Acuerdo por YPF: avanzó el kirchnerismo con la ley

Elisa Carrió se sacó sus anteojos negros y empezó a disparar. Denunció la existencia de una "asociación ilícita" y acusó a Cristina Kirchner , a Oscar Parrilli y, por otros motivos, a Sergio Massa . "Acá muchos van a ir presos", profetizó, irritando, como de costumbre, al kirchnerismo. Nanci Parrilli, hermana del secretario general de la Presidencia, calificó las acusaciones como una "novela". Graciela Camaño, que salió en defensa del ex intendente de Tigre, la tildó de "mentirosa".

Fue uno de los momentos de mayor voltaje de una sesión que estaba definida antes de empezar . Al cierre de esta edición, luego de un debate de más de doce horas en el que peronistas y radicales intercambiaron reproches históricos, la Cámara de Diputados se aprestaba a convertir en ley el acuerdo con Repsol. Es para indemnizar a la empresa española con US$ 5000 millones por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, decidida por el Congreso, en mayo de 2012.

El oficialismo tenía el respaldo de sus aliados habituales. Ninguna de las bancadas opositoras importantes iba a votar a favor, pero el rechazo no fue absoluto. El Frente Renovador y Pro anunciaron que se abstendrían, con el argumento de que el conflicto debía quedar resuelto cuanto antes. Todos los partidos que integran el Frente Amplio-UNEN se pronunciaron en contra, como Unidad Popular, de Claudio Lozano, y el Frente de Izquierda (FIT).

Ya aprobado por el directorio de Repsol, el "convenio de solución amigable y advenimiento de expropiación" contempla la entrega de cuatro tipos de bonos, con rentabilidad en dólares que va de 7 a 8,75% y que el Estado empezará a pagar el año próximo, al filo del recambio de gobierno, y saldará del todo dentro de 20 años. La emisión más importante será de un bono nuevo (Bonar 2024) por 3250 millones de dólares, a 10 años, con una tasa de 8,75%. A eso se sumarán US$ 500 millones en Bonar X (vence en 2017, con una tasa de 7%) y US$ 1250 millones en Discount 33 (20 años; a 8,26%).

La sesión la abrió el oficialista Mario Metaza. "El eje central es la recuperación del control de YPF. Es un acuerdo amigable, de mutua voluntad entre ambas partes, donde no hubo vencedores ni vencidos", sostuvo, como miembro informante, el mismo papel que desempeñó Parrilli en el debate por la privatización de la compañía, en 1992.

Los opositores desplegaron un abanico de argumentos para cuestionar el convenio. Sostuvieron que se está pagando más de lo que corresponde, que el Tribunal de Tasaciones había intervenido después de cerrado el acuerdo, que la tasa de interés pactada es muy alta y que no se habían tenido en cuenta los pasivos ambientales ni el "vaciamiento" de la compañía producidos por Repsol. También remarcaron la contradicción en la que incurría el PJ, el mismo partido que promovió la privatización de la petrolera.

El ex ministro de Economía Martín Lousteau (UNEN) dijo que hubo una "sobrevaluación" en el precio pactado. "Para saber cuánto valen el resto de las compañías, la norma habitual es ver cuántas veces dentro del precio caben las ganancias de este año -argumentó-. Y voy a dar algún ejemplo: Exxon vale 13 veces las ganancias anuales; Chevron, que ahora trabaja con YPF, cotiza 10,7 veces; Satoil, empresa noruega que pone la Presidenta como modelo, vale 11,2 veces. La tasación que se propone para YPF es 16 veces la tasa anual. Es decir, una sobrevaluación de US$ 1150 millones." En la misma línea que Néstor Pitrola (FIT), Lozano apuntó a la gestión de Repsol en YPF. "Estamos haciendo una discusión de carácter bilateral con una empresa a la que deberíamos haber acusado por saqueo y vaciamiento."

Uno de los encargados de responder los cuestionamientos fue Carlos Heller (Nuevo Encuentro), aliado del Frente para la Victoria. El diputado reconoció que los intereses acordados eran altos, pero manifestó que era el castigo que los mercados le hacían pagar al país "por haber adoptado posiciones soberanas". Sostuvo, además, que si no se llegaba a una solución negociada habría que haber pagado en efectivo. Respecto del precio, argumentó que en diciembre de 2010 la bolsa de Nueva York había valuado la empresa en US$ 10.000 millones, que en diciembre de 2012 la empresa tenía valuado el 51% de sus acciones en US$ 7000 millones y que, tras la expropiación, Repsol había reclamado una indemnización de US$ 10.500 millones, mucho menos de lo que se terminó pactando.

Más allá de la medianoche, a la hora de votar, la discusión se saldaría a favor del oficialismo, el dueño de la mayoría.

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Equipo LN Data

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