Aceptan negociar cambios en la ley de radiodifusión

El Gobierno ha comenzado, en las últimas horas, a mostrarse permeable a hacer retoques a su proyecto de ley de servicios audiovisuales, ante la inquietante posibilidad de que la iniciativa, tal como está, sea rechazada por el Congreso, sobre todo en el Senado.

A cuatro días de la presentación oficial, y con el apuro de la Presidenta para que se debata lo antes posible, un grupo de legisladores kirchneristas empezó a negociar en los despachos del Congreso de cara a la discusión en ambas cámaras.

Según confiaron a La Nacion tres altas fuentes del Gobierno y legisladores oficialistas, hay disposición a hacer cambios en un punto que la oposición marcó como uno de los más conflictivos de la iniciativa: la autoridad de aplicación de la ley, que dejará en manos del Poder Ejecutivo la revisión, cada dos años, de los licenciatarios de frecuencias.

El jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, reconoció que buscarán el consenso sobre la iniciativa, pero insistió, en contra de la postura opositora, en que intentarán aprobarla antes del 10 de diciembre, momento en que se renovará el Congreso.

La iniciativa oficialista plantea la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada por tres representantes del Gobierno y dos del Congreso. Los bloques Solidaridad e Igualdad, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires y Forja rechazan la idea de que esta entidad dependa del Poder Ejecutivo y proponen la creación de un órgano autárquico. Entre los proyectos que ya están redactados por otros legisladores, uno establece la posibilidad de que la autoridad de aplicación esté integrada por nueve miembros: seis en representación del Parlamento y tres del Poder Ejecutivo, lo que dará margen de acción a la representación legislativa que alcance un gobierno. En este artículo el Gobierno abrirá el proyecto a debate, si logra convencer al grupo de aliados y de los sectores menos críticos.

Aunque la iniciativa tiene varios artículos resistidos no sólo por la oposición sino también por los bloques más afines al Gobierno, ayer la presidenta Cristina Kirchner reivindicó la prohibición que fija su proyecto de que quien es un operador de cable no puede tener un canal de aire. "Promovemos la obligación de que los que comercializan las señales de transporte no puedan también fijar contenidos", destacó la Presidenta en la Casa del Teatro, donde inauguró obras del edificio y entregó un nuevo subsidio del Estado por $ 1.500.000 para nuevas remodelaciones.

Sectores que coinciden con el Gobierno en líneas generales marcan un rasgo de arbitrariedad en este punto. Pero según las palabras de la Presidenta, la Casa Rosada no parece por el momento dispuesta a ceder. Además, algunos legisladores oficialistas coinciden en que esto traerá aparejado un problema jurídico, y proponen así esperar el plazo en que caducan las licencias (que la nueva ley establece en 10 años) para que se ajusten a la nueva norma. El Gobierno, en cambio, quiere que en un año las empresas se desprendan de las licencias que queden fuera de la ley.

Apuro

El apuro de la Presidenta en sancionar la ley obligó a que hoy el interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, se reúna con la bancada kirchnerista en Diputados. Será un encuentro a puertas cerradas, por lo que algunos diputados aprovecharán para plantear sus reparos a la norma, a la espera de que el funcionario anticipe si hay posibilidades de cambios. No obstante, funcionarios y diputados anticiparon ayer que el Gobierno aceptará modificaciones. Algunos pudieron evacuar sus dudas con el número dos del Comfer, Luis Lázaro, uno de los funcionarios que redactaron el proyecto, que anticipó que se podrían hacer retoques. El Gobierno se está moviendo en pleno para consensuar posturas en la Cámara de Diputados, bajo la coordinación del secretario legal y técnico, Carlos Zannini.

Otro de los artículos más resistidos en el Congreso es el que habilita a las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, a prestar servicio de cable, algo que tenían expresamente prohibido por el pliego de privatización y que en la mayoría de los proyectos que ya existen en el Parlamento tenían restringido el acceso. Ayer, el titular del bloque SI, Eduardo Macaluse, anticipó su desacuerdo. "Tememos que se conformen nuevos monopolios, esta vez a manos de las telefónicas", advirtió el diputado a LA NACION. En la Casa Rosada ya está definido que las empresas telefónicas estarán habilitadas. En eso no hay dudas. Pero según anticiparon en el Gobierno, se podrían introducir restricciones, como obligar a las compañías a desprenderse de parte de la red de telefonía, lo que implicará que se desmonopolicen previamente.

Hoy, el mayor escollo para la Casa Rosada es conseguir el quórum en la Cámara baja: necesita sumar el apoyo de otros 18 legisladores para arrancar la sesión. Pero en el bloque oficialista hay voces que disienten de la iniciativa, entre ellas los cinco diputados que responden al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que ya reclamó cambios de fondo al proyecto. También expresó sus dudas el salteño Marcelo López Arias.