Acelera Menem todas las reformas laborales

Obras sociales: la desregulación podría anunciarse hoy mismo; también se propondrá la modificación de las convenciones colectivas y se elabora el texto definitivo de la
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3 de octubre de 1996  

flexibilización. El Gobierno trabaja contra reloj en la redacción de los proyectos y decretos para sacar de inmediato el paquete de medidas de la reforma laboral. En la Casa Rosada trascendió que la desregulación de las obras sociales saldría, por decreto, entre hoy y mañana.

No se descarta, en tanto, que el presidente Carlos Menem anuncie en las próximas horas cómo instrumentará la propuesta de modificaciones de las convenciones colectivas de trabajo: o va al Congreso o correrá una suerte similar a la de la desregulación de obras sociales.

Mientras en la Cámara de Diputados la oposición concentraba sus ataques en el debate sobre el desempleo, medio gabinete nacional, como contraofensiva, estaba abocado de lleno a la elaboración de los textos, entre los que también se incluirán los proyectos de seguridad social y de indemnizaciones.

Este último era discutido con los empresarios, principalmente por la forma en que sería integrado el fondo indemnizatorio que reemplazará el actual régimen laboral en ese sentido.

Respecto del de seguridad social, uno de los puntos que podría traer mayor controversia es el que dispone que todo jubilado que trabaje y perciba un ingreso mayor de $ 1500 deberá optar por cobrar el haber como pasivo o seguir empleado.

Es muy probable que las novedades que haya sobre estos temas se conozcan hoy, luego de la reunión del gabinete nacional.

La seguridad social, otra iniciativa en consideración

Jubilados: según ese proyecto, aquellos pasivos que se encuentren trabajando y que cobren más de 1500 pesos deberán optar por uno u otro ingreso.

El proyecto de ley que modificará el sistema de seguridad social, que fue enviado anoche a los diputados del PJ aunque no fue ingresado por mesa de entradas, contiene en uno de sus artículos la obligatoriedad de optar por continuar cobrando la jubilación o trabajar, para aquellos jubilados que cobren más de 1500 pesos mensuales. Desde temprano, voceros gubernamentales confiaron a La Nación que los ministros de Trabajo, Armando Caro Figueroa, y de Salud y Acción Social, Alberto Mazza, continuaban delineando el decreto de desregulación de obras sociales, que contemplaría la libre afiliación a partir de abril de 1997.

Hasta anoche, el decreto respectivo no había ingresado a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Tal como se adelantó, el decreto estará definido esta semana.

La firme decisión gubernamental hace prever que el presidente Menem lo podría firmar hoy o, a más tardar, en el transcurso de mañana.

Indemnizaciones, en estudio

Por el contrario, en relación con el proyecto de indemnizaciones, que también forma parte de la flexibilización laboral, por el momento "no hay nada concretado", manifestaron las fuentes. Esto estaría indicando que el Gobierno continúa el diálogo con el sector empresario, para arribar a un acuerdo sobre quién o quiénes conformarán el fondo indemnizatorio.

Vale recordar las confusas versiones que circularon respecto de este tema, que indicaban que se reemplazará el actual sistema de indemnizaciones por despido por un fondo aportado por los empleadores, según una de esas versiones.

De acuerdo con otros rumores circulantes, los trabajadores serían quienes aporten a ese fondo personalizado, al estilo de las AFJP, para sus despidos o cesación de la relación laboral, con o sin causa, que incluirá una cláusula de herencia en caso de fallecimiento del empleado.

Esta versión fue reiteradamente desmentida por el Gobierno y los sectores empresariales, a la vez que generó una fuerte crítica y resistencia por parte de la oposición política y de los sindicalistas.

Caro Figueroa, al mismo tiempo, prosiguió ayer en la tarea de concluir los proyectos que integran el paquete de flexibilización laboral.

Las mismas fuentes de la Casa Rosada aseguraron que luego de la reunión de Gabinete de hoy en Olivos será anunciada la iniciativa que modificará las formas de contratos laborales.

Por otro lado, en Washington, el ministro de Economía, Roque Fernández, aseguró que la reforma laboral busca modificar las rigideces en los contratos de trabajo, pero no incluye reducciones en los salarios de bolsillo.

El titular del Palacio de Hacienda, que participa de una reunión conjunta del FMI y del Banco Mundial, destacó que lo que se pretende es buscar "un sistema de contrato de trabajo más moderno".

Fernández añadió: "Lo que hoy tenemos en la Argentina no es lo que más le conviene al país: es una estructura vieja que protege ciertos nichos de dirigentes sindicales, pero no necesariamente a los trabajadores".

La flexibilización tiene sus adherentes

Encuesta: un trabajo de Mora y Araujo dice que la gente ve bien la desregulación de las obras sociales y el salario variable.

