Acuerdo de gobernadores del PJ con De la Rúa

Impulsan el control nacional del gasto social en el interior; advertencia de Ruckauf.
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21 de marzo de 2000  

El presidente Fernando de la Rúa y los gobernadores peronistas acordaron ayer que avanzarán en la discusión de un "Compromiso Federal para la Eficiencia del Gasto Social" que, de ser firmado, hará más transparente y ordenado el uso del dinero que destina la Nación a la asistencia social en todo el país.

De la Rúa destacó el "espíritu de cooperación de la Nación y las provincias" y lo mismo hicieron los gobernadores del PJ que oficiaron de voceros de su reunión de dos horas y media en la Casa de Gobierno.

Participaron 13 de los 14 gobernadores peronistas;Carlos Manfredotti, de Tierra del Fuego, estuvo ausente con aviso por problemas en su provincia. Por el Gobierno estuvieron seis ministros del gabinete: José Luis Machinea, de Economía;Graciela Fernández Meijide, de Desarrollo Social;Federico Storani, del Interior; Héctor Lombardo, de Salud;Alberto Flamarique, de Trabajo, yJuan José Llach, de Educación, y el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno.

La reunión se originó en un reclamo de los 9 gobernadores de las provincias más chicas que gobierna el PJ, que forman el Frente Federal Solidario y pretenden consolidarse en la oposición más dura al gobierno de la Alianza. Tras ellos, asistieron los gobernadores de las provincias más poderosas, Carlos Ruckauf (Buenos Aires), Carlos Reutemann (Santa Fe) y José Manuel de la Sota (Córdoba).

Los tres últimos se fueron del encuentro sin hablar con los periodistas en la Casa Rosada. Ruckauf dijo luego a La Nación que había quedado preocupado por el anuncio del Gobierno de llevar adelante una "reducción brutal" de los planes Trabajar, que, según él, hará que "a fin de año haya 70.000 desocupados más".

No fue ése, sin embargo, el tono que utilizó el PJ en la reunión con el Presidente, aunque Ruckauf expuso que los planes Trabajar resultan insuficientes para la situación social. También habló de "poner un paraguas a la lucha política, porque si le va bien al país le va bien a las provincias", según dos testigos consultados.

Los gobernadores habían sido muy duros antes de llegar al encuentro: habían denunciado el uso partidario de las partidas de ayuda social que enviaba Fernández Meijide a las provincias y había criticado el recorte de planes Trabajar.

Puertas adentro utilizaron un tono conciliador, con la única excepción de Néstor Kirchner, quien abrió la reunión por el PJ con un reclamo personal: dijo que Santa Cruz, la provincia que gobierna, había recibido tres ATN (Aportes del Tesoro Nacional) en el último tiempo y que todos habían sido para intendentes radicales. Storani contestó con cifras de ATN enviadas a La Rioja ($ 10 millones), a Tierra del Fuego ($ 5 millones ) y a otras provincias peronistas. El tema quedó agotado.

Al final de la reunión, Kirchner se mostró satisfecho. "Las palabras de De la Rúa me hacen ver que ha escuchado. Mostró toda la voluntad de remediar el tema", dijo a La Nación .

Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, habló de una "magnífica reunión" en la que "intercambiamos posiciones sobre los planes laborales para combatir el desempleo y evitar la politización de cualquier política social. Hemos acordado esta posibilidad de suscribir el convenio federal para la eficiencia del gasto social", dijo, al confirmar el anuncio del Presidente.

Según De la Rúa, el próximo paso será una reunión de todos los ministros de Acción Social del país con Fernández Meijide.

La crítica situación social, destacó, "requiere el esfuerzo solidario de todos, la Nación y las provincias". Detrás suyo, asentían Rodríguez Saá, Kirchner, Rubén Marín (La Pampa) y Juan Carlos Romero (Salta).

También Romero -otro de los más duros del PJ, con Kirchner- felicitó a De la Rúa por su "buena disposición".

El compromiso anunciado consistiría, en el proyecto del Gobierno, en tres reformas centrales: la coordinación de los programas sociales de la Nación con aquellos que administran las provincias;la elaboración de un padrón único de beneficiarios para evitar el fraude, las maniobras y la superposición de los receptores del dinero social, y la creación de una base de datos nacional, accesible al público, con información sobre las licitaciones, contratos, compras directas y todo el manejo del área social.

Leyes en el Congreso

El Presidente aprovechó el encuentro para pedir a los gobernadores un impulso a las leyes en debate en el Congreso, principalmente las de emergencia económica (espera tratamiento en la Cámara de Diputados) y de reforma laboral (trabada en el Senado).

De la Rúa dijo a los mandatarios que la situación de emergencia que describían al hablar de sus provincias -"cada uno lloraba por su situación", describió un ministro- era extensible a la emergencia nacional, y que por eso hacía falta la ley. "El país estuvo al borde la cesación de pagos", confió. Salir de esa situación, dijo, "fue casi un milagro".

Los gobernadores, sin embargo, no pueden garantizar al Presidente la aprobación de esas leyes, porque no manejan los bloques parlamentarios.

El Gobierno se comprometió también a iniciar un debate para sancionar un nuevo pacto federal educativo. Reutemann reclamó por el incumplimiento del pacto, pero Llach le respondió que ese acuerdo había vencido el año último y que el incumplimiento era responsabilidad de Menem.

El debate sobre la situación social continuará hoy durante la reunión de gabinete. De la Rúa instruyó a Fernández Meijide para que presente el Plan Integral contra la Pobreza, aún en pañales.

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