe pensar que algo sirvió lo que él hizo. Y si la situación se repitiese, volvería a hacer lo mismo”. Hace 3653 días, Darío Santillán entraba a la estación de trenes de Avellaneda para auxiliar a Maximiliano Kosteki...