La posibilidad de optar libremente por la obra social goza de una buena consideración por la mayoría de la gente. Además, un buen porcentaje de la población acepta como un hecho favorable que el salario tenga una parte variable que se determine en función de la productividad, y prefiere que las condiciones de trabajo se negocien entre cada empleador y cada empresa. Así lo indica una encuesta realizada por el estudio de Manuel Mora y Araujo, en Capital Federal y el área del conurbano, entre los meses de mayo y junio, un tiempo antes de que se lanzara la propuesta oficial de reforma laboral y resurgiera el debate por la demorada desregulación del sistema de obras sociales.

El trabajo rescata opiniones respecto de las negociaciones de las condiciones de trabajo en las empresas. Entre los consultados, son los menos los que prefieren que las condiciones laborales sean fijadas para cada actividad. Un 53% se vuelca hacia el extremo de que cada empleado pueda negociar en forma directa con la empresa que lo contrata. La adhesión más baja (sólo el 6%) se da en el caso de los acuerdos entre una empresa en particular y el sindicato único de la actividad.

Poder sindical en baja

El trabajo se traduce en un llamado de atención respecto de la imagen de los sindicatos, ya que, más allá de las preferencias por el nivel de los convenios, el 50% de los encuestados dicen que la mejor representación que pueden tener, como trabajadores, es la que ejercen sus pares de la misma empresa en la que están empleados.

Un 14% se siente conforme con la representación que ejerce un sindicato único por sector; un 7% preferiría que se permitiera más de una entidad por actividad, mientras que el 10% opta por tener sindicatos por empresas.

Por otra parte, mientras un 42% de la población considera que las remuneraciones deben ser iguales para todos los trabajadores de una misma categoría, el 48% expresa su convicción de que los salarios deben variar en función del rendimiento de cada empleado. El trabajo registró respuestas de 1866 personas que fueron entrevistadas entre el 24 de mayo y el 13 de junio último.

Otra encuesta de la misma consultora da cuenta de que el 45,1% de los trabajadores del área de la Capital Federal y el conurbano trabajan en negro y se encuentran afectados por una gran incertidumbre: sólo el 33% de ellos puede considerarse en un puesto más o menos permanente.

El Gobierno apura el paso

El Gobierno está dispuesto a recurrir a los decretos de necesidad y urgencia para modificar la ley 14.250 de las convenciones colectivas de trabajo y la ley 20.744 del régimen de contratos de trabajo, que fue ordenado en 1976 y está vigente, si los proyectos que modifican la legislación laboral no encuentran un clima favorable en el Congreso. El Presidente, además, va a fundamentar las decisiones en lo que se define como "una emergencia ocupacional".

Las razones que tendría el Gobierno para recurrir a los decretos de necesidad y urgencia se deben a que actualmente no está constituida la comisión parlamentaria de seguimiento de ese recurso, por lo que queda un vacío legislativo que el Poder Ejecutivo podría utilizar.

El Congreso es el que está en mora, al no reglamentar la comisión mencionada, creada con la reforma constitucional de 1994.

Sobre el tema, los radicales insistieron reiteradamente en la necesidad de poner en marcha esa comisión, cosa que no ocurrió con el Frepaso. Los expertos en cuestiones legislativas aseguran que no es un detalle menor.

De este modo, por el momento, los decretos de necesidad y urgencia quedarían firmes por una imprevisión, ya que la Constitución establece que en estos casos es el Congreso el que los ratifica o los revoca. Para ello necesita lo que le está faltando: la reglamentación de la comisión respectiva.

Las convenciones colectivas de trabajo y el régimen de contratos laborales no tienen nada que ver con otro aspecto no menos controvertido en estos días: la desregulación de las obras sociales, que sólo precisa un decreto simple, no uno de necesidad y urgencia.

Evitar resistencias

"Si hay que tomar medidas que son resistidas, hay que hacerlo lo más pronto posible", coincidieron el presidente Menem y el gobernador Eduardo Duhalde. El Gobierno necesita cumplir con los compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional en materia de legislación laboral y sabe que en el Congreso puede encontrar resistencias que demoren las necesidades del Poder Ejecutivo.

Esa es una de las razones por las que el vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, le aconsejo a algunos miembros del Gobierno que la privatización del Banco Hipotecario "no la manden al Senado, porque no pasa". Jorge Matzkin, titular del bloque de diputados del PJ, debe haber preguntado:"¿Esto también me tocará a mí?" Mientras en la Cámara de Diputados se debatía sobre la política de empleo, el Gobierno cree que lo que no consiga en los próximos tres meses difícilmente pueda lograrlo el año próximo. Al terminar el verano pensarán, sobre todo, en las internas partidarias.

Quieren que haya negociación libre

Flexibilización: el Gobierno enviará al Congreso un proyecto sobre convenios colectivos de trabajo; acuerdos por empresa; vacaciones y aguinaldo.

