"Actúo en el filo de la navaja", dijo Garzón

Afirmó que no teme por su vida, aunque recibió amenazas; habló de los delitos de la dictadura y de la causa de las armas
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9 de diciembre de 2001  

Son las 9.35 y el juez español Baltasar Garzón desayuna en un hotel de Puerto Madero con dos huevos fritos, algunas frutas y varias rebanadas de pan que unta con abundante manteca. Anteanoche bailó unos pasos de tango con su esposa en la zona del Abasto y se acostó pasadas las 3, pero se lo ve risueño y dice que no está cansado. Cuenta que, como todos los días, durmió tres horas y que con eso le alcanza.

Antes de comenzar la charla con LA NACION, aclara que sobre ciertos temas no hablará ni responderá preguntas para evitar recusaciones u otros planteos por parte de personas sometidas a proceso en el juzgado N° 5 de la Audiencia Nacional de España.

Garzón es el magistrado que procesó a más de 98 ciudadanos argentinos acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y pidió, sin éxito hasta el momento, su extradición durante el gobierno menemista y el de Fernando de la Rúa. Es quien el 16 de octubre de 1998 ordenó la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, que estaba internado en una clínica de Londres y hasta ese momento había sido intocable.

Garzón es también el juez que procesó al traficante de armas Monzer al Kassar, con no pocas influencias en la Argentina de la década del noventa. Y en 1991 provocó un escándalo en el país cuando procesó por lavado de dinero del narcotráfico a Amira Yoma, la ex cuñada de Carlos Menem que entonces se desempeñaba como secretaria de audiencias de la Presidencia.

Amenazado de muerte por narcotraficantes y terroristas del grupo separatista vasco ETA, Garzón es consciente de que desde hace muchos años actúa "en el filo de la navaja (¿o cómo le dicen ustedes?, pregunta)". Pero afirma que el miedo no puede paralizarlo y recuerda la frase que dice que "la mafia ataca a aquellos que el Estado no sabe proteger" y asegura que a él no le compete su propia seguridad.

Tiene 46 años, está casado con su primera novia, María del Rosario, Yayo, y es padre de tres hijos. Garzón vino por tres días a la Argentina invitado por la Comisión Provincial por la Memoria.

-El derecho internacional de los derechos humanos aparecía hace algunos años como el derecho del Primer Mundo contra los abusos de los países menos desarrollados. ¿Qué ocurre ahora?

-El criterio de la soberanía y de la territorialidad es sólo una excusa. Es una percepción equivocada que encierra el siguiente mensaje: no meta la nariz donde no nos conviene y continuemos con un sistema judicial discretamente ineficaz. Pero si un delito afecta a la comunidad internacional, cualquier juez tiene la obligación de investigar, haya ocurrido este delito en la Argentina, España o Chile.

-Todo eso es cierto, pero hay intereses históricos que implican no perseguir determinados crímenes por una razón de Estado.

-Ese es un falso planteamiento. Siempre me ha llamado la atención que se aduzca la seguridad del Estado para proteger a determinadas personas. El planteo se hace en casos de crímenes contra la humanidad, que son crímenes horrendos y afectan a un número más o menos amplio de personas. No se hace con las defraudaciones, los asesinatos ni los miles de delitos que se castigan todos los días. Lo que no debemos hacer, al menos desde el Poder Judicial, es garantizar esos espacios de impunidad.

-El otro argumento que suelen utilizar los críticos de la justicia penal internacional es que ella, como castiga determinada manera de resolver situaciones políticas conflictivas, atenta contra la democracia y termina atentando contra la Justicia misma.

-Ese argumento siempre se utiliza para atacar cualquier investigación que se salga de los márgenes establecidos. Yo no tengo que juzgar la historia, yo tengo que buscar unas pruebas determinadas contra unas personas que presuntamente han cometido delitos y, a partir de ahí, someterlas a un juicio oral y público para que se establezca una sanción justa en cuanto a ellas, pero también en cuanto a aquellos que tienen que ser resarcidos, que son las víctimas y la sociedad. No puede haber una impunidad garantizada.

Un mozo le ofrece más café y Garzón acepta. Entonces, se distrae y queda en silencio por unos instantes mientras revuelve con firmeza el azúcar que puso en la taza.

"Pretender acabar con el delito -dice- es una utopía."

-¿Existe en España la ilusión que hay en la Argentina de que acabar con el delito es algo que se consigue con penas más duras?

-Yo creo que las penas no tienen que ser ni más ni menos duras, sino las necesarias. Debe haber una justa equivalencia entre la acción delictiva cometida y la respuesta del Estado. Yo soy visceralmente contrario a la pena de muerte. Nadie me va a convencer de que por muy gravísimos que sean los acontecimientos que se produzcan la respuesta puede ser la pena de muerte, porque históricamente no ha solucionado nada. Soy de los que opinan que la violencia ilegal no puede ser contestada con una violencia legal, más allá de la privación de libertad. Nadie está autorizado para suprimir la vida a otro.

-En Italia se discutió mucho, no sé si también en España, si los jueces o una clase de jueces habían erosionado la política. Y habían suplantado casi dictatorialmente a los políticos con una especie de "república de los jueces".

-Yo siempre he dicho que ha habido más una judicialización de la política que una politización de la Justicia. No es que los jueces hayan querido socavar la credibilidad de la política, sino que su credibilidad estaba socavada. Por una parte, porque los políticos tenían un ejercicio totalmente torcido del poder y, segundo, porque han vuelto la espalda a los ciudadanos de una forma grosera. Han prescindido del bien común y se han ocupado en mantenerse.

-Uno de los argumentos de la defensa de Menem fue que la venta de armas era una cuestión política no judiciable. ¿Qué opina de ello?

-Hay que tener cuidado con ese planteamiento. Si un juez detiene a un responsable político por una cuestión política ese juez está prevaricando. Porque las acciones políticas, como tales, no están reflejadas en el Código Penal. Ahora bien, si un juez, con los elementos de prueba que tiene sobre la mesa, ve que hay una decisión política, administrativa o de amiguetes que va derivando en una acción delictiva, eso no es una acción política.

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