¿A quién favorece el empleo público?

La discusión del presupuesto 2001 pone nuevamente en evidencia las dificultades para lograr el equilibrio fiscal a través de la baja del gasto. Una razón principal para explicar la resistencia de los legisladores a recortar recursos a las provincias (y de los gobernadores para acordar otra coparticipación federal) es que produciría una caída adicional en el empleo. Esto tiene que ver con la mala situación ocupacional de las economías regionales; pero el argumento sustantivo y no siempre explícito es que el sector público cumple un rol difícilmente sustituible en el mercado de trabajo provincial, con débil desarrollo del sector privado.

Los gobiernos de las provincias y las municipalidades proveen más del 20% de la ocupación principal en los aglomerados urbanos del interior. A esto debe agregarse los casos en que proporcionan una ocupación secundaria (por ejemplo, médicos que además de su consultorio tienen un cargo rentado en un hospital). Así, una cuarta parte de los ocupados perciben ingresos públicos.

El caso más extremo del peso del gobierno en el empleo es Santa Cruz, donde alcanza casi el 50% del total (Río Gallegos). Pero hay otras siete provincias donde supera el 30% y seis más donde también está por encima del promedio. En sólo cuatro provincias es inferior al 20% y tres de ellas (Córdoba, Santa Fe y Mendoza) son las de mayor nivel de desarrollo del país. En el interior bonaerense (excluido el conurbano) es un punto más alto que el promedio.

El efecto sobre el ingreso familiar es evidente: un 13% de los hogares de los aglomerados del interior depende exclusivamente del empleo público y un 10% adicional depende parcialmente de él. Para estos hogares, el ingreso de fuente pública representa dos tercios del ingreso total.

Parece difícilmente discutible que, a igualdad de los otros factores, un ajuste del gasto público provincial afectaría el empleo y el bienestar de una parte importante de la población. Pero hay un argumento adicional, que habitualmente se presenta unido, y es que los más perjudicados por el eventual achicamiento del sector público provincial serían los pobres. La hipótesis es que en un mercado con excedente de oferta de mano de obra los pobres son los que menos posibilidades tienen de ganar la competencia por los empleos privados. En otros términos, se sugiere que en las provincias el empleo público juega un papel redistributivo y de seguro de desempleo implícito. Con independencia de cuán eficiente sea como mecanismo de protección social, veamos qué muestra la evidencia.

El gobierno no sólo es un empleador principal; también paga los mejores salarios. El ingreso medio de los empleados públicos en las provincias es un 31% más alto que el de los ocupados en el sector privado, aunque comparado con el de los asalariados registrados la diferencia es poco menos del 7%. La superioridad del ingreso medio de los empleados públicos se verifica en todos los quintiles, pero decrece al ascender en la escala. En el quintil más bajo el diferencial es del 91% y en el más alto, del 14 por ciento.

Los ingresos del sector público están mejor distribuidos que en el sector privado, pero aun así hay una concentración significativa: el quintil más bajo de los empleados públicos recibe el 7,5% del total de las remuneraciones y el quintil más alto, el 43%. El salario promedio de bolsillo de los primeros es de $ 242 y el de los últimos, de $ 1345.

El dato más relevante, sin embargo, y que pone en duda el argumento del carácter "social" del empleo público provincial, es que éste es mucho más importante para los sectores de ingresos medios-altos y altos que para los más pobres. En el quintil de ingresos per cápita más bajo, sólo uno de cada diez hogares depende total o parcialmente de los ingresos públicos; en cambio, en el quintil más alto, esa proporción es de uno de cada tres. Casi sin excepciones, el porcentaje es inversamente proporcional al nivel de desarrollo de la provincia.

Visto desde el otro ángulo, en el quintil más pobre, siete de cada diez hogares viven exclusivamente del empleo privado, mientras que en el quintil más alto esa proporción no llega a la mitad. Esto contradice el argumento habitual de que en las provincias el empleo público es el refugio de los pobres y que el ajuste fiscal los afecta principalmente.

Menos del 10% de los empleados públicos en provincias pertenece a hogares del 20% más pobre. En el quintil más alto, por el contrario, se concentra el 30% del empleo público, y si se consideran los dos quintiles más altos, la proporción se eleva al 55 por ciento.

Aunque los salarios son más altos, los pobres del interior tienen un acceso muy limitado al empleo público. Este beneficia a los sectores medio-alto y alto, a los que generalmente pertenecen los funcionarios y los legisladores que negocian el presupuesto y la coparticipación federal. La resistencia al ajuste del gasto público provincial seguramente no es ajena a este hecho.