Violencia policial. Acusan a la Argentina ante la OEA

Es el segundo país más denunciado

16 de Agosto de 2004

LA NACION

La Argentina es, después de Perú, el país más denunciado por violaciones de los derechos humanos en el continente.

En lo que va del año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –un organismo de la Organización de los Estados Americanos– recibió 96 denuncias contra nuestro país (la mayoría por casos de violencia policial), que superó así a 33 de los 34 estados americanos restantes.

El lugar destacado que la Argentina tiene en esta estadística no responde necesariamente a un mayor índice de atropellos por parte del Estado hacia sus ciudadanos, según coinciden autoridades del organismo internacional con sede en Washington, funcionarios del gobierno argentino y representantes legales de los denunciantes. Por el contrario, se vincula con una mayor concientización por parte de los argentinos de la problemática de los derechos humanos y a un mayor conocimiento de los mecanismos de reclamo ante la CIDH, a la que sólo se puede acudir una vez que se agotaron todas las instancias en el país de origen.

La tendencia estadística es la misma si se considera el total de denuncias recibidas a lo largo de los últimos seis años, en los que el gobierno argentino estuvo sucesivamente a cargo de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Más aún: si se toman como violaciones de los derechos humanos las 3635 denuncias contra el "corralito" en 2002 (cifra cuatro veces mayor que todos los expedientes abiertos ese año contra el resto de los países asociados), nuestro país queda como el más denunciado en toda la historia de la CIDH.

"Existen otros países del continente donde los derechos humanos son violados con mayor frecuencia, pero en la Argentina se conoce más sobre el tema y se denuncia más", dijo a LA NACION el director ejecutivo del organismo internacional, Santiago Cantón.

El funcionario, de origen argentino, precisó que, desde la primera visita de una delegación de la comisión en 1979, durante la última dictadura militar, "hay un mayor conocimiento del sistema por parte de los abogados locales". Y citó un ejemplo concreto de la preocupación que existe en nuestro país por esta problemática. "Probablemente sea el país con mayor número de cátedras sobre derechos humanos en todo el hemisferio", dijo, desde su oficina en Washington.

Diversidad de casos

En los últimos años, el Estado argentino ha sido denunciado ante la CIDH por casos tan diversos como las muertes de Carlos Menem junior y Walter Bulacio (el joven que apareció muerto luego de ser detenido en un recital de Los Redonditos de Ricota), el atentado a la AMIA, las condenas contra periodistas y artistas por denunciar o criticar a funcionarios, la destitución del ex juez Eduardo Moliné O´Connor o las ya mencionadas causas contra el "corralito".

Los casos de abuso policial (desde detenciones arbitrarias hasta torturas y muerte) ocupan la mayoría de los expedientes abiertos contra nuestro país.

"Los casos argentinos son los que motivan un estudio más profundo por parte de la comisión, ya que suelen presentar situaciones jurídicas novedosas", señaló Andrea Pochak, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una institución que ha patrocinado a varios de los denunciantes.

Pochak coincidió con Cantón en el análisis sobre la gran cantidad de denuncias argentinas. "Aquí, los abogados saben más que en otros países del sistema interamericano de derechos humanos. Es un tema muy difundido, que se aprende en la universidad."

De un modo similar, se expresó la representante especial de la Cancillería para los derechos humanos, Alicia Oliveira. Y agregó: "Lo mismo ocurre con la diferencia entre provincias. Aquellas en las que hay mayores cátedras de derechos humanos, como Buenos Aires, Mendoza o Santa Fe, tienen mayor cantidad de denuncias".

Desde 1999, la CIDH recibió 819 denuncias contra la Argentina, que ascienden a 4454 si se cuentan como válidas las de los ahorristas acorralados (un tema aún no resuelto por la comisión). Otros países cuyos ciudadanos han apelado en forma masiva a este recurso han sido: Perú (896 denuncias), México (566), Estados Unidos (377), Venezuela (253) y Colombia (246).

Oliveira -que, junto con el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, ha patrocinado a varios denunciantes en el pasado- es ahora la encargada de representar a la Argentina ante el organismo de la OEA (por lo cual debe excusarse en aquellos casos).

En su oficina, trabajan actualmente sobre 160 causas remitidas por la comisión. En 13 de ellas, se está buscando un proceso de solución amistosa "que le ahorre al Estado tener que ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos [instancia superior, con sede en Costa Rica], donde el resultado es siempre mucho más oneroso para el país", como ocurrió en el caso Bulacio.

Las soluciones amistosas permiten que, además de reparar el daño a las víctimas, el Estado se comprometa a instrumentar "medidas de no repetición".

Actualmente, se analizan modificaciones al Código de Justicia Militar y a la legislación previsional, como parte del acuerdo con los denunciantes. En otro caso sobre abuso policial (que culminó con la muerte de un artesano de 24 años), la provincia de Chaco se comprometió a mejorar su legislación relacionada con los derechos humanos.

Casos paradigmáticos presentados ante el organismo internacional

Carlos Menem jr.

La sospecha de un atentado

Zulema Yoma acusó al Estado argentino de no brindar "las medidas de seguridad necesarias para el hijo del entonces Presidente" y de no investigar "la causa de la muerte con la debida diligencia". La CIDH declaró admisible este caso en febrero de 2003.

Corralito

Denuncias de los ahorristas

Más de 3600 ahorristas reclamaron por las restricciones financieras a sus depósitos, un récord de denuncias en 2002. Nito Artaza viajó a Washington para exponer su posición, pero la CIDH aún no resolvió si el caso es admisible.

AMIA

Irregularidades en la investigación

En 1999, Memoria Activa denunció al Estado por las irregularidades de la investigación sobre el atentado. La CIDH no se expidió aún, pero designó un veedor que deberá elaborar un informe cuando finalice el juicio oral.

Jubilaciones

Acumulación de causas en la Corte

Desde que en 1995 se sancionó la ley de solidaridad previsional, más de 47.000 causas ingresaron en la Corte Suprema, lo que provoca un atraso muy grande. Como parte de una solución amistosa, la norma sería modificada.

Oliver Galak

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