Antes de cumplirse una semana del paro nacional convocado por la CGT, y dos días después de que el presidente Menem anunció la desregulación de las obras sociales por decreto, el Gobierno se apresta a enviar al Parlamento un proyecto que modificará la ley de convenciones colectivas de trabajo, permitiendo la libertad de la negociación por empresa. Mientras, a los sindicatos se les recortará el poder económico con el decreto presidencial; la reforma de los convenios colectivos de trabajo, les significará una disminución en el poder de negociación frente a los empresarios, ya que ellos elegirán el nivel de la negociación, que antes los obligaba a acordar con los sindicatos en convenios por actividad. El proyecto señala como factor determinante de la modificación "la globalización económica y la aceleración de las transformaciones tecnológicas", pero también el protagonismo de la empresa en la negociación. El Poder Ejecutivo impulsa modificar la ley 14.250, bajo la necesidad de lo que, ahora, define como "flexibilidad negociadora". El proyecto critica a la legislación en vigor los siguiente puntos:

  • Excesiva centralización de los convenios colectivos.
  • Limitación de los contenidos negociadores, que empobrece la dinámica negociadora.
  • Perdurabilidad de los convenios, más allá de su plazo.
  • En definitva, el proyecto oficial, apunta a eliminar las "rigideces" de los actuales convenios colectivos de trabajo.

    "Sustitúyase el artículo"

    El proyecto (11 artículos y dos anexos) que impulsa el ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, permitirá la negociación por empresa para acordar la oportunidad de pago de los salarios, el fraccionamiento del aguinaldo hasta en tres cuotas, la modalidad de las vacaciones, y deroga una docena de regímenes especiales de trabajo. En primer lugar, habrá libertad para establecer convenciones colectivas de trabajo, pero sin que esto signifique la eliminación de otras modalidades. Las partes podrán elegir el nivel de la negociación, ya que será por empresa y no como hasta hoy, por actividad. Los gastronómicos o los empleados de comercio, por ejemplo, estaban unificados bajo un mismo convenio, y si se aprueba la modificación será libre la celebración de acuerdos por empresa.

    En la medida que un convenio sea modificado o derogado, los derechos que establecía no seguirán vigentes, es decir, que los trabajadores no podrán reclamarlos como derechos adquiridos. Quedarán eliminados.

    Uno de los puntos clave es la libertar para modificar las normas referidas a la función, categoría, sueldo, tiempo de trabajo, aguinaldo y suspensión del trabajador. Lo único que limita el proyecto (anexo 1) es que el aguinaldo sólo podrá ser fraccionado hasta en tres veces y las vacaciones no podrán ser inferiores a 14 días.

    Sin embargo, sí podrá modificarse la base del cálculo que se toma para el pago del aguinaldo, la forma y cómo se pagarán las remuneraciones, los requisitos, oportunidades y tiempo de la licencia anual ordinaria.

    Además podrá variarse los plazos para las suspensiones en caso de fuerza mayor (económicas o por falta de trabajo, no imputable al empleador, o disminución o falta de trabajo).

    Otros de los artículos afirma que los convenios de "ámbito menor" (por empresa o grupo de empresa), prevalecerán sobre las de "ámbito mayor" (paritaria firmada por el sindicato). Mientras que una nueva paritaria firmada por el sindicato no tendrá injerencia sobre el acuerdo firmado por empresa. En caso de que no exista un acuerdo entre el empresario y los trabajadores "laudará" el Ministerio de Trabajo, según las repercusiones que tenga sobre el nivel de empleo en la empresa .

    Los empresarios, a su vez, tendrán la posibilidad de salirse de los acuerdos con el procedimiento preventivo de crisis y firmar nuevos.

    Luego de un año de la sanción de la ley, quedarán derogados regímenes especiales que benefician a distintos gremios. En tanto, el Ministerio de Trabajo convocará a las partes afectadas por esas eliminaciones para negociar una nueva convención.

    Rechazo de la CGT a los proyectos

    Los principales dirigentes de la CGT rechazaron ayer el proyecto oficial de flexibilidad laboral que difundió el Gobierno por considerar que no permitirá la creación de nuevos empleos, sino que promoverá la "precarización del trabajo". El titular de la CGT, Rodolfo Daer, dijo que con estas iniciativas "se busca eliminar a las organizaciones sindicales".

    Tras verse impedidos de participar de la sesión parlamentaria donde se debatió el proyecto del Gobierno de flexibilización laboral, la cúpula cegetista encabezada por Daer manifestó su rechazo a la iniciativa oficial porque, dijo, "apunta a la desprotección total de los trabajadores, a una mayor desocupación, a la miseria, a la precarización del empleo".

    El secretario adjunto Juan Manuel Palacios se retiró ofuscado de la sede parlamentaria y criticó al oficialismo por impedir el ingreso de la comitiva sindical al recinto. "Tienen el inconveniente de que demos nuestra opinión sobre el tema y que, por supuesto, es contraria a los intereses del Gobierno", aseguró el dirigente.

    El sindicalista adelantó que hoy el Consejo Directivo de la CGT deberá debatir la propuesta del MTA, lanzada por el camionero Hugo Moyano, de realizar otro paro general, esta vez de 48 horas en rechazo del proyecto de flexibilidad.

    "Esta flexibilización es un disparate. Dejan al trabajador en completo estado de indefensión", aseguró Moyano confiado en que la ley no sea aprobada por los diputados oficialistas del PJ, aunque éstos no están en sintonía explícita con la CGT.

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