Aborto: buscan suavizar el proyecto de despenalización para sumar a los indecisos

Los últimos sondeos informales que circulan en la Cámara de Diputados revelan que hay entre 36 y 46 legisladores que aún no definieron su posición sobre la despenalización del aborto o que no desean darla a conocer. Hacia ese grupo apuntan los impulsores de la legalización. Para ello, algunos legisladores de Cambiemos proponen atemperar los puntos más conflictivos del proyecto central, aunque sin modificar su artículo principal, que habilita el aborto hasta las 14 semanas de embarazo. En paralelo a las exposiciones de los expertos, que dos veces por semana desfilan por el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal, un grupo de legisladores oficialistas empezó a tantear, de manera informal, qué cambios podrían introducirse en el proyecto impulsado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que firmaron 71 diputados.

El objetivo es sumar nuevas adhesiones entre sus pares.

Hasta el momento predomina el voto en contra de la legalización del aborto en la Cámara baja. En ello coinciden los sondeos que realizan la organización Economía Feminista (que se expresó a favor del proyecto) y la organización Unidad ProVida (que se manifestó en contra). Según la primera, hay 46 diputados indecisos o que no manifestaron su postura. El sondeo de Unidad ProVida arroja 36 legisladores en esa situación. Son ellos quienes definirán la suerte del proyecto. Y hacia allá apuntan las negociaciones.

Para torcer la balanza en su favor, los abanderados de la causa por la despenalización del aborto estudian modificar uno de los artículos más conflictivos, el que dispone que una adolescente de entre 13 y 16 años puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo con su solo consentimiento, pues "se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica".

"Creemos que este artículo es demasiado permisivo", sostienen los partidarios de hacerle cambios al proyecto cabecera. Propondrían, en este punto, que en los casos en que una menor de edad quiera abortar deba contar con el consentimiento de alguno de sus progenitores, o bien de un asesor tutelar de la adolescente.

Lo que no está en discusión es el artículo medular del proyecto, el que garantiza el derecho a toda mujer a interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional, enfatizó la diputada Brenda Austin (Cambiemos).

También se insistirá en que el aborto sea una práctica gratuita e incorporada al programa médico obligatorio (PMO).

Un capítulo que podría sumarse es el del derecho a la objeción de conciencia para aquellos profesionales de la salud que por sus creencias religiosas o principios morales no estén dispuestos a practicar un aborto. Los diputados Sergio Wisky y Facundo Suárez Lastra, ambos de Cambiemos, elevaron propuestas similares que establecen que, en estos casos, el médico deberá notificar su voluntad por escrito a las autoridades del establecimiento de salud en el que se desempeñe.

"Eso sí, los establecimientos médicos deberán contar en todo momento con un equipo que asegure la interrupción voluntaria del embarazo", sostiene Suárez Lastra.

"La objeción de conciencia es individual, no institucional", enfatiza, por su parte, el diputado Wisky, al rechazar la posibilidad de que un nosocomio pueda negarse a practicar abortos.

Asesoramiento

Por otra parte, podría incluirse en el proyecto un artículo que garantice que la mujer que exprese su voluntad de interrumpir su embarazo cuente con el asesoramiento de un equipo interdisciplinario que le informe sobre las características de esta práctica para la toma de una decisión consciente y responsable. "El objetivo no es disuadir a la mujer de solicitar esta práctica, sino que esté informada antes de realizarla", indicó la diputada Austin (Cambiemos).

Este punto está contemplado en otras de las iniciativas que presentaron los legisladores.

"Estas son todas alternativas posibles para alcanzar una propuesta de mayor consenso. El debate formal en las comisiones en torno a la redacción del dictamen final aún no comenzó", aclaró la legisladora. Se estima que esta instancia recién arrancaría en junio próximo.

Quienes no están de acuerdo con legalizar el aborto también están dispuestos a realizar alguna concesión, aunque por ahora mínima. Así lo anticipó el jefe del bloque de diputados de Pro, Nicolás Massot, ferviente opositor al proyecto de la campaña por la despenalización.

El legislador sostuvo que esta práctica debe mantenerse penalizada, como lo establece el actual Código Penal, pero podrían aplicarse atenuantes en la pena que le correspondería a la mujer y agravar aquellas que recaen sobre el nosocomio que hizo el aborto y sobre el posible instigador.

"Podemos avanzar en la posibilidad de reducir las penas a las mujeres que en situación de vulnerabilidad o por presión de su pareja debieron abortar. El aborto, como cualquier otra figura penal, contempla atenuantes. Y podríamos subir las penas a los practicadores, cómplices e instigadores de un aborto", enfatizó Massot. Y concluyó: "El aborto es un fracaso y a los fracasos se los combate, no se los legaliza".

Se espera que, después de las exposiciones de cientos de expertos confirmados en comisión, el proyecto llegue al recinto recién en junio.

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