Abigeato: aprobaron el aumento de penas

Castigan la venta ilegal de celulares
Jaime Rosemberg
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22 de abril de 2004  

En la búsqueda de respuestas concretas al reclamo ciudadano por mayor seguridad, la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que aumenta las penas para casos de abigeato y aprobó con modificaciones y giró al Senado el proyecto que restringe la comercialización de teléfonos celulares y establece severas penas para aquellos que lo utilicen para actividades delictivas.

El proyecto que ayer se convirtió en ley establece penas de entre 2 a 6 años de cárcel para quien se apodere de una o más cabezas de ganado pertenecientes a establecimientos rurales, y de entre 3 y 8 años de prisión si el abigeato fuera de 5 o más cabezas "de ganado mayor o menor y se utilizara un medio motorizado para su transporte".

Si quien cometiera el delito fuera además funcionario público, sufrirá la inhabilitación por el doble del tiempo que supondría su condena, que podrá llegar hasta los 10 años de cárcel. Tendrá además penas de hasta 3 años de prisión si interviene en la comercialización y transporte de ganado robado, aunque no hubiera participado del hecho ilícito.

"Esta ley comienza a reparar un delito histórico, que ha venido causando daños a los productores ganaderos, y pérdidas millonarias a nuestro país", afirmó la diputada María del Carmen Alarcón (PJ-Santa Fe), titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja.

Alarcón afirmó que los productores bonaerenses perdieron 20 millones de pesos durante el último año por el robo de ganado. "Estamos haciendo justicia con un sector que ha sufrido graves perjuicios", definió la diputada.

"Este proyecto viene a dar una solución, aunque sea parcial, a pequeños y grandes productores preocupados por el aumento de los delitos y el mejoramiento en la técnica del robo", afirmó el diputado del Interbloque Federal Guillermo Alchouron (Acción por la República-Buenos Aires).

"Hay una gran expectativa en el campo por este proyecto. Es una señal que se esperaba", agregó el diputado bonaerense.

Celulares

El segundo proyecto aprobado prohíbe la comercialización de servicios de comunicaciones móviles (SCM) "a toda persona física o jurídica que no cuente con la autorización expresa y formal de los licenciatarios de dichos servicios".

Las empresas deberán establecer un registro de usuarios de teléfonos celulares, actualizar diariamente ante la policía y las fuerzas de seguridad el listado de teléfonos robados o perdidos, y requerir las constancias correspondientes a los clientes que hayan importado sus equipos.

La legislación establece penas de entre un mes y seis años de prisión para la clonación de líneas y tarjetas telefónicas.

Aquellos particulares que adquieran estas terminales conociendo su procedencia ilegítima recibirán una pena de entre seis meses y tres años de prisión. Si lo hacen con ánimo de lucro o como medio para cometer un delito, la pena podrá llegar a seis años de prisión efectiva.

"Es éste un instrumento para proteger a la ciudadanía de quienes utilizan este valioso instrumento para cometer crímenes", explicó el diputado Osvaldo Nemirovsci (PJ-Río Negro), titular de la Comisión de Comunicaciones.

Tratado Antártico

Durante la sesión, la Cámara baja tomó otras resoluciones de importancia: ratificó la resolución del Tratado Antártico que designó a Buenos Aires como sede permanente de la secretaría de ese organismo internacional y eligió como vicepresidente tercero de la Cámara a la diputada Encarnación Lozano (MPN-Neuquén), en representación del Interbloque Federal.